El presupuesto anual para el año próximo en nuestra provincia fue estimado en $ 353.000 millones, de los cuales quedan para la Legislatura $ 13.060 millones. Es la más cara del país, luego de la de Buenos Aires. Tanto Osvaldo Jaldo, su vicegobernador, como Sergio Mansilla, su actual presidente subrogante, se negaron sistemáticamente a contestarme pedidos de información sobre número e identidad de empleados y asesores de legisladores, y sus remuneraciones (Jaldo) y las razones por las cuales la Legislatura no sanciona la Ley de Acceso a la Información Pública (Mansilla), guardando un secretismo inaceptable e indignante sobre temas que el pueblo que paga sus impuestos tiene derecho a saber. A lo señalado, se añade el incumplimiento del Poder Legislativo de debatir, todos los años, como lo manda la Constitución local, la Cuenta de Inversión, documento que remite anualmente a la Legislatura el Gobernador justificando en qué gastó esos miles de millones de pesos que paga el pueblo con sus impuestos. Este incumplimiento tiene un solo responsable directo: el Vicegobernador, porque a él le corresponde convocar al pleno del Cuerpo a realizar este debate que interesa especialmente a la minoría legislativa, única oportunidad que tiene para hacer este control del dinero público manejado por el oficialismo de turno. Esto se debe porque el disfraz constitucional reformado en el 2006 por el alperovichismo y sus cómplices, nos dejó un sistema antirrepublicano, toda vez que no hay división de poderes sino complicidad y connivencia de poderes entre los integrantes de la “fórmula del Ejecutivo”, integrada por el Gobernador y su Vicegobernador, votados en forma conjunta. Nos preguntamos siempre, qué tienen que ocultar para negarse a dar estas informaciones que tienen un valor esencial para poder votar a conciencia en los procesos electorales de renovación de autoridades provinciales, sabiendo cómo manejaron los oficialistas y los opositores el dinero público. Nos dejaron, con estas normativas y estas conductas inaceptables, una provincia empobrecida, que no confía en sus instituciones ni en la Justicia para reparar tanto daño ocasionado.
Luis Iriarte
