Faltan datos de los aspirantes a jueces

De la lista de 14 abogados que propuso el Poder Ejecutivo para cubrir igual número de cargos en la Justicia, sólo tres de los candidatos presentaron en sus currículos el título analítico, en el que consta el desempeño académico que tuvieron para graduarse. Los ciudadanos, tal como lo hizo LA GACETA ayer, pueden consultar los antecedentes que hay en el Ministerio de Gobierno.
El currículo más voluminoso (78 fojas) es el de Edgardo Sánchez, quien es candidato a fiscal de Instrucción en Concepción. En su analítico consta que, en su carrera en la Unsta, fue calificado con 10 en seis ocasiones.
En el caso de Isabel Vidal Sanz (la proponen para defensora oficial civil) figura que se recibió como abogada con 6,8 de promedio, pero no está el detalle analítico.
Varios candidatos presentaron los currículos sin acompañar fotocopia legalizada del título de abogado. Tales los casos de Mario Velázquez (fue postulado para juez correccional y de Instrucción de Monteros) y de José Roberto Falco (es candidato a fiscal de Cámara Civil de Concepción).
También son escuetos los currículos que presentaron quienes actualmente se desempeñan como jueces, Carlos Courtade (Cobros y Apremios de la II Nominación de esta capital) y María Sosa Almonte (Conciliación y Trámite del Trabajo en Concepción, que ahora aspira a vocal de la sala I del Trabajo de la ciudad sureña). El primero (fue propuesto para vocal de la sala I de la Cámara en lo Civil en Documentos, Locaciones y Apremios, y no de la Cámara Penal, como ayer se informó) subrayó que el desaparecido Consejo Asesor de la Magistratura lo había ternado en tres ocasiones.
Más detallado es el currículo de Marta Cavallotti de Parache (aspira a ser camarista penal), donde consta hasta su colaboración en una campaña solidaria.

Con bajas notas
En el título expedido por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) en noviembre de 1998, consta que Fernando Rivera (fue propuesto para defensor de Menores en Monteros) recibió 12 aplazos cuando cursó la carrera de Procuración.
Como antecedente figura que, durante el primer semestre de este año, Rivera colaboró (este cargo no forma parte de las categorías docentes que prevé el estatuto de la Universidad Nacional de Tucumán) en la comisión de la cátedra de Derecho Civil I, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, a cargo del profesor adjunto Mario Rodolfo Leal. Este es quien firma la constancia.
Según el título analítico de Diego Acuña (fue postulado para juez de Instrucción de la V Nominación), este fue aplazado 10 veces en la UNT. En el sitio oficial de Tucumán en internet se informa que, entre 1991 y 2002, el abogado fue docente (jefe de Trabajos Prácticos), pero no se aclara en qué cátedra. La razón es que desempeñó tareas administrativas como interino en la secretaría de comisiones del Concejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT.

Legislador insta a no ser sumisos
En la sesión legislativa de ayer, no faltaron los cuestionamientos a la lista que propuso el gobierno de José Alperovich para cubrir 14 cargos en la Justicia. "Esta Cámara debe dejar de ser obediente y sumisa con el Poder Ejecutivo, y comenzar a cuestionarse sobre la suerte del Poder Judicial", afirmó el radical Juan Roberto Robles, la principal voz contra los candidatos del PE. Nadie del oficialismo salió en defensa del Gobierno. Sólo el peronista Rodolfo Ocaranza defendió al Poder Legislativo.El opositor afirmó que el PE quiere hacer creer que propicia una Justicia independiente. "Esto es falso. Quiere una Justicia amiga, para que la impunidad siga corriendo por las calles y ningún funcionario sea molestado", dijo. "No me sorprendería que Walter Ibri sea propuesto para la Corte Suprema", ironizó en referencia al abogado que quiso cobrar $ 1,5 millón por trámites extrajudiciales cuestionados por el Tribunal de Cuentas."Me preocupa mucho lo que hace el PE y quiero que se elijan los mejores hombres. Entre nuestras potestades está la de denegar los pedidos de acuerdos", replicó Ocaranza.