Me lo propuso un amigo...

Entre los nombres que el Poder Ejecutivo ha decidido proponer figuran la esposa del juez federal número uno, Jorge Parache (Marta Cavallotti de Parache), y el yerno del ex senador mirandista José Carbonell. Se trata de Fernando Rodolfo Rivera. La primera no tuvo uno de las mejores perfomances cuando se postuló para ocupar un cargo en la Justicia Federal de Santiago del Estero. El segundo tuvo un flojo desempeño en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (finalmente, el 26 de febrero de 2001 se graduó, pero en el centro que la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino posee en Concepción). Durante su paso por los claustros de la UNT habría conseguido su mejor nota cuando rindió Derecho Penal II. Pero ese 6 contrastaría con varios 2 que no lo ayudan para que el promedio general -al menos en la UNT- alcance un 3. "Las bajas calificaciones y los escasos años que tiene como abogado no impidieron que este año haya sido ascendido -por la propia Corte Suprema de Justicia- al cargo de secretario judicial. Este vertiginoso ascenso contrasta con la situación de muchos empleados de Tribunales que, pese a la mayor experiencia, no reciben un reconocimiento desde hace mucho tiempo, advirtió en un comunicado el Centro de Funcionarios Judiciales, cuando se enteró de la propuesta.
Son dos casos emblemáticos de los que se ocuparon de hablar durante toda la semana en Tribunales y en el Colegio de Abogados. Claro que, mientras en los pasillos del Palacio tuvieron la categoría de chismes, en el edificio del frente, en Congreso 450, se sintieron en una encrucijada cuando vieron que no podían despotricar contra sus colegas. Sin embargo, se vieron obligados a criticar el sistema elegido por el gobierno de José Alperovich para designar a los jueces que, de por vida, se pondrán la venda y se aferrarán a la balanza para impartir justicia en la provincia.

Caprichos, nada más
La falta de concursos públicos de postulantes y la imposibilidad de darles participación a otras instituciones pemiten sospechar de amiguismos y de connivencias al conocerse a los candidatos. De otra manera, parientes, amigos o el mal desempeño universitario podrían ser anecdóticos, porque un examen y la conducta desarrollada hasta el momento de la postulación avalarían a los elegidos. No habría discusión; no habría chismes, ni pronunciamientos, como el que hizo durante esta semana el Colegio de Abogados. Sin dudas le costó a la entidad que nuclea a los letrados, pero la fuerza de las minorías ayudó a que los abogados elevaran la voz contra el sistema de selección. Alperovich, meses atrás, decidió que la mejor forma de designar a los magistrados de la provincia era abrir una inscripción; y de la lista de autopostulados, el Ejecutivo elegiría a quien proponer. A priori, este diseño no es garantía de idoneidad, ni de una trayectoria determinada de aquellos que ocuparán despachos en los Tribunales de Capital, de Concepción y de Monteros.
Las críticas a los elegidos no son pocas. La mayoría reconoce que a muchos les faltan antecedentes para ocupar un despacho. En ese rubro caen "doctores", como Diego Acuña, un hombre vinculado principalmente al rugby, que mantendría buenas migas con el fiscal de Estado, Antonio Estofán; María Castillo, quien apeló en la Cámara Contencioso Administrativa una sanción del Tribunal de Etica que le impuso el Colegio de Abogados por incumplimiento a los deberes del ejercicio de la Abogacía. También tendrían pocos antecedentes Mónica García de Targa y el ya mencionado Rivera.
Alperovich ha sido asesorado para que, cada vez que pueda, aclare que su gestión simboliza a la nueva política de la provincia. No puede ser esta la gran transformación, aunque del dicho al hecho...
Ese trecho está signado por las contradicciones. Llama la atención que para nombrar a un funcionario de mediana categoría en el Poder Ejecutivo, se exijan exámenes especiales; y para designar a un juez, sólo se escuche a los amigos o se tienen en cuenta las necesidades de personalidades vinculadas al poder. El riesgo es que la venda que tapa los ojos de la Justicia se corra cada vez que la fuerza del poder o del amiguismo se imponga sobre el magistrado responsable de impartir justicia.
Alperovich viene gobernando muy cómodo con la mayoría automática de la Cámara y, sin dudas, cuanto más se debilite el Poder Judicial, más tranquilidad tendrá para concretar un proyecto hegemónico. Y, sin dudas, una Justicia que se va constituyendo sin parámetros de idoneidad y sin la exigencia de los exámenes, corre el riesgo de perder independencia.
Este novedoso sistema de elegir a los futuros magistrados sin grandes exigencias fue promocionado por ser de gran transparencia y hasta elogiado, en su momento, por el vocal de la Corte, Alfredo Carlos Dato. Desde la Casa de Gobierno se lo defendió porque cualquier ciudadano estaría en condiciones de impugnar a un candidato. Eso es absolutamente cierto, pero Tucumán está sumida en un pozo de degradación institucional. Más de un ciudadano prefiere no quejarse para evitar un conflicto posterior o para no sufrir consecuencias posteriores. Las garantías constitucionales ni siquiera son conocidas verdaderamente por los ciudadanos. No es un fenómeno tucumano solamente, sino argentino, tal cual lo señalan estudios de las Naciones Unidas.

Una ficha del jurismo
Este tipo de designaciones no es privativo del Poder Ejecutivo. La Legislatura hizo lo mismo cuando designó ombudsman a Jorge García Mena. Hasta ahora nunca se supo cuál fue el criterio para descartar a siete decenas de candidatos, ni cuáles eran las virtudes que tenía el hombre cercano al vicegobernador Fernando Juri. El hombre que preside la Cámara, junto a su primo Fernando Juri Debo, también parece que hubiera influido a la hora de la designación de jueces, ya que su amigo Mario Reinaldo Velázquez es número puesto para hacerse cargo del juzgado Correccional y de Instrucción del Centro Judicial de Monteros.
El senador norteamericano Edward Kennedy llegó a sugerir: "las cosas, en la política, son como en las matemáticas: todo lo que no es totalmente correcto, está mal".
Las palabras dichas en otras estructuras y en otros tiempos no siempre ayudan, pero tal vez sirvan para que un gobernador, un vicegobernador y un vocal de la Corte contribuyan a que aquellas cosas que no aportan transparencia, ni contribuyen a mejorar las instituciones, sean modificadas.
No se trata de nombres de hombres y mujeres de nuestra sociedad, sino de modificar y de perfeccionar un sistema de selección para que las influencias queden de lado y las instituciones se fortalezcan. Así, la balanza de la Justicia tendrá menos chances de descalibrarse.