La citación a prestar declaración como imputada de una periodista de LA GACETA no registra antecedentes en estos 38 años de democracia y de vigencia del orden constitucional en Tucumán. Los vaivenes y tiempos impresos a la causa penal, que empezó hace ya dos años; la ola de difamación a la que estas acciones dieron lugar en las redes sociales y en aparatos de comunicación afines al Gobierno así como las contradicciones advertidas en la propia Fiscalía sugieren que por detrás hay una intención de presionar al periodismo que investiga al poder.
La acusación parte de afirmar que la periodista no entregó el texto original de un manual de escritura para letrados, afirmación que es falsa, porque la entrega se cumplió a los dos Colegios de Abogados de Tucumán, y ello está acreditado. En este sentido, la falsa denuncia omite incorporar el informe y respuesta completa y afirmativa del Colegio de Abogados del Sur a la Fiscalía. El denunciante refiere la existencia de una manipulación orquestada para beneficiar periodísticamente, por medio de LA GACETA, a Francisco García Posse, ex presidente del Colegio de la Capital. La denuncia deja a la vista que su interés es impugnar la actividad que la periodista cumplió en causas con trascendencia institucional como “Teves”, “Rigourd”, “Mayol” y “Pedicone”. Además de ser el fruto de un trabajo del equipo de LA GACETA, tales publicaciones gozan de plena vigencia puesto que su veracidad y calidad no han sido cuestionadas.
Esta denuncia se da en el ámbito de abundantes déficits institucionales y de falta de garantías judiciales, y abona la idea de que persigue silenciar a la prensa libre en materias que tienen una incidencia directa en la cosa pública. La perspectiva de un periodismo servil es dramática para Tucumán, una provincia que descendió en las últimas décadas en los indicadores de desarrollo humano, y cuya falta de oportunidades alienta el éxodo de emprendedores y de las nuevas generaciones. La criminalización de la prensa se dirige así a remover uno de los últimos escollos que enfrenta el poder en sus diferentes expresiones dado el deterioro de las instituciones de control. Con esas presiones se intenta silenciar a los periodistas para ocultar causas, hechos y actos, de modo que la ciudadanía no se entere de lo que ocurre en el interior del Estado. “Si a las personas se les niega el amplio acceso a la información, y se las priva de la posibilidad de influir y recibir la influencia de las opiniones ajenas -ha dicho el constitucionalista fallecido Gregorio Badeni-, la expresión de sus ideas no será libre y sin libertad de expresión no puede haber decisión democrática”.
En agosto de este año, al fallar en el caso “Bedoya Lima”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó que la protección del periodismo es una de las obligaciones centrales asumidas por los países que suscribieron el Pacto de San José de Costa Rica, entre ellos la Argentina. Esa jurisprudencia pone el acento en la necesidad de prestar especial atención a la situación de vulnerabilidad de las periodistas. “Los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana (o Pacto de San José), obligaciones específicas a partir de la Convención de Belém do Pará, las cuales irradian sobre esferas tradicionalmente consideradas privadas o en las que el Estado no intervenía”, dijo el tribunal. Y añadió: “como consecuencia de los ataques a las periodistas, el público pierde voces y puntos de vista relevantes, y, en particular, voces y puntos de vista de mujeres, lo cual, a su vez, deriva en un incremento en la brecha de género en la profesión periodística, y ataca el pluralismo como elemento esencial de la libertad de expresión y de la democracia”.
En el mismo pronunciamiento, la Corte Interamericana reiteró que, para que la prensa pueda desarrollar su rol de control periodístico, debe no sólo ser libre de impartir informaciones e ideas de interés público, sino que también debe ser libre para reunir, recolectar y evaluar esas informaciones e ideas. El estrado internacional con competencia en la Argentina advirtió: “sin una efectiva garantía de la libertad de expresión, los mecanismos de control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y, en definitiva, se crea un campo fértil para que arraiguen sistemas autoritarios”.
