No permitamos que se enseñe a discriminar

Mariana B. Salmerón

Bioquímica Microbióloga

Desde que comenzó la pandemia, el sistema educativo viene sorteando obstáculos de los que no se ha podido recuperar. Aún no es posible dimensionar el daño provocado en la calidad educativa de todos los niveles, luego de haber pasado meses de virtualidad, en los que niños y adolescentes invirtieron más energía en adaptarse a la modalidad de las clases por zoom, que adquiriendo nuevos contenidos y conocimientos.

Tan o más grave es lo que se ha perdido en el ámbito del aprendizaje emocional y de sociabilización.

Las experiencias humanas de interrelación con pares son fundamentales en todas y cada una de las etapas de la vida desde el jardín de infantes. Con respecto al cursado universitario, también se han perdido horas valiosas en la formación de futuros profesionales en las carreras donde las prácticas experimentales, son irreemplazables.

La presencialidad es fundamental para que el proceso educativo recupere su calidad de manera integral, y no sólo desde el punto de vista académico. En base a esto debe asegurarse que todos los niños y adolescentes puedan seguir asistiendo a clases, sin ningún tipo de discriminación. En línea con lo anterior, sería inaceptable que se exija el próximo año la vacunación contra la Covid-19, como requisito de inscripción en cualquier nivel de educación. Un comunicado de la Red de Familias y Padres Organizados por la Educación, en respuesta a casos ocurridos en escuelas de Córdoba, señala que “los pedidos de información, desde las escuelas sobre la aplicación de la vacuna Covid-19 no corresponden. Son datos sensibles amparados por la ley 25.326 de protección de Datos Personales. Y cualquier actitud direccionada a coaccionar a los niños no vacunados viola las leyes 12.967 y 26.061”.

Desde la ciencia, numerosos estudios exponen que la intención de reemplazar la inmunidad natural por inmunidad artificial, no ha dado buen resultado, lo que se evidencia con el ejemplo de Israel, uno de los países con mayor porcentaje de población vacunada, donde trabajos científicos muestran que las personas inmunizadas de manera artificial tienen mayor riesgo de contagiarse, enfermarse y necesidad de internación frente a las nuevas variantes como la Delta, en comparación con las personas inmunizadas de manera natural.

El escándalo generado por la recomendación desde las autoridades sanitarias de aplicar una de las varias vacunas disponibles en niños argentinos desde los tres años de edad, sin contar con resultados de estudios clínicos de seguridad y eficacia en ese rango etario, ha sentado un precedente marcado a fuego en los padres. Fueron muchos los que dudaron, pero igual permitieron la inoculación de sus niños, confiando en las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y minimizando el instinto de protección de sus hijos.

Pero luego de este incidente, serán más los padres que con toda razón y criterio lógico decidan esperar, en base a la falta de evidencia científica, sobre la seguridad y eficacia de las vacunas contra la Covid-19.

Tampoco es aceptable que se exijan test de PCR a los alumnos no vacunados, eso sería sencillamente discriminatorio, por dos razones: primero, el test de PCR detecta segmentos de una secuencia genética, no partículas virales viables, por lo tanto, un resultado positivo no puede equipararse directamente con presencia de infección ni de infectividad, como múltiples artículos científicos lo han expuesto y explicado; y segundo, también se ha evidenciado en estudios publicados en revistas científicas, que las personas vacunadas no solo que también se infectan, si no que tienen cargas, mal llamadas virales, similares a los casos no vacunados y pueden también transmitir la infección de manera eficiente en entornos domésticos, incluso a contactos completamente vacunados.

Esperemos que no se repita el ejemplo de lo sucedido en referencia al uso de barbijos, donde el Ministerio de Salud lo sugirió como modo de protección, pero desde el Ministerio de Educación se los hizo obligatorios dentro de los Protocolos Escolares para volver a la presencialidad, no estando la implementación de una intervención sanitaria dentro del ámbito de injerencia de este último Ministerio.

La razón es muy simple, cualquier intervención sanitaria, tanto de aplicación a nivel individual como colectiva, debe ser abordada por personas competentes para evaluar el balance riesgo/beneficio y el impacto en la salud general sobre las personas. A pesar de esto, nuestros niños y adolescentes siguen teniendo que estar varias horas con barbijo, lo cual afecta su capacidad cognitiva, al impedir un correcto intercambio gaseoso, mientras que, actualmente, en otros ámbitos, cada individuo decide casi libremente si los usa o no, y sin que nadie advierta que su mal uso es más riesgoso que no usarlo.

Tengamos presente que, lo que nuestros niños y adolescentes ven y experimentan es lo que mejor aprenden, más allá de los contenidos académicos que se les puedan transmitir.

No permitamos que justamente el ámbito educativo sea el escenario donde se ostente discriminación y no se respeten derechos individuales como el derecho a la educación y de la privacidad de las personas.