El Poder Legislativo bonaerense acaba de aprobar una norma que permite a los intendentes, concejales y parlamentarios de esa provincia postularse en 2023 para un tercer mandato consecutivo. La ley se sancionó con trámite “express” en el Senado y en Diputados de esa provincia durante el 28 de diciembre: la fecha consagrada por la tradición cristiana para conmemorar el Día de los Santos Inocentes. La lesión perpetrada contra la institucionalidad, sin embargo, no ha sido ninguna broma. Ni mucho menos una “inocentada”.
Hasta ahora, regía una disposición, aprobada durante la gobernación de María Eugenia Vidal (Cambiemos), según la cual estos representantes sólo podían aspirar a una reelección consecutiva, y completar así dos mandatos de cuatro años cada uno. Luego, debían esperar el paso de un período de gobierno para postularse nuevamente para el mismo cargo. Ese límite fue “flexibilizado” ahora: la modificación introducida permite que el primero de los dos períodos a contabilizar sea el que comenzó en 2019, y no en 2015. A partir de ello, 87 jefes municipales se ven directamente favorecidos y podrán disputar una “re-reelección”.
En la Cámara Alta y en la Cámara Baja bonaerenses, la iniciativa contó con el voto del Frente de Todos (con la excepción de los massistas) y con el aval de legisladores de Juntos por el Cambio (sobre todo, radicales y del PRO, con excepción de “vidalistas” y de la Coalición Cívica).
El hecho, nada ajeno a la experiencia institucional tucumana, acumula un conjunto de disvalores, que pueden distinguirse en tres grupos. Por un lado, desde el punto de vista legal, la sanción de esta normativa representa una trasgresión al principio constitucional de la igualdad ante la ley. A partir de la puesta en vigencia de esta norma, habrá un puñado de intendentes, ediles, diputados y senadores provinciales que serán los únicos que podrán aspirar a desempeñar sus cargos durante tres períodos consecutivos. El resto de los ciudadanos no gozarán de tal prerrogativa. Los que fueron electos por primera vez en 2019 sólo tendrán un segundo período consecutivo. Los que sean electos por primera vez en 2023, también. Los que vienen de 2015, en cambio, gozarán de un privilegio único.
Lo mismo vimos prosperar en Tucumán con la reforma constitucional de 2006 en Tucumán: el alperovichismo habilitó la reelección consecutiva y dispuso que no se contabilizaría para ello el período 2003-2007. Consecuentemente, José Alperovich es el único ciudadano tucumano que ha podido disputar tres veces seguida la gobernación. Antes que él, nadie. Después, tampoco.
En segundo lugar, la modificación legal bonaerense encarna (al igual que la última reforma constitucional tucumana en este punto) una flagrante violación a la ética pública. En la provincia de Buenos Aires (como hace 15 años en la de Tucumán) hay legisladores votando prerrogativas electorales de las que gozarán ellos mismos. Tal proceder fue, a lo largo del siglo XX, impropio de los cuerpos parlamentarios. Por caso, hasta 2006, la Carta Magna tucumana establecía que cualquier aumento de las dietas de los legisladores sólo tendría aplicación para la siguiente composición legislativa. Y para entonces no había reelección consecutiva. Es decir, estaba vedada a los parlamentarios la posibilidad de votar cualquier beneficio para sí mismos.
En tercer término, la decisión es atentatoria de la forma de gobierno que la Constitución federal consagra para la Nación, y que -en sus artículos 5° y 6°- manda a las provincias a respetar. La república es sinónimo de periodicidad de mandatos. Más aún: si la república es la forma, la “materia” es la democracia y ella es consagratoria de la alteridad en los cargos electivos. Por caso, en el célebre libro “Política”, Aristóteles distingue en el siglo IV A.C. como formas de gobierno a la monarquía, la aristocracia y la democracia; y las versiones que surgen de su degeneración: la tiranía, la oligarquía y la anarquía. En cualesquiera casos, sean formas puras o impuras, la democracia es la única en la que es imperativo el recambio de autoridades. La perpetuación en el poder es propia de otros regímenes, no es natural de la democracia.
La ecuación es líneal: menos república nunca puede dar como resultado más democracia.
Justamente, la democracia es, también, la existencia de al menos dos opciones políticas diferenciadas. Si oficialistas y opositores se ponen de acuerdo para consagrar normas lesivas para la república, ese entendimiento es contrario a la democracia.
