A fines de noviembre la Legislatura prorrogaba la emergencia por violencia de género para 2023, sancionada por primera vez en 2016. Las estadísticas de este año alertaron a las organizaciones, funcionarios y legisladores para continuar la norma. En la organización Mumalá se registraron, en lo que va del año, 27 muertes violentas, de las cuales 19 fueron femicidios; cinco muertes violentas; dos suicidios femicidas y un caso que se investiga actualmente. En este tiempo hubo además, 24 intentos de femicidios. En Argentina se registró una muerte violenta de una mujer en manos de un varón cada 25 horas.
Mientras se buscaba prorrogar la Ley de Emergencia, las autoras del proyecto recordaron que el objetivo es "desarrollar y fortalecer las políticas públicas que tuvieran como finalidad la prevención y tratamiento de la violencia de género". Hay avances, pero la red de contención para una mujer que está siendo vulnerada en sus derechos, violentada, es endeble. Existen buenas intenciones, algunos espacios de contención pero no protocolos establecidos para sostener la salud mental y física y el sostén económico de una mujer violentada que, por lo general, lleva a sus hijos con ella.
Hay diversos niveles de violencia que recibe una mujer en los espacios en donde se desenvuelve. Está tan naturalizada que es clave la difusión de los canales de consulta, denuncia y contención que existen para cualquier mujer que sienta que ha sido vulnerada en sus derechos. Durante la pandemia, cuando muchas mujeres eran rehenes y víctimas de violencia en sus propios hogares, se agregaron herramientas de comunicación que se sumaban a la línea 144: un número de WhatsApp, un correo electrónico que permitía comunicarse a la víctima sin que el agresor se enterase. En las farmacias se difundió la iniciativa del “Barbijo rojo” en donde cada mujer que pedía comprar un barbijo de ese color podía ser asistida por los farmacéuticos por considerarla víctima de violencia por motivos de género.
Las medidas fueron las correctas pero no suficientes. Las cifras reclaman medidas urgentes y que completen el círculo de contención y asistencia. Estos espacios de comunicación deben sostener una red de amparo para mujeres que necesitan asistencia, hospedaje transitorio, independencia económica y hasta un hogar permanente para rehacer su vida. Un refugio para ella y sus hijos, en donde pueda tener la asistencia necesaria de profesionales, como asistentes sociales, médicos, psicólogos, psiquiatras, capacitación y colaboración para insertarse en el mercado laboral. También relocalización, de ser necesaria.
Paula Martínez, la joven de 23 años que se suicidó la última semana del año, luego de haber sido víctima de una violación en grupo, residía a metros de sus agresores, en el mismo barrio de Florencio Varela en Buenos Aires. Desde su denuncia, frecuentemente recibía agresiones, gritos, insultos y amenazas desde la calle. Las cámaras de TV las habían tomado pero no recibió asistencia y se suicidó hace tres días. ¿Cuántas víctimas como ella padecerán para que las redes de profesionales y asistencia se dediquen a contenerlas, asistirlas, relocalizarlas y brindarles un entorno seguro en donde vivir y desarrollarse como seres plenos? Las reacciones de las autoridades muestran preocupación, pero lo que se ha hecho no es suficiente para cambiar esta lamentable realidad.
