¿Bajará la presión impositiva en las provincias?

Prorrogar el anterior o dictar un nuevo consenso fiscal. Esa es la cuestión que sobrevuela en la Casa Rosada y que involucra a los gobernadores de las provincias. Lo primero significaría seguir bajo la impronta macrista. Lo segundo implicaría darle una impronta justicialista a la letra que ya venía redactada desde hace cuatro años. El Gobierno nacional ofrece a los mandatarios provinciales regímenes especiales para que acompañen la gestión que termina el año sin Presupuesto para 2022, sin un Programa Económico Plurianual y, naturalmente, sin acuerdo por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). No es la mejor manera de cerrar la mitad del mandato del presidente Alberto Fernández. Por eso, la foto de ayer con los gobernadores peronistas tiene un valor especial, porque a la gestión federal se le está haciendo todo cuesta arriba desde que perdió la mayoría en el Congreso Nacional y desde que algunos mandatarios han decidido jugar en soledad frente a las idas y vueltas de una administración que aún no encontró el rumbo en medio de la pandemia de la Covid-19.

El lunes habrá otro consenso fiscal, el enésimo desde que una gestión nacional proclama federalismo, sin ceder la botonera que significaría cierta autonomía política, económica y financiera para aquellos distritos que sean más ordenados. Por ahora estará reservado para aquellos que tienen el signo justicialista. Eso es lo que ha quedado plasmado en la Cumbre que Alberto Fernández encabezó en la Quinta Presidencial de Olivos. En la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hubo otro cónclave, el de los opositores, con el anfitrión Horacio Rodríguez Larreta que recibió a los gobernadores de Juntos por el Cambio Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza). Todos reclamaron a la Casa Rosada y al Palacio de Hacienda que envíe al Congreso un presupuesto que resulte creíble y que deje de lado las chicanas políticas para avanzar en una discusión seria de cómo se administrará la cosa pública el año que se aproxima. En el Parlamento hay un convencimiento de un ala de legisladores acerca de que el Gobierno del Frente de Todos le está poniendo dramatismo a una cuestión que se puede solucionar con cambios en el proyecto que el 15 de septiembre pasado giró el ministro de Economía Martín Guzmán.

El rechazo al presupuesto 2022 trae importantes efectos negativos en relación con la transferencia de recursos a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a municipios. Esta situación llevaría a muchas provincias y legislaturas municipales a tener que revisar sus presupuestos para adecuar los recursos coparticipables que reciben mes a mes, se advirtió desde el entorno del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. Por la reducción de impuestos coparticipables perderían en total más de $ 180.000 millones, de acuerdo con el cálculo realizado por el oficialismo. El paper distribuido luego del rechazo a la iniciativa oficial planteó que el primer efecto negativo se va a verificar de manera directa en los recursos coparticipables del impuesto sobre los Bienes Personales (en la Cámara Baja, el oficialismo reunió 127 votos contra 126 de la oposición para avanzar con la reforma de ese tributo), por el que al 30 de noviembre pasado al Gobierno nacional llevaba recaudados cerca de $ 246.000 millones. En este caso, la baja de la recaudación significaría una pérdida de recursos estimados por Diputados en $ 3.500 millones al año.

El segundo efecto negativo a nivel tributario: la reducción de la recaudación en el impuesto a las ganancias porque se comenzará a aplicar de manera “plena” el ajuste por inflación impositivo, señala el documento. Por esta situación, según el informe oficialista, Tucumán dejaría de recibir unos $ 4.600 millones durante 2022.

Más allá de ese debate parlamentario, desde hace varias semanas la Nación y las provincias vienen analizando algunas cuestiones vinculadas con el nuevo Consenso Fiscal. Ningún gobernador está dispuesto a aplicar medidas que signifiquen ajustes que luego se pagan con altos costos políticos y electorales. Por esa razón, hubo debates técnicos para evitar mayores contratiempos. ¿Cómo quedaría la carga tributaria en las provincias a partir de la redacción de un nuevo pacto fiscal?

• Los impuestos patrimoniales (Inmobiliario y Automotor) ya han sido retocados y en las provincias como Tucumán el reajuste ha sido en torno de un 30% tanto para las valuaciones fiscales de las propiedades como por el ajuste del valor de los vehículos.

• Hay consenso en la mayoría para sostener el esquema de Ingresos Brutos, con la tablita de adecuaciones a la baja de la carga fiscal de este impuesto, tomando como concepto general que se buscará la competitividad de aquellas zonas más alejadas de los puertos de Buenos Aires. En los hechos, todo seguirá como hasta ahora, sin retoques porque ya arranca el año fiscal 2022 y gran parte de los distritos del interior sancionaron sus propios presupuestos. Este capítulo no está cerrado porque hay gobernadores que pretenden incorporar una reducción mayor y paulatina en función de las actividades productivas más importantes de su jurisdicción.

• El déficit previsional es una gran preocupación para la Rosada. Aquellas provincias que no transfirieron sus cajas (Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego) quieren que se mantenga el fondo de compensación. la Nación promete analizar caso por caso.

• Salvo San Luis, Entre Ríos, Tucumán, Formosa, Chaco, Chubut, Salta y Santiago del Estero estarían dispuestas a cumplir con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal de eliminar el impuesto para la Salud Pública, es decir, el gravamen que impacta sobre la nómina salarial. El argumento, en este caso, sería que, con esa decisión, se buscará alentar la generación de empleo registrado en los siete distritos que aún cuentan con ese tributo. En la Casa de Gobierno provincial hicieron algunas proyecciones que indican que la desaparición de este impuestos implicaría una reducción de unos $ 3.500 millones al año de la recaudación tucumana.

• El impuesto a los Sellos causa diferencias entre los distritos del interior. Hay jurisdicciones que prometen quitar ese tributo para algunas actividades y para el sector exportador, pero también hay otras provincias que señalan que, en la cadena de comercialización es necesario modificar su alcance. La materia pendiente es la unificación de criterios.

• El régimen de compensación por los excedentes para el conurbano bonaerense también es objeto de divisiones. Incluso el sistema ha generado una deuda que las provincias reclaman su redistribución con actualización de su valor. La Nación promete pagar en 12 cuotas, pero a valores históricos.

• La cereza del postre justicialista es la conformación de un Fondo Federal de Inversiones, que podría generarse con la cesión de un punto de la coparticipación de Nación y el mismo porcentaje cedido por las provincias. En este punto también hay un gran debate: ¿cuál será el criterio para determinar qué obra ingresa y cuál se rechaza?

El cierre del año parece ser más complicado de lo que el Gobierno nacional había previsto. Habrá muchas cuestiones fiscales y económicas para un verano que promete ser tan cálido en el debate como tormentoso en la discusión política, un clima que se está naturalizando en una Argentina que se acostumbró a vivir en la crisis.