25 Noviembre 2021
Leí con atención en LA GACETA la definición de la situación del juez Stoyanoff, juzgado por el Jurado de Enjuiciamiento instituído por la reforma constitucional local del 2006, integrado por legisladores, un miembro de la Corte Suprema, un representante de los abogados y un representante del Poder Ejecutivo. En la reforma constitucional federal de 1994 ya se había incorporado esta institución, conformado en forma parcialmente diferente por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal, excluyéndose a un representante del Poder Ejecutivo, toda vez que está establecido, en el art.109 de la Constitución Nacional, que “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Lo que me produjo alarma e indignación fue que este Jurado estuviese presidido por Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema, quien fue acusado por el juez Pedicone de pretender condicionar su labor en una denuncia penal contra un legislador provincial. Pedicone presentó como prueba audios que fueron, en su momento, certificados en su autenticidad por un funcionario del Poder Judicial, en los cuales se acreditaba su acusación. Esta prueba fue desestimada por el recientemente destituído juez Pisa. Pedicone fue removido como juez por otro Jurado de Enjuiciamiento, con votos en disidencia del legislador Walter Berarducci y de Daniel Posse, quien entonces presidía aquel Jurado. Que Daniel Leiva presidiera este nuevo Jurado, luego de estos hechos conflictivos con Pedicone, genera mi profundo desaliento e indignación. Leiva no está en condiciones de ejercitar este tipo de rol institucional ni juzgar a nadie en reclamos judiciales hasta tanto no se resuelva, con sentencia definitiva firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, tanto a nivel local, como nacional y en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la apelación interpuesta por Pedicone contra la resolución del Jurado de Enjuiciamiento que lo destituyó. Sobre estos hechos institucionales, de indudable gravedad institucional, pido que los partidos políticos con representación parlamentaria en nuestra provincia, den públicamente su opinión al respecto. No pueden ni deben callar.
Luis Iriarte
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