El Consenso Fiscal no es más que otro pacto entre Nación y provincias para renovar viejos compromisos que, con el tiempo, quedan vetustos, sin aplicación práctica. Es una señal de consenso político en medio de un país turbulento que no puede contar aún con un Presupuesto para 2022. Todos los gobernadores firmantes y la Casa Rosada misma han salido a aclarar que, bajo ningún punto de vista, ese acuerdo representa un aval a un impuestazo. Es verdad; no lo es. En todo caso, ya se ha dado. El reajuste de un 35% en las valuaciones de los vehículos y un 30% en el de los inmuebles, para el caso de Tucumán, fueron un anticipo de lo que vendría. Ningún distrito subnacional llega a esta altura del año sin las previsiones impositivas necesarias para arrancar el calendario fiscal del próximo. La Ley Impositiva ha sido sancionada por la Legislatura provincial y, con ella, el Consenso Fiscal es nada más que una expresión de deseo.
Un verdadero consenso requiere de un debate que nadie quiere dar, porque en el Gobierno -y más allá de quien lo ejerza- siempre se cuidó la torta, de tal manera de que se respeten sus tajadas. Presidente y gobernadores saben que un cambio de reglas de juego implicará que alguien pierda. Y en ese terreno nadie quiere estar. La torta se llama Coparticipación Federal de Impuestos y, al parecer, todos están de acuerdo en exhibirla, pero no tocarla. Por eso, la discusión de un nuevo régimen de distribución de los recursos que se recaudan a nivel nacional ha desaparecido de los textos que marcan la relación fiscal entre la Nación y las provincias. Más bien, hay mayor celo en aceitar los esquemas existentes para que la recaudación no decaiga.
Independientemente de estas cuestiones operativas, el Consenso Fiscal tiene un “lado B” que asoma sólo en las negociaciones que el Gobierno nacional encara ante el Fondo Monetario Internacional (FMI): la manera de sostener el ritmo de recaudación, sin que crezca la informalidad. En otras palabras, que el Estado nacional (y también los provinciales) tengan la capacidad suficiente para honrar sus deudas. El 5 de enero, en la Rosada, habrá una cumbre convocada por el presidente Alberto Fernández, a la que están invitados los gobernadores. Varios de ellos deberán posponer las vacaciones para asistir. En esa cumbre, el ministro de Economía, Martín Guzmán, brindará detalles del posible acuerdo con el FMI y las condicionalidades que importan a las provincias. Para el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, y para el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, ese encuentro será clave para tratar de mostrar que Tucumán no es el distrito con mayor presión fiscal de la Argentina.
El “lado B” del Consenso Fiscal establece un esquema que, en cierta medida, implicará un mayor celo a la hora de cobrar impuestos. Consiste en la “redistribución de la carga impositiva de manera tal que tengan mayor incidencia los impuestos patrimoniales y puedan compensarse las eventuales reducciones de la recaudación proveniente de la imposición sobre las actividades productivas y el consumo, a la vez que se posibilite la sustentabilidad de las cuentas públicas, evitando la aparición de desequilibrios financieros que atenten contra la estabilidad global a nivel macroeconómico”. En otras palabras, ampliar la capacidad contributiva de aquellos que tengan propiedades y vehículos, vía reajuste de valuaciones, sacándoles el pie del cuello a empresarios e industriales que aportan, particularmente, a través de Ingresos Brutos. El terror que hay en el Estado es que una mayor carga tributaria signifique más economía en negro y, por ende, más evasión. No es un dato menor porque en Tucumán el 40% de la actividad está en la informalidad.
Aún así, a la clase media y a aquellos que tienen un mejor pasar les inquieta la doble imposición. Parte de eso es la convivencia de Bienes Personales y del impuesto a la herencia que se pretende crear con el apoyo de las provincias. El efecto de aquella doble imposición lleva a los sectores más pudientes a apelar a fideicomisos en el exterior para escapar a la voracidad fiscal.
La Nación quiere más datos de los contribuyentes. Lo había establecido en el convenio de 2017 y lo ratificó en el actual. “Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires (que no firmó el Consenso Fiscal) participarán en la determinación de los procedimientos y metodologías de aplicación con el objeto de lograr que las valuaciones fiscales de los inmuebles tiendan a reflejar la dinámica territorial”, señala el Consenso Fiscal, que reafirma la creación del Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (Ofevi). Complementariamente, el fisco tendrá una base de datos para establecer, con mayor precisión, cuál es la superficie de cultivos en cada distrito, independientemente de los datos registrados a través del Censo Económico. Así, los gobernadores se eximirán de pagar el costo político de los reajustes en las valuaciones fiscales, ya que ese Ofevi y la Dirección Nacional de Registros Automotores se encargarán de hacer “la tarea sucia” de reajustar los valores a partir de los cuales se cobran los impuestos patrimoniales.
Por si todo lo anterior fuera poco, el Consenso Fiscal fija el compromiso de las provincias para tomar las medidas que resulten necesarias con el fin de incrementar el grado de cobrabilidad de los distintos tributos. En otros términos, habrá que decirles adiós a las moratorias y prestar atención a las ejecuciones judiciales.
