No hace mucho tiempo en esta Argentina, sus habitantes le sugirieron a los que la administran que debían sentarse a dialogar. Ese fue el mandato de las urnas del 14 de noviembre. Curiosamente, hasta ahora nadie les ha llevado el apunte. La oposición radical se pelea por ver quién manda. Algo que no debería llamar la atención, pero es tal el temor y la falta de confianza en sus propios líderes que termina siendo un terremoto en la coalición.
El oficialismo hace un acto por la trascendencia de la fecha -un 10 de diciembre de 1983 volvió la democracia a la Argentina-, pero se invita así mismo. Como si la democracia fueran sólo Alberto y Cristina. Sugieren la necesidad del diálogo, pero ponen condiciones para hablar.
El problema de los argentinos es la carencia de liderazgos responsables y serios cuyas palabras sean creíbles, con lenguajes llanos y sinceros. La última gran creación de los ciudadanos ha sido Javier Miley, que es tan maleducado como la misma Cristina, quien no pudo pararse a aplaudir a un hombre que se deforma día a día, pero que mantiene incólume sus ideas y sus principios, como Esteban Bullrich. Y, esas cosas, a la larga se notan. El jueves fueron al Congreso a asumir 24 nuevos senadores. Ninguno fue noticia. Pero no porque los medios (los detractores de esta democracia, como se intenta trasfundir últimamente) así lo consideren, sino porque la sociedad así lo ha interpretado.
La simple renuncia de Bullrich ha emocionado, ha contagiado, ha hecho pensar, ha sacudido a más de uno. Ya es anormal que alguien renuncie a poltronas tan acolchadas y enriquecedoras. Por eso también llama la atención.
Bullrich está muy lejos de ser un líder, sin embargo, con tonos bajos, con trabajo, con ideas nuevas, se ha destacado. Incluso en este final sin vocabulario se ha hecho entender. Un hombre de empresas tucumano se lo cruzó un día cuando todavía era ministro de Educación. Estaba “en llamas” porque las escuelas estaban paralizadas, porque los maestros le daban la espalda, porque no tenía dinero para más aumentos ni quería dejarse presionar. El tucumano, con un poco de lástima y de impotencia, lo miró y quiso ser condescendiente con el ministro. Bullrich ni se inmutó y le respondió: “Para eso estamos”. Tres palabras para no quejarse y seguir trabajando.
Otra deuda
Entre las atribuciones que figuran como obligaciones del Presidente de la Nación figura un artículo cuarto que le dice qué debe hacer en el caso de que se produjera una vacante en la Corte Suprema de Justicia. Lejos de acatar las órdenes que dan las leyes, Alberto Fernández manda a su ministro de Justicia a retar a la Corte y a indicarle cuáles son las cosas que deben hacer. Martín Soria despotricó contra los fallos que perjudicaron al Gobierno y a sus integrantes, pero no agradeció aquellas sentencias que liberaron de culpa y cargo a su líder principal, que se aloja en el Senado.
Mientras el Poder Ejecutivo exige, no cumple con sus obligaciones. El decreto 222 de 2003 lleva la firma de Néstor Kirchner, de Gustavo Beliz (ministro del interior de entonces) y -nada más ni nada menos- de Alberto Fernández. Claro que así como niega sus dichos también podría negar su firma en este decreto. En el artículo cuarto de esa disposición este trío estableció que: “producida una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un plazo máximo de 30 días, se publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional, durante tres días, el nombre y los antecedentes curriculares de la o de las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia. En simultáneo con tal publicación se difundirá en la página oficial de la red de informática del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación”. Nada de eso se hizo.
El 30 de septiembre de este año, el presidente recibió la renuncia de la vocal de la corte Elena Highton de Nolasco y la dimisión entró en vigencia el 1 de noviembre. Los días siguen pasando y la mora presidencial muestra cómo se maltrata a la Justicia.
Problemas del para siempre
La voz ciudadana en las urnas parece ser muy clara. Desde hace una decena de años propone una alternancia. Los votos transmiten la sensación de que no el pueblo no le quiere dar la suma del poder a nadie. Y, por eso, cambian constantemente. Quieren alternancia.
Una de las peleas más feroces que tuvo la dirigencia peronista tucumana ocurrió precisamente por la alternancia. La sola idea de que Juan Manzur pudiera promover la reelección indefinida hizo que Osvaldo Jaldo se pertrechara y empezara su guerrilla contra el gobernador. Ahora, la misma discusión ocurre en Buenos Aires, donde los intendentes no quieren soltar su cuota de poder y plantea una lectura diferente de las leyes con el solo fin de continuar sentados en las intendencias. Curiosamente, cuando de aferrarse al poder se trata, la grieta no existe. Por eso opositores y oficialistas trabajan denodadamente para conseguir la reelección indefinida.
Ahora que la Nación tiene jefe de Gabinete tucumano podrían pedirle asesoramiento para que les explique cómo la perpetuación en el poder por estos lares se logra fácilmente, poniendo a la esposa o a los hijos en los lugares que quedan vacantes.
Pero una vez más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha ocupado de estas cuestiones. Claro que, al igual que con la designación de un vocal de la Corte Suprema nacional, el poder prefiere mirar para otro lado. Si se respetara lo que tanto se declama, otra sería la historia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos aconseja dos mandatos consecutivos. Advierte que “el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si fuera electo mediante comicios populares”. La Corte concluyó que “la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa”.
Claro que todas estas elucubraciones no parecen tener importancia cuando son obstáculos para los proyectos de los poderosos. Y, de nuevo, no importa si son del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio. Los presidentes, gobernadores, intendentes que bregan por la reelección indefinida en lugar de buscar nuevos horizontes políticos se victimizan afirmando que esa restricción afecta sus derechos individuales y sus libertades. Sin embargo este tribunal internacional precisa que para electores y elegidos se trata de “sacrificios menores cuando se compara con los beneficios que le trae a la sociedad”.
El poder del espacio
Entre los mensajes que quedaron después del 14 de noviembre se encuentra la preocupación por la seguridad y, por lo tanto, por la administración de Justicia. Van atadas la una a la otra, aunque traten de desatarlas.
Casi al mismo tiempo que el poder político iba interpretando el mensaje de las urnas, en el Palacio de Tribunales, como por arte de magia, los libros de la biblioteca del segundo piso se iban convirtiendo en ladrillos. La orden de la máxima autoridad fue acelerar la obra y, cual arquitecto, empezó a darle forma a su despacho presidencial, que se fue agrandando a medida que la biblioteca iba desapareciendo.
Como si la administración del poder se midiera por metros cuadrados, se fueron distribuyendo los lugares en el máximo tribunal. De esta manera Daniel Leiva, que preside la Corte tendrá el despacho de mayor; y el vocal decano Antonio Estofán se hizo acreedor del recinto que venía teniendo hasta ahora quien ocasionalmente ocupara la presidencia. El tercer despacho quedó para Claudia Sbdar; uno menor quedará para el cuarto vocal, Daniel Posse; y el quinto, más pequeño para la recién llegada Eleonora Rodríguez Campos. La idea de igualdad de los vocales en la constitución de la Corte Suprema de Justicia quedó hecha añicos con esta primera gran acción de la nueva administración de ese Tribunal.
Un ex vocal de Corte le llamaba este tipo de acciones “activismo judicial”, algo así como desarrollar grandes movimientos que más tienen que ver con la arquitectura que con el derecho, máxime cuando los voluminosos libros jurídicos han perdido lugar. Los espacios no delegan poder pero si patentizan necesidades. Mientras la Corte engorda, hay fueros como el Penal que languidecen porque no tienen donde cumplir con sus obligaciones.
