Una causa de violencia de género que iba a resolverse mediante la suspensión de un juicio a prueba sufrió un inesperado giro antes de que comenzara a tratarse la audiencia. El 9 de noviembre el juez Guillermo Puig, del juzgado Correccional Conclusional de la capital, notó un comportamiento extraño en la víctima cuando las partes se predisponían a iniciar debate por zoom, por lo que consideró prudente que la mujer fuera oída primero por especialistas que detectaron que seguía inmersa en un contexto de violencia de género.
Los psicólogos de la oficina de Asistencia a la Víctima le comunicaron al magistrado que la víctima “desde hace cinco años vive en una situación cíclica de violencia física, psíquica, económica y ambiental”. A su vez, le informaron que la mujer había denunciado a su abogado. “Manifiesta que el letrado la representa formalmente a ella, pero que en realidad estaría representando los intereses del acusado”, explicaron.
Tras escuchar a los profesionales, el juez suspendió la audiencia y dos días después los convocó para explicar que aplicando la perspectiva de género, correspondía modificarse la acusación que presentaba el fiscal Abel González por lesiones leves agravadas por violencia de género. La razón de modificarse era que estaban ante una modalidad de delito continuado, por lo cual la causa no prescribiría (era un riesgo para este legajo de 2018).
El magistrado basó su resolución principalmente en la convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. De esta manera, fijó fecha para el juicio oral, y pidió que el tema sea tratado de manera integral y que la oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia realizara un informe sobre la denunciante. “Hay jurisprudencia para casos así en los que el delito no fue un momento, sino que es continuo y se vuelve una cadena. Esto se aplica en varias causas de delitos sexuales y de violencia de género”, le dijo a LA GACETA una importante fuente judicial.
Se ordenó la colocación de un dispositivo dual al acusado y de una consigna policial para la víctima. El litigante denunciado fue removido del caso y se le pidió al Colegio de Abogados que analice si corresponde sancionarlo.
