PROTAGONISTA DE CINCO SUMARIOS. Lídoro Macedo, juez de Paz.
El desempeño del juez de Paz de Estación Aráoz (Leales), Lídoro Alberto Macedo, será evaluado por la comisión de Juicio Político de la Legislatura por segunda vez en un par de años. Hubo miembros de la Justicia más denunciados que Macedo, pero ninguno exhibe como antecedente que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán haya firmado dos pedidos de destitución. Al término del quinto sumario administrativo ordenado contra el funcionario en la última década, los vocales del alto tribunal precisaron que se trataba de un transgresor reincidente. Al igual que en el pasado, fue la celebración irregular de bodas a domicilio la que colocó al juez de Paz al borde de perder su trabajo.
La Acordada 1.154/21 establece una batería de medidas para castigar a Macedo. Adicionalmente a la solicitud de expulsión, los supremos Claudia Sbdar (presidenta), Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos aplicaron al funcionario una suspensión de 45 días corridos sin goce de haberes. Además, remitieron la pesquisa interna al Ministerio Público Fiscal para que investigue la posible comisión de delitos. Si todo prospera, Macedo perderá un mes y medio de haberes antes de quedarse sin su cargo y, además, podría recibir una condena penal.
La comisión de Juicio Político que preside el legislador oficialista Raúl Ferrazzano resolvió activar esta nueva acusación y solicitó explicaciones al funcionario. Pero en 2019, por sucesos similares, el comité legislativo incurrió en un proceder sin precedentes: desechó la denuncia y se la devolvió a la Corte para que sea ella la que discipline a Macedo. Fue una decisión singular por partida doble porque nunca antes había sido descartada una solicitud de expulsión rubricada por el alto tribunal en su potestad de superintendencia de la Justicia y porque los vocales ya habían dicho que acudían a la solución drástica del despido porque los otros castigos de menor gravedad no habían dado resultado.
El blindaje de hace dos años sirvió de poco. La Corte consideró probado que Macedo extrajo anómalamente los libros del Registro Civil en una ocasión para celebrar casamientos fuera de su jurisdicción -servicio que significa una fuente de ingresos extraoficial- y en otras los llenó con datos apócrifos, como habían expuesto sus colaboradores y, en particular, el prosecretario del Juzgado, Carlos Roberto Fauze. En paralelo, el juez de Paz dejó plantados a unos novios con cita pactada para casarse en las dependencias de Estación Aráoz. Según el alto tribunal, quedó acreditado que quien debía celebrar las nupcias decidió faltar injustificadamente.
Fauze informó a las máximas autoridades de la Justicia de Paz que su jefe había actuado de un modo cuestionable en agosto de 2019, mientras los integrantes del Poder Legislativo sopesaban la petición previa de la Corte que terminaron archivando. En ese momento, Posse ejercía la presidencia del estrado: en tal carácter, dispuso la primera investigación sumaria que a la postre desembocó en la apertura del quinto sumario en marzo.
Fauze expuso que Macedo había “apalabrado” a la empleada Silvana Soraire para que “en forma secreta” le proporcionara los libros de matrimonio. Como Soraire no accedió, el juez de Paz subrogante (originalmente ejercía funciones en San Pablo, pero la Corte lo trasladó por las denuncias que recibió allí) habría presionado a sus colaboradores David Jiménez y Nancy Albarracín hasta lograr su objetivo. Albarracín declaró que Macedo se presentó en su vivienda particular para reclamar con urgencia las llaves del Juzgado y que su hija se las entregó por tratarse de un superior. Así fue que sacó los libros sin permiso del Registro Civil. Luego quedó en evidencia que Macedo labró actas cuyo contenido no se correspondía con la realidad.
“Intereses mezquinos”
Los vocales consideraron que el accionar del juez de Paz había vulnerado numerosas disposiciones legales vigentes. Sbdar, Estofán, Posse, Leiva y Rodríguez Campos dijeron que la defensa de Macedo no había logrado desbaratar las faltas que la investigación administrativa le atribuía, y destacaron que aquel se dedicó a atacar a los miembros de su equipo que habían decidido alzar la voz frente a los abusos y excesos.
Según la Acordada 1.154 del 8 de septiembre pasado, el juez de Paz dijo que durante toda su trayectoria en la Administración Pública había obrado “dentro del marco legal pertinente, de buena fe y con sujeción fiel a las funciones” que le asignaron. En su descargo, Macedo recordó que la comisión de Juicio Político de la Legislatura se había pronunciado a su favor tras un cuarto sumario “del que había sido víctima” iniciado como consecuencia de otra presentación de Fauze. “Surge de manera palmaria e indubitable que dicho funcionario tiene un encono hacia mi persona, y que despliega un proceder persecutorio y malicioso hacia mí”, manifestó. Y atribuyó al prosecretario “intereses mezquinos”: “su propósito es la iudicatura de Paz que detento”.
Macedo también arremetió contra el secretario a cargo de la Inspección de los Juzgados de Paz, Raúl Scrocchi. De él dijo, siempre en función de la reseña de la Corte, que “había sido parcial” en su contra de forma reiterada. El juez de Paz citó como ejemplo de esa actitud el hecho de que Scrocchi se haya abstenido de trasladar justamente a Fauze, como él había requerido con fundamento “en los comportamientos extraños” del prosecretario. Macedo asignó a Fauze “la percepción de honorarios profesionales a cambio de practicar gestiones” por cuenta de ciudadanos que acudían al Juzgado de Paz.
La Corte afirmó que el funcionario objetado no había presentado pruebas de sus manifestaciones. “La irresponsabilidad y la falta de probidad del funcionario Macedo deben ser objeto de reproche disciplinario. Sus acciones logran afectar la credibilidad de la ciudadanía en la Justicia”, añadió. Sbdar, Estofán, Posse, Leiva y Rodríguez Campos acotaron que el interés público exigía una conducta ejemplar, y que Macedo estaba en las antípodas de ello.
Tres sanciones previas para Macedo
En 2011, la Corte suspendió cinco días sin goce de haberes a Macedo por “propasarse” en la resolución de un amparo a la simple tenencia, y por morosidad.
En 2012, los vocales constataron las anomalías detectadas por la jueza Elena Gasparic y sancionaron a Macedo con otros 15 días de suspensión.
En 2017 comenzó el cuarto sumario. Dos años después, la Corte pidió la destitución del juez de Paz por primera vez a la Legislatura.
Pedido de explicación: está corriendo el plazo para que el juez de Paz dé una contestación a Juicio Político
En la misma reunión en la que resolvió archivar los planteos contra el ex ministro de Seguridad Ciudadana, Claudio Maley, la comisión de Juicio Político de la Legislatura trasladó al juez de Paz de Estación Aráoz (Leales), Lídoro Alberto Macedo, el segundo pedido de destitución firmado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en los últimos dos años. Macedo ha de contestar la denuncia de mal desempeño, y, a continuación, la comisión resolverá si promueve o no su destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento. Ese órgano creado en 2006 debutó 12 años después con la expulsión de dos jueces de Paz, Pedro Antonio Núñez y José Solano Lazarte.
