INICIATIVA. Impulsan un proyecto para penalizar los discursos negacionistas.
La abogada Valeria Carreras presentó un proyecto de ley que persigue el objetivo de penalizar los discursos negacionistas; en especial, aquellos en torno de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la Argentina.
Con ese fin, elevó un pedido al Colegio Público de Abogados, en el cual requiere el apoyo y el acompañamiento de la entidad.
"Le pido al Colegio de Abogados, y adjunto la presentación del proyecto de ley, que me apoyen para que de acá hasta la fecha de inicio de sesiones ordinarias del Congreso, en marzo, poder dar el debate, el tratamiento, la mejora, la modificación eventual, en los carriles del Colegio", expresó Carreras.
También invita a generar debates, charlas, conferencias, talleres, de cara a instalar este tema en la sociedad.
Carreras es la impulsora de la Ley Fernando, para combatir la violencia en el rugby y en los deportes de contacto. Se trata de la persona que motorizó, durante 2016 y 2017, la denuncia contra el traspaso de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses); quien presentó la denuncia para frenar el voto electrónico, y quien denunció al ex presidente Mauricio Macri y a sus ministros por ceder recursos soberanos.
"Los abogados nos manejamos con leyes, entonces también podemos articular la presentación de un proyecto de ley. Cuando vemos que sistemáticamente se incurre en una afrenta, no solamente a las víctimas sino a nuestra memoria colectiva, desde ese rol se me ocurre hacer la presentación al Colegio de Abogados, que somos quienes nos manejamos permanentemente con esas herramientas", detalló.
El proyecto de ley busca adjudicar responsabilidades ulteriores y sancionar con multa significativa a la expresión de discursos que nieguen, justifiquen, minimicen hagan apología o glorificación de los delitos de lesa humanidad ocurridos en Argentina en el período entre los días 24 de marzo de 1976 y el 30 de octubre de 1983, cometidos por agentes del Estado.
Además, si el delito fuera cometido por un funcionario público, este quedaría inhabilitado de forma permanente para cumplir funciones públicas.
"En la puerta del 10 de diciembre, conmemorando la democracia y los derechos humanos, me parece que Argentina debe darse este debate. Seguir permitiendo que se tergiverse o suprima la memoria de un pueblo, nos empuja inevitablemente a repetirnos, algo que no podemos permitir nunca más", manifestó.
