TRABAJO CONSTANTE. Durante la pandemia aumentó el número de construcciones, muchas de las cuales ponen en peligro incluso a los vecinos. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Desde que se inició la pandemia por la covid-19, en la zona de los Valles Calchaquíes se produjo una explosión de loteos y construcciones. Este fenómeno estuvo impulsado por las restricciones sanitarias que impidieron a la gente salir a otras provincias o países y decidieron invertir en el ámbito local. Es en la zona de El Mollar en donde este florecimiento urbanístico fue más notorio y que, al mismo tiempo, adquirió características descontroladas y preocupantes. No lo fue tanto en Tafí del Valle, ya que la Dirección de Catastro actuó, en varios casos, tratando de hacer respetar el Código de Edificación que data de los años 90.
En El Mollar se levantaron construcciones hasta en el Cerro El Pelao. Este hecho obligó a la Legislatura tucumana a dictar una ley que prohíbe las edificaciones en alturas. “En los valles no se controla casi nada. Y eso se advierte más en el sector de El Mollar. Esto genera mucha aflicción porque hay un desborde que nos conduce a algo impredecible en corto tiempo. Por eso la provincia, las comunidades originarias, la comuna y el municipio, deben juntarse para discutir un ordenamiento territorial que contribuya a un desarrollo urbanístico sustentable”, planteó el arquitecto Osvaldo Merlini. “Este caos lleva a excesos en la generación de basura y escasez de agua potable. No hay respuesta ante el avance urbanístico sin previsión. Se construye en cualquier lugar”, advirtió el profesional.
El desorden es admitido en parte por el delegado comunal de El Mollar, Jorge Cruz, quien explicó que está ocupado en el tema. “Nuestra jurisdicción es mayor que la de Tafí del Valle. Y aunque tenemos un área de Catastro, carecemos de una estructura jurídica y de personal que nos permita desplegar un control eficaz de obras en todo el territorio. Controlamos, pero nos está haciendo falta más gente y un Tribunal de Faltas que ejecute el cobro de las multas”, expuso. Frente a la deficiencia en cuestión, el funcionario dijo que la dependencia a su cargo trabaja en un Código de Planeamiento Urbano que procura tomar varios puntos del que rige en Tafí del Valle. “Queremos estar en armonía con las normas de ese municipio. Con la Secretaría de Comunas se está en procura de establecer una forma de cobrar las multas a infractores”, añadió el delegado.
Leandro Giobellina, funcionario de Catastro de Tafí del Valle, dijo que los inspectores de esa repartición no descuidan los controles de los permisos de obra. Uno de los últimos procedimientos desencadenó la suspensión de trabajos con maquinarias en la zona de Los Ojitos, donde se juntan los ríos Blanquito y La Banda. La comunidad originaria del lugar denunció que la empresa instalada ahí desvió el primero de los cauces y rellenó el tramo que desemboca en el río La Banda con el fin de ganar terreno para un loteo. “Los trabajos no estaban autorizados. Requerían de varios procesos contemplados en la ley de loteos. Por eso se los paró. Se trata de hacer cumplir los reglamentos que garantizan construcciones en sectores autorizados y que dispongan de todos los servicios esenciales”, insistió Giobellina.
Por su parte, el cacique Santos Pastrana advirtió que “hay casas que se levantaron en sectores peligrosos, desafiando la naturaleza, cerrando cauces de arroyos o acequias”. “Nosotros tratamos de que esto no siga así. Es que tarde o temprano la madre naturaleza nos puede castigar. Ya una vez el Blanquito nos pegó un susto”, recordó.








