Solicitan una consigna policial para controlar el cerro El Pelao

Tras las denuncias que surgieron por las nuevas obras que se registraron en el cerro El Pelao, en el Valle de Tafí, que ignoran la ley 9.261 que prohíbe esas acciones por considerar al lugar en “emergencia ambiental, ecológica y zona de protección arqueológica”, personal policial se acercó al sitio ayer y no encontró maquinarias trabajando.

“La comuna de El Mollar, como autoridad jurisdiccional, está haciendo las actuaciones con la Dirección de Delitos Rurales y Ambientales de la Policía de la Provincia. Se han apersonado en el lugar y no han encontrado a máquinas ni a nadie”, aseguró Marcelo Lizárraga, subsecretario de Protección Ambiental de la provincia. Solicitarán, sin embargo, que la Unidad Regional Oeste (URO) de la Policía deje una consigna policial en el lugar con el objetivo de que nadie más se pueda acercar para ese tipo de obras, según indicó Lizárraga.

“En cuanto al nivel judicial se tomarán las acciones legales correspondientes bajo el título de violación de la ley 9.261 en el cerro El Pelao por autores desconocidos, porque hasta aquí no se ha podido identificar cuál es la empresa o quiénes son las personas que están trabajando ahí”, agregó el funcionario.

Además, hay una denuncia realizada por la Municipalidad de Tafí del Valle como “damnificada por las construcciones” porque, aunque no es su jurisdicción, las posibles repercusiones ambientales recaen sobre todo el Valle de Tafí en su conjunto, según explicó Lizárraga a LA GACETA. “La Municipalidad de Tafí del Valle hizo las denuncias, aportó las fotos y sigue un acta de constatación”, precisó.

Por otro lado, la dirección de Medioambiente de la villa turística más popular de Tucumán manifestó que se acercó al conductor de la máquina que realizaba obras en El Pelao, pero el maquinista se habría negado a ser identificado y a decir para qué empresa trabaja. Información que Lizárraga utilizará para ampliar la denuncia en la causa judicial.

Regino Amado, vicepresidente de la Legislatura y uno de los impulsores de la ley que prohíbe la construcción en el cerro, explicó que la ley está, se prorrogó y sigue vigente. “Entonces ahora los que deben actuar son quienes tienen el control de ese sector, que es El Mollar porque es jurisdicción de esa comuna”, dijo, aunque aclaró que cualquier vecino o institución puede hacer la denuncia según corresponda.

A su vez destacó que existe un conflicto de interés sobre los límites administrativos de la zona que se disputa entre El Mollar (actual responsable del cerro) y Tafí del Valle. Para Regino Amado, El Pelao debería pasar a ser parte de la jurisdicción tafinista, ya que considera que, al ser una municipalidad, podría llevar adelante un mejor control.

“Queríamos pasar El Pelao para la jurisdicción de Tafí por la cercanía, para que puedan atenderlo mejor, con mejores servicios. Una municipalidad tiene la maquinaria y el staff de abogados que defienden estas situaciones; y una comuna no lo tiene. Entonces está debilitada y muy distante para hacer los controles necesarios”, señaló.