El misterioso caso del tacho azul: Parte III

“Inocente”. Esa fue la palabra que escribieron Julio Jorge Guerra y Beatriz del Valle Banda a la hora de firmar la notificación de la prisión preventiva que les habían dictado. Estaban acusados del crimen de su hijo Jorge Guerra. Un hecho que se registró el 25 de noviembre de 2004, en el barrio Nicolás Avellaneda IV, de Yerba Buena. Un caso que conmovió y movilizó a los habitantes de ese sector de la “Ciudad Jardín”. Una causa que estuvo cargada de polémicas, cuestionamientos y que terminó con una absolución y una familia destruida por una mala investigación.

El niño de 12 años fue visto por última vez cuando salió de su casa a la escuela. Como nunca llegó, sus padres hicieron la denuncia y, junto a los policías, comenzaron a buscarlo. Pasaban las horas y los días y no había ninguna noticia de su paradero. Los vecinos realizaron numerosas marchas para reclamar por su aparición con vida. “Jorgito”, convivía en una casa humilde y formaba parte de una familia ensamblada en la que el padre trabajaba como albañil y realizaba trabajos de herrería y la madre se dedicaba a cuidar a los pequeños.

En el mediodía del 29 de noviembre se produjo algo insólito. Mientras todo el mundo participaba de los rastrillajes que realizaban los policías, tres efectivos que custodiaban la casa, comenzaron a sentir un olor nauseabundo. Buscaron y buscaron por la propiedad sin poder descubrir de dónde provenía. Pensando que podría tratarse de un animal muerto, apuntaron hacia un tacho de plástico color azul que estaba tapado en una pieza ubicada en el fondo de la propiedad. Invadidos por la curiosidad, lo destaparon y encontraron el cuerpo del niño. Espantados por el hallazgo, llamaron a sus superiores y en cuestión de minutos el lugar se llenó de peritos, investigadores y funcionarios judiciales.

“La tapa del tacho estaba colocada a presión. No sé si estaba con agua o vacío; ya vamos a determinarlo. Haremos la autopsia para verificar algunas presunciones”, señaló el fiscal Guillermo Herrera al salir de la casa. Minutos después, ante la sorpresa de todos, ordenaba la detención de los padres del pequeño fallecido, de la abuela Regina Guerra, que había llegado el día anterior de Salta para sumarse a la búsqueda y dispuso que los hermanos de 14 y 10 años fueran puestos a disposición de un juez de Menores. No se salvó ni la más pequeña de la casa de 1 año: pretendió que la llevaran a la Sala Cuna, pero sus colaboradores explicaron que era mejor que la entregue al cuidado de unos parientes.

Polémica

El hallazgo del cuerpo generó escenas de dramatismo en el barrio. Corridas, amontonamiento de personas que querían confirmar la noticia, insultos a los policías por no haberlo encontrado antes y hasta desmayos. Algunos vecinos, los mismos que colaboraron con la búsqueda, comenzaron a denunciar que el niño era castigado por sus padres. “La madre le daba palizas muy feas y vivía quejándose de tener que aguantarlo”, dijo una mujer. Otra contó que el padre había discutido y con “Jorgito” y que lo había golpeado, como otras veces.

Teresita Figueroa de Ruiz, directora de la escuela Isabel La Católica, donde asistía el pequeño, dijo que nunca supo ni vio nada que hiciera presumir que el niño era golpeado. “Los chicos que sufren golpizas manifiestan algún síntoma, tanto físico como en su conducta; y este no era un caso así”, explicó la directora.

Julio Rossi, director de Cáritas de la parroquia Nuestra Señora de la Caridad, insistió en que, si Jorgito hubiera tenido problemas de violencia en el hogar, él lo habría advertido. “El comedor es una caja de resonancia; acá nos enteramos por los chicos de las cosas que ocurren en el barrio. Además -dijo-, las religiosas misioneras realizan visitas tres veces a la semana a las familias del barrio; ellas tampoco informaron sobre problemas en esa familia”.

Los padres, ante el fiscal Herrera admitieron que lo golpearon varias veces, pero dijeron que ello no había ocurrido los días previos a su desaparición. Relataron lo que hicieron desde el jueves para encontrarlo, y aseguraron que no mataron a su hijo. “Creo que fue un accidente”, dijo el padre. “¿Usted es papá?, imagínese cómo me siento... con lo que pasó... no sé qué pudo haber pasado”, le dijo Guerra al investigador.

“Cómo pueden pensar que una madre haya matado a su propio hijo... Cómo pueden pensar que una madre cause dolor a algún hijo”, se lamentó Beatriz. “Fue un accidente; él era muy travieso como algunos chicos de su edad. Cuando jugaba con sus hermanos, se metía debajo de la cama. Estaba allí largo rato y no podían encontrarlo. Pero nunca se había escondido en el tacho”, dijo. La mujer recordó cómo su hijo la consolaba cuando estaba enferma. “Era el único de mis hijos que me cuidaba; se tendía a los pies de mi cama y me decía: ‘no llorés, mamá, ya te va a pasar el dolor’... Pero este dolor no pasa ni pasará”, añadió.

Herrera se mostró inflexible. Sólo autorizó a los padres que estuvieran un par de horas en el velorio. Luego, con sólo sospechas, logró que el juez Francisco Piza les dictara la detención y luego la prisión preventiva. “¿Por qué nos hacen esto? Somos inocentes. Nuestro hijo murió, y ni siquiera hemos podido estar cuando lo enterraron. ¿Cómo pueden pensar que nosotros lo matamos?”, dijeron sin dejar de llorar los padres de la víctima.

La teoría

Los investigadores, desde un primer momento, elaboraron una teoría. Según su hipótesis, “Jorgito” se había enojado porque su madre no lo había dejado ir a los videojuegos y decidió esconderse en el tacho de plástico de 200 litros y, al quedarse dormido, murió asfixiado. Los pesquisas tenían dos indicios para sostener esta idea: el recipiente estaba seco y la tapa, apoyada, pero no sellada. Además, el subcomisario Enrique García, el mismo que años después sería condenado por haber realizado maniobras de encubrimiento en el crimen de Paulina Lebbos, dijo que junto al tacho había otro recipiente más chico, donde quedaron marcadas las pisadas del niño.

Esa teoría se fortaleció cuando se conoció el resultado de la autopsia que se le practicó al niño. El informe indicó que el pequeño no había sido golpeado y que la muerte se había producido por asfixia. Los peritos de la dirección de Bomberos de la Policía confirmaron que la tapa del tacho no era a rosca ni a presión, por lo que, de haberse metido solo, a “Jorgito” le habría bastado un simple empujón para levantarla y salir. Por ese motivo, el fiscal Herrera pensó que alguien podría haber presionado la tapa para dejarlo encerrado.

Tres meses después, se informó los datos de un estudio mucho más profundo. Esa pericia determinó que el niño había sufrido un paro cardíaco como consecuencia de la inhalación de hidrocarburos, adhesivos o solventes. Según el informe, el menor había aspirado pegamento, lo que le provocó un estado psicopático con alucinaciones que derivó en el paro. Con todas esas pruebas, los acusados permanecieron detenidos más de cuatro meses. “Este fue uno de los primeros casos en los que intervino el fiscal Herrera y, evidentemente, no quería tener problemas y eso les jugó en contra a los padres del pequeño”, explicó el defensor de ambos José Luis Chaván a 17 años de la muerte del pequeño.

El juicio

Por los diferentes planteos, el debate oral en contra de Guerra y su mujer se realizó ocho años después de haberse registrado el hecho. El caso destruyó a la familia. Chaván dijo que Banda tuvo problemas psiquiátricos. “A la noche se despertaba y le pedía a Guerra que fuera a buscar a Jorgito en el penal de Villa Urquiza. Ella misma iba varias veces a la semana a buscarlo a la cárcel. Ella lo denunció a él en varias oportunidades por cualquier cosa. Así se vengaba porque él no quería buscar a su hijo fallecido”, explicó. La pareja se terminó separando y la familia se disolvió íntegramente. “Sé que Guerra rehizo su vida y sigue trabajando en lo suyo y es muy bueno”, comentó.

Los padres llegaron al juicio acusados de haberlo introducido en el tacho que le ocasionó la muerte por asfixia. La fiscala de cámara Juana Prieto de Sólimo agravó la acusación en su contra. “No sólo es un homicidio agravado porque son los padres, sino que además actuaron con alevosía por envenenamiento u otro proceso insidioso”, sostuvo. La acusadora, en sus alegatos, cuestionó los dichos de los imputados. “Ninguno de los dos lo vio salir de la casa, pero cuando denunciaron la desaparición dijeron que vestía bermuda, remera a rayas y que estaba descalzo. Así lo encontraron”, insistió.

“Siempre lo buscaron afuera, y dicen que es porque la información que tenían decía que lo habían visto con un tal ‘Monedita’. Pero ese chico estaba en el Instituto Roca desde el 22 de noviembre”, insistió. Ese “Monedita”, según los investigadores, es el mismo que podría haber ayudado a José “Culón” Guaymás, señalado como autor del crimen de Abigail Riquel que fue asesinado el año pasado por una turba de vecinos enfurecidos en el sur de la ciudad. “Se puede matar por acción y también por omisión. Los moradores de ese domicilio no pudieron desconocer que el menor estaba pudriéndose en ese tonel”, dijo la fiscala y pidió que se los condenara a prisión perpetua.

La defensora oficial Marta Toledo, representante de Banda, señaló que no hubo ningún testigo que haya visto a los imputados suministrarle veneno o tóxico a su hijo para meterlo dentro del tacho. Contrario a lo manifestado por la fiscala, Toledo afirmó que hay indicios que muestran la inocencia de la madre.

“La autopsia dice que no tenía lesiones y que la causa directa de la muerte fue por intoxicación por solventes. Si los tóxicos estaban en el tacho se evaporaron, según los peritos”, dijo la defensora oficial. Chaván, que en el debate sólo defendió a Guerra, manifestó que la intoxicación fue autoprovocada por la víctima. “Todos los tóxicos coinciden con los que poseen los pegamentos. La perito dijo que la paz que transmitía la cara del menor, daba cuenta de que él se había automantenido en ese estado”, dijo. “’Jorgito’ no era un adicto, al parecer y por lo que dijeron los especialistas, recién estaba comenzando a inhalar pegamento y por ese motivo fue tan grave el daño que le generó esa sustancia”, repasó el profesional.

Los jueces Pedro Roldán Vázquez, Emilio Páez de la Torre y Alfonso Zóttoli, el 4 de diciembre de 2012 decidieron absolver de culpa y cargo a los acusados. Al escuchar la sentencia, Banda y Guerra, se sintieron aliviados, pero no cruzaron miradas. Ella salió primero de la sala y él lo hizo después. En las galerías de tribunales, los esperaban sus familiares a quienes abrazaron y con los que lloraron de felicidad.