04 Diciembre 2021
Juan Bautista Alberdi, en su gran discurso para la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1880, titulado “La Omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual”, dijo: “La omnipotencia del Estado o el poder omnímodo e ilimitado de la Patria respecto de los individuos, que son sus miembros, tiene por consecuencia necesaria la omnipotencia del Gobierno en que el Estado se personifica, es decir, el despotismo puro y simple”. Justificado o no, la imposición de la cuarentena y la restricción de estas libertades individuales en pos de “defendernos” de la pandemia fue aceptada por la gran mayoría de los argentinos (incluyéndome, al menos, durante los dos primeros meses de iniciado el problema en 2020). Obligaron a nuestros niños y adolescentes a perder casi dos años de educación (único medio para alcanzar el progreso), aun cuando está, y estaba, más que comprobado que este maldito bicho no los afectaba de igual manera que a los adultos mayores. Cuando llegaron las vacunas se optó por adquirir las más flojas de publicidad en sus estudios y, para rematar, en pocas cantidades, llegando al punto de exponer a los adultos mayores a una vacuna cuya provisión de segundas dosis fue en general escasa y fuera de las recomendaciones de intervalos entre dosis del mismo laboratorio proveedor. Dada esta última situación, se metieron con la integridad física y la libertad de disponer de sus cuerpos de estas personas forzándolos a mezclar vacunas sin siquiera tener un estudio preliminar que lo avalase. Por fortuna, y no por ciencia (ninguna alcanzó aun la fase 4), las vacunas fueron todas un éxito y realmente salvaron muchas vidas en Argentina y todo el mundo. Hoy el gobierno, en un nuevo acto del manifiesto despotismo del que nos advirtió Alberdi, pretende volver a restringir nuestros derechos de circulación y nuestra libertad de disponer de nuestro cuerpo vacunándonos o no, imponiendo el pase sanitario para prácticamente cualquier actividad que implique movernos de nuestros hogares. No hay justificativo legal (muchas, por no decir todas, de las medidas tomadas por el gobierno fueron inconstitucionales) ni mucho menos sanitario. Desde el gobierno se ha intentado instalar que hay fuerte presencia de personas antivacunas en Argentina (como, lamentablemente, ocurre en Estados Unidos, por ejemplo) y que ello ha retrasado el regreso a la “normalidad” (como si fuera que nuestros derechos naturales a la propiedad, la libertad y la vida emanaran de las disposiciones y ocurrencias del gobernante de turno); pues bien, Tucumán, según los data sets provistos por el Ministerio de Salud de la Nación, tiene poco más del 90% de su población adulta (mayores de 18) vacunados, porcentaje que llega al 95% para gente de más de 60 años. Las demás provincias manejan números que oscilan entre el 85% y el 92%. En este contexto hablar de contagios ya es totalmente espurio. Las vacunas previenen síntomas fuertes y la muerte, no los contagios, y ya casi todos los argentinos de riesgo están vacunados. Esta medida solo responde al hambre de nuestros gobernantes por controlar cada uno de los aspectos de nuestra vida privada, ejerciendo ese despotismo que tanto combatió con la pluma nuestro brillante comprovinciano Juan Bautista Alberdi.
Yaser Morales
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