Raúl Natella
Ex secretario de Obras Públicas
“En la memoria de los pueblos solo son y serán recordados aquellos que tuvieron una visión geopolítica y que hicieron en su gestión hincapié en las grandes y estratégicas obras tanto públicas como privadas”.
En todo Gobierno debe existir capacidad y predisposición para saber conjugar el presente con el futuro buscando como objetivo común, en ambos casos, el crecimiento y el bienestar del pueblo de cara al futuro.
Para llegar a esta situación es menester partir de un exhaustivo y certero diagnóstico de las distintas necesidades de la provincia y plantear objetivos geopolíticos estratégicos y de Estado que sean desarrollables y sustentables por los sucesivos gobiernos.
Sin omitir las situaciones económicas, políticas y sociales -particulares para cada tiempo y para cada gobierno-, es fundamental elaborar con profesionales capacitados y especializados “planes directores” objetivos, cualitativos y de largo plazo, que contemplen proyectos que tiendan a solucionar en forma permanente problemas endémicos en todos los ámbitos ya sean: sociales, culturales, productivos, educativos, sanitarios, etc. Todo esto va concatenado con instituciones sólidas y fuertes, con capacidades profesionales, técnicas y operativas que puedan hacer realidad estas proyecciones.
Para el fortalecimiento y funcionamiento institucional de las obras publicas se debe tener una visión orgánica y operativa “interna” y otra “externa”, las cuales deben estar perfectamente entrelazadas entre sí a los efectos de evitar una disgregación que haga perder efectividad cualitativa y estratégica a través del tiempo.
En lo “interno” tiene que existir una precisa cooperación y coordinación entre las distintas reparticiones que conforman el organigrama funcional de Obras Públicas, las cuales necesitan estar estrechamente vinculadas mediante planificaciones que sean compatibles en todas las tareas que requieran la participación específica de cada una de ellas en cuanto a proyectos y acciones operativas de sus cuadros profesionales y técnicos, respetando al máximo “las incumbencias profesionales” en cada uno de los organismos; aun en aquellos que por distintas razones fueron intervenidos, procurando bregar insistentemente para su normalización ya que el poder perpetuo, sin alternancia, constituye un riesgo permanente a caer en la insuficiencia, jactancia e inmoralidad.
Para ello es menester, solamente, aplicar y hacer cumplir las normas jurídicas que fundamentaron oportunamente las necesidades para que sean concebidas.
De esta manera, con profesionales probos dirigiendo cada una de las reparticiones se evitaría que el trabajo mancomunado se vea afectado cualitativamente con el consecuente perjuicio económico y social que implicaría.
Con esta revisión se tiende, por un lado a maximizar los recursos del Estado actuando como unidad de cuerpo y por otro impulsar que cada organismo actúe de acuerdo a sus límites operativos, específicos y jurisdiccionales, evitando que procedan como “compartimientos estancos”, adjudicándose y cumpliendo tareas ajenas a su especificidad, descuidando obras de su competencia y por tanto desvirtuando los motivos y funciones para las que fueron creadas, sumiéndose en una dispersión de objetivos en ámbitos totalmente ajenos a su profesionalidad, lo cual implica no tan solo una importante pérdida de tiempo y dinero, sino también que el resultado cualitativo de sus trabajos dejan mucho que desear.
La falta de instituciones capacitadas y ordenadas repercute en el nivel de vida de vastos sectores de nuestra población, que hoy se ven afectadas por falta de agua potable, falta de sistemas cloacales o en su defecto por derrame de líquidos cloacales, rutas en estados calamitosos y sin señalizaciones, puentes y canales colapsados, inundaciones en numerosas localidades, etc.
Esto en definitiva significa preservar y hacer valer el “fortalecimiento y la calidad institucional” imprescindible en toda política de Estado.
En cuanto a lo “externo” debemos estar persuadidos de que las obras y servicios públicos son fundamentales para articular y coordinar las necesidades de todas las áreas del Gobierno, en donde lo técnico y lo profesional mantengan un perfecto equilibrio con lo político para que los proyectos se materialicen.
Si obviamos estas consideraciones previas se nos presentaría un panorama harto difícil de concretar y una acción de gobierno que por su disociación se transformaría en un problema intrínseco a las desacertadas gestiones llevadas a cabo.
Sin este esquema conceptual, orgánico y funcional de las obras públicas tendríamos por ejemplo que:
a)- la actividad turística, llamada “la industria sin chimenea”, sin la infraestructura de vías de comunicaciones, transportes adecuados, agua potable, electricidad, gas, etc, se encontraría en una situación marcadamente desventajosa.
b)- la educación sin cantidad y calidad de escuelas ediliciamente dignas, sin agua potable, electricidad, vías de comunicaciones y transportes adecuados y en condiciones.
c)- la Seguridad con comisarías, alcaldías, cárceles y centros de contención de menores en estados deficientes.
d)- la Salud sin hospitales dignos y aptos o centros asistenciales inoperables por deficiencias edilicias y falta de mantenimiento.
e)- los Pueblos ubicados en el piedemonte devastados por inundaciones causadas por falta de sistematización de cuencas y ríos o por la tala indiscriminada sin ningún tipo de control estatal y sin conciencia privada.
f)- la agricultura e industria sin poder extraer su producción por falta de vías de comunicaciones carreteras y ferroviarias en óptimas condiciones, acrecentando pérdidas y costos por las inadecuadas y mayores distancias de transporte hacia los correspondientes puertos de embarque y atentando directamente en desmedro de las economías regionales.
Estas serían solo algunas de las consecuencias por la retracción de obras por falta de coordinación de las distintas áreas del Estado, en donde la obra pública es la columna vertebral alrededor de la cual giran y dependen todos los organismos del Estado.
Los endémicos acontecimientos de desbordes de ríos, puentes colapsados, canales semidestruidos, colmatados e insuficientes, poblaciones inundadas, rutas provinciales cortadas y rutas nacionales que ya no son garantías de transitabilidad, etc, no deberían ser noticia ya que los expertos vienen hace bastante tiempo atrás, anticipando estas realidades de falta de ejecución y de mantenimiento. Se estima que por un peso que no se invierte en mantenimiento, luego tiene un costo no menos de tres veces mayor.
Sencillamente pasa lo que recurrentemente se da en nuestra provincia, se priorizan obras coyunturales relegándose aquellas estratégicas de largo alcance y desaprovechando oportunidades únicas e irrepetibles en momentos económicos favorables que posibilitaron el acceso a aportes nacionales e internacionales no reintegrables para concretar las mismas, perdiéndose inmejorables oportunidades de concretar obras largamente anheladas y necesarias, las cuales una vez más, se ven postergadas hacia una nueva conveniencia que no siempre en nuestro país y con una economía tan fluctuante es posible a corto plazo.
Hay que entender que todas las obras y servicios públicos deben ser consideras “políticas de estado”, pues son la base para el desarrollo sustentable que al margen de generar empleo directos e indirectos son el enlace de un universo de actividades que amalgaman lo económico con lo social.
Se estima, según fuentes internacionales calificadas, que la obra pública en pleno representa el 20% del empleo total, considerándose como empleo total a la máxima cantidad de mano de obra calificada y no calificada que se puede utilizar dentro de una economía en un momento dado. Se estima por mitad entre empleos directos e indirectos. Por su efecto multiplicador se estima que del 100% de pesos que se destinan a las distintas construcciones, el 43% se emplea para compra de servicios y materiales que se ofrecen en aproximadamente 63 ramas económicas que integran la cadena productiva de la construcción.
Además contribuye a fortalecer la industria nacional en sus procesos de producción, distribución y comercialización, haciéndola más productiva y competitiva. Por otra parte al ejecutar las infraestructuras con una correcta planificación se van creando las condiciones para tentar a los capitales privados a invertir, de manera que “las obras publicas estén siempre delante de las obras privadas” y no a la inversa, como viene presentándose en las últimas décadas.
