La Zona Franca ganó una batalla judicial

El consorcio Zona Franca Tucumán SA ganó una batalla en su intento por impedir que la Dirección Nacional de Aduanas cobre derechos de exportación por las mercaderías que se movilizan y se producen en el complejo industrial ubicado en Los Vallistos (Cruz Alta). El juez federal Nº 1, Jorge Parache, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la firma y ordenó la inmediata suspensión de la fuerza ejecutoria de la Instrucción 6 de Aduanas, que interpretó como correcto y categórico el cobro de las retenciones.
La decisión del magistrado ya fue comunicada al organismo dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Además, en sede judicial, existen otros cinco planteos en igual sentido formulados por usuarios de la zona franca.
Los efectos suspensivos del cobro de las retenciones regirán hasta tanto la Justicia decida sobre la cuestión de fondo: una acción de amparo interpuesta por los letrados de Zona Franca Tucumán para que se declare la inconstitucionalidad de la Instrucción 6, firmada por el titular de Aduanas, Ricardo Echegaray, el 10 de setiembre último.
En el escrito, al que tuvo acceso LA GACETA, Parache señala que el ingreso de mercaderías nacionales a una zona franca no es asimilable a una exportación definitiva por parte del que introduce sus productos a la misma. "Por ello cabe concluir que ni la introducción ni la extracción de mercaderías desde una zona franca deben estar gravadas con tributos", agrega.
El magistrado deja en claro que el despacho favorable a la cautelar peticionada por Zona Franca Tucumán no entorpecerá la recaudación fiscal. Sobre la Instrucción 6/2004 de Aduanas, Parache fundamenta que se encuentra justificado el dictado de la cautela, ya que "produjo un estado de incertidumbre jurídica en la parte actora (la concesionaria) respecto de su aplicación en la actividad particular que se realiza en la zona franca".

Centros productivos
La decisión de la Dirección General de Aduanas había generado una fuerte preocupación entre los concesionarios y los usuarios del parque industrial tucumano. A tal punto que el presidente de Zona Franca Tucumán, Luis Cebe, consultado por nuestro diario, señaló que cambió las reglas de juego y paralizó la actividad del complejo industrial desde el 21 de setiembre pasado, cuando entró en vigencia la disposición aduanera de aplicar derechos de exportación.
"La misión fundamental de la zona franca es brindarles a los empresarios tucumanos y de la región ventajas comparativas, en un marco de seguridad jurídica a sus inversiones, y permitir que otras firmas vengan al interior del país y no se queden en áreas portuarias", indicó el ejecutivo.
Cebe expresó que las zonas francas, por la Ley Nacional 24.331 y por el Código Aduanero, tienen delimitados su marco de acción y las exenciones impositivas. "La instrucción de Aduanas se constituye en un golpe absoluto contra las economías regionales, ya que los establecimientos industriales son, en definitiva, un centro productivo y generan mano de obra", puntualizó. Según el empresario, en la Zona Franca Tucumán trabajan alrededor de 500 operarios entre permanentes y temporarios.
El parque industrial tucumano no fue el único en accionar judicialmente contra Aduanas. Con anterioridad, la Zona Franca de Güemes (Salta) y sus usuarios obtuvieron una medida similar a la dictada por Parache.