29 Diciembre 2021 Seguir en 
CRÍTICAS. El proceso a Lugo duró 48 horas, casi sin dar lugar a defensa.
ASUNCIÓN, Paraguay.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible una demanda del ex presidente Fernando Lugo contra el Estado paraguayo por su destitución en un controvertido juicio político en junio de 2012.
Lugo fue relevado de la presidencia una semana después de un desalojo en el que murieron 11 campesinos y seis policías cerca de la ciudad de Curuguaty, al noreste de Asunción.
El juicio político en el Congreso duró cerca de 48 horas y su defensa denunció que tuvo apenas dos horas para prepararse.
“La Comisión Interamericana decidió declarar admisible la petición en el caso Fernando Lugo Méndez contra el Estado paraguayo (...) ahora se abre un plazo de seis meses para que las partes arrimen nuevos argumentos”, declaró el abogado Emilio Camacho, que representa al ex mandatario.
“Para nosotros es un acto enorme de justicia (...) ante la arbitrariedad cometida en el desarrollo del juicio político”, agregó Camacho, quien aclaró que las partes pueden llegar a un “arreglo amigable” antes de que el caso llegue a la CIDH.
Lugo, un ex obispo católico que acabó con seis décadas de hegemonía del derechista Partido Colorado cuando ganó las elecciones en 2008, fue electo senador por la coalición izquierdista Frente Guasu.
El juicio político fue cuestionado por gobiernos de la región que lo consideraron una ruptura del orden democrático, y el inicio de una serie de “golpes blandos” que luego afectaron a las presidencias de Dilma Roussef, en Brasil; de Evo Morales, en Bolivia; y que llevaron a la cárcel al ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y a una serie de denuncias contra la ex presidenta argentina Cristina Fernández.
Luego del juicio político, Paraguay fue suspendido como socio del bloque comercial Mercosur, que integran además Argentina, Brasil y Uruguay, hasta el 2013.
El Partido Colorado volvió al poder ese año bajo la presidencia del empresario Horacio Cartes y continuó en el gobierno, tras la elección del actual mandatario Mario Abdo.
La decisión de la CIDH puede abrir un antecedente para otros casos de destituciones en la región y constituye de por sí un hecho inédito sobre los llamados “golpes blandos”.
Camacho explicó los alcances de la acción interpuesta que recién ahora es admitida a trámite. El abogado reseñó que la acción se sustenta en la “indefensión” de Lugo durante su juicio político, ocasión en que -según argumenta- se produjo la “violación de derechos fundamentales y del pacto de San José de Costa Rica”.
El letrado afirmó que la aceptación de la CIDH -dispuesta el 10 de este mes, pero conocida ayer-, en un escrito de nueve páginas, implica que el organismo “consideró que hay verosimilitud, razonabilidad y credibilidad” en la solicitud.
Una semana después de la llamada masacre de Curuguaty, los legisladores colorados y liberales se unieron a otros bloques menores para impulsar el juicio político a Lugo, el primer mandatario no colorado desde la vuelta de la democracia, y en apenas 48 horas se votó la salida del cargo del presidente, reemplazado por su vice, el liberal Federico Franco.
Los sectores que auspiciaron el juicio político se ampararon en el cumplimiento formal del artículo 225 de la Constitución del Paraguay y, del otro lado, se denunciaron serias violaciones al debido proceso, falta de pruebas reales, presentación de acusaciones falsas y una velocidad inédita para un proceso de estas características.
La defensa, por ejemplo, tuvo dos horas para la presentación de su descargo en el Senado.
El 22 de junio, en siete horas, el Senado escuchó a las partes, relevó pruebas, dictó sentencia y tomó juramento al sucesor de Lugo.
Con la declaración de admisible de la petición también se da trámite al proceso y ya se comunicó a Cancillería, según Camacho. “Ahora hay un plazo de seis meses improrrogables para que las partes arrimen nuevos argumentos o no”, sostuvo.
Como en todos los casos que la CIDH admite una denuncia, existe la posibilidad de que Lugo y el Estado paraguayo lleguen a un acuerdo, pero si esa posibilidad no prospera y se llega a una condena, el caso podría pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). (Télam-Reuters)
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