Las principales actividades antrópicas que impactan sobre el ambiente y los ecosistemas tucumanos son: Las industrias sucroalcoholera y cítrica, los mataderos y/o frigoríficos, los agroquímicos que se usan en los cultivos, los derrames cloacales, los residuos sólidos urbanos, las inundaciones, los desmontes, las construcciones en los piedemontes, etc. Los tucumanos soportamos: Quema de cañaverales, vinaza, cachaza y una mezcla de efluentes tóxicos en estado líquido, sólido y gaseoso, que provienen de otras actividades fabriles. En el año 1991 (hace 30 años), por Ley N° 6.253, fue creado el Consejo Provincial de Economía y Ambiente (CPEA) de Tucumán. El CPEA está conformado por representantes del gobierno de turno, organizaciones ambientales no gubernamentales, empresas y sindicatos con personería jurídica y las universidades locales (UNT, UTN, Unsta). Opera en el ámbito de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (SEMA), con conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo y sus decisiones tienen carácter vinculante para la administración provincial. Dentro de sus funciones, entre otras, están la de delinear la política ambiental, formular proyectos que permitan la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, aprobar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), lo que permite otorgar los Aptos Ambientales (Ap. A) a los proyectos. Lo grave, institucionalmente, es que el CPEA, frente a los daños ambientales, permanece sordo, ciego y mudo. Sus miembros olvidaron los principios básicos de una gestión ambiental eficiente y eficaz, a saber: a) De prevención b) De congruencia. c) Precautorio. d) De responsabilidad e) Subsidiaridad. f) Sustentabilidad y otros. Además, por la falta de acceso a la información pública, los ciudadanos no sabemos lo que hacen, quiénes son, cómo lo hacen y por qué (algo fundamental en un sistema de gobierno democrático). Tampoco se da participación al público, ni se consulta a las personas afectadas por los agentes contaminantes. Cuando revisé los EIA de las plantas de Tafí del Valle y de San Andrés, aprobados por el CPEA y con Ap. A otorgados, detecté falencias y errores graves, los que fueron puestos por escrito, en conocimiento de la SEMA. Por ello, solicité a la DMA, mediante Expediente 60/300-S-20 y otros, nómina de quienes conforman el CPEA, organismo al que representan y títulos habilitantes e incumbencias que poseen, para tomar decisiones en temas ambientales. A la fecha, sin respuesta. Tucumán forma parte de una república democrática, pero en la práctica se parece a una monarquía absolutista. Pasaron años y ya es hora que el CPEA cumpla con la misión para la que fue creado.
Juan Francisco Segura
