Sólo dos postulados a jueces tienen especialización penal

De los 14 cargos vacantes que existen en la Justicia, 10 pertenecen al fuero penal. De los candidatos que el Poder Ejecutivo postuló para este último ámbito, sólo dos realizaron una especialización (estudios de posgrado) en la materia. Esto se desprende de la información que sobre los 14 abogados que propuso el gobierno de José Alperovich figura en el sitio de la Provincia en internet (www.tucuman.gov.ar).
El Ejecutivo promueve a Sergio Faiad y a Arnoldo Suasnábar para que se desempeñen como juez correccional de Concepción y como fiscal VII de esta capital, respectivamente. Estos son los únicos que cuentan con el título de abogado especialista en Derecho Penal, que otorgan las universidades Nacional de Tucumán (UNT) y del Litoral.
De los 14 letrados que postuló el PE, sólo uno (Edgardo Sánchez, a quien proponen como fiscal de Instrucción IV de Concepción) es docente. Sánchez es profesor regular -por concursos- asociado de Derecho Internacional Privado en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino.
Los únicos que en estos momentos cursan posgrados son Sánchez (doctorado en Derecho Público y Economía de Gobierno) y Marta Cavallotti de Parache (carrera de Especialización en Derecho Tributario y Finanzas Públicas, y ya hizo lo mismo en Derecho Societario y Administrativo). A esta última la propusieron como vocal de la sala VI de la Cámara en lo Penal de esta capital.

Sobre tablas
El tema más caliente de la sesión de la Legislatura convocada para hoy no figura en el orden del día. La oposición intentará forzar el tratamiento sobre tablas de un proyecto de resolución en contra de los abogados propuestos por Ejecutivo.
La presentación se limita a los diez postulados para ocupar vocalías de Cámara, fiscalías, juzgados y defensorías penales. Las objeciones se centran en Cavallotti de Parache, Diego Acuña, Suasnábar, María Luisa Castillo, Faiad, Sánchez, Mario Velázquez, Mónica García de Targa, Fernando Rivera y Rodolfo Gleser.

Podrían producirse dos nuevas vacantes
De los 14 abogados que el Poder Ejecutivo propuso para cubrir igual número de vacantes en la Justicia, dos se desempeñan como jueces. Por ende, en el caso de que el gobierno de José Alperovich mantuviera a aquellos candidatos y de que la Legislatura les prestara acuerdo, dos nuevas acefalías se producirían en los tribunales provinciales.
Los dos magistrados para los que el Ejecutivo promueve un virtual ascenso son Carlos Courtade, juez de Cobros y Apremios de la II Nominación de esta capital, y María Rosario Sosa Almonte, magistrada de Conciliación y Trámite del Trabajo en Concepción. Ambos fueron postulados como vocales de las cámaras en lo Penal (sala VI de esta capital) y del Trabajo (sala I de Concepción), respectivamente.
Antes de desempeñarse como juez, durante ocho años (1992-2000) Courtade fue defensor oficial civil, comercial y del Trabajo número I en Concepción. Entre 1984 y 1991 ejerció libremente la abogacía, según la información que figura en el sitio de la Provincia en internet.
En el caso de Sosa Almonte también tiene una larga experiencia en la magistratura, ya que es jueza desde 1992.

Larga carrera
Los otros dos candidatos propuestos por el PE que actualmente cumplen funciones en la Justicia tucumana son Edgardo Sánchez y Fernando Rivera.
El Gobierno pretende que Sánchez, secretario del Juzgado de Instrucción de la I Nominación de Concepción, pase a ser fiscal de Instrucción IV de esa ciudad. Y a Rivera, secretario de la Fiscalía III de Instrucción de Concepción (en junio lo ascendió la Corte Suprema), lo postularon para defensor de Menores de Monteros.
En la Justicia Federal de Santiago del Estero, Marta Cavallotti de Parache (propuesta como vocal de la sala VI de la Cámara Penal de esta capital) se desempeña como prosecretaria administrativa.

La Corte pidió que se enjuicie a un camarista
La Corte Suprema de Justicia pidió a la Legislatura la destitución, mediante juicio político, del vocal de la sala I de la Cámara en lo Penal de Concepción, Héctor Torres.
El magistrado había sido intimado por la Corte para iniciar los trámites jubilatorios, luego de que una junta médica constató que, con 75 años, tenía una incapacidad laboral del 66 %. Luego, el alto tribunal verificó que Torres ya estaba jubilado y lo volvió a intimar, pero este resistió la medida.
La comisión de juicio político resolvió ayer, un par de horas después de haber recibido la nota de la Corte, solicitar la ratificación del planteo. Sisto Terán (PJ), presidente de ese órgano parlamentario, reconoció la importancia del caso y anticipó que el lunes podría haber definiciones.