Victoria Tolosa Paz
Durante la última semana de octubre, y antepenúltima semana de la campaña electoral, el fantasma de las interrupciones institucionales volvió a agitarse en la Argentina. Lo azuzó la candidata a diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, cuando sostuvo que la oposición busca, mediante la “disparada” del precio del dólar “blue”, generar condiciones para jaquear al Gobierno de Alberto Fernández. La ex titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales usó un término específico: “golpe blando”.
“La oposición política y sus resortes, en momentos electorales, siempre han tendido a que haya una devaluación de nuesta moneda, es lo que sueñan hacer de acá al 14 de noviembre, dar un timonazo para poner, obviamente, más complicada la situación económica”, aseveró durante una entrevista de radio. “Como dicen en el mundo, los golpes blandos. Arruinar al Gobierno tiene que ver con tensar y generar condiciones muy adversas para que la vida se le complique a más cantidad de personas y eso genere lo que están pensando: debilitar y hacer un golpe blando a este gobierno en materia económica, materia comunicacional y en cada una de las que puedan”, afirmó.
No tardaron en surgir las réplicas opositoras desautorizando la denuncia y cuestionando a la postulante. También tomaron distancia de Tolosa Paz los propios oficialistas, como Leandro Santoro, candidato a diputado del FdT por la ciudad de Buenos Aires, quien sostuvo que para formulación semejante acusación había que tener pruebas y que él no contaba con ellas.
La cuestión, sin embargo, ha quedado instalada. Y, sobre todo, la formulación de esa categoría dispara algunos interrogantes puntuales. El primero, indudablemente, se refiere a la definición del objeto: ¿Qué es un golpe blando?
A riesgo de reduccionismo, un “golpe de estado blando” es una conspiración para desestabilizar un gobierno por vías diferentes que la del golpe de estado perpetrado por fuerzas militares. La acepción cobró forma en 1973 (el año de la “Crisis del Petróleo”, del final del Estado de Bienestar y del encumbramiento del neoliberalismo), acuñada por el politólogo estadounidense Gene Sharp. Él describió su modalidad desde una dualidad: la conspiración mediante estrategias no violentas y la desestabilización interna y externa.
Claro está, implicar a los EEUU en estos “golpes de estado blandos”, en aquel momento de la historia, era poco menos que ineludible: el papel de la superpotencia norteamericana en los golpes de estado “duros” durante la segunda mitad del siglo XX es determinante. La política de los “buenos vecinos”, impulsada sobre todo por la administración de John Kennedy (llegó al poder en 1960, un año después de la Revolución Cubana) fue rápidamente archivada tras su magnicidio en 1963 y reemplazada por la política del “gran garrote”. El convencimiento de los “halcones” del poder político estadounidense respecto de que era más eficiente financiar golpes de estados para prevenir la expansión del comunismo, antes que tratar de convencer sobre las virtudes del capitalismo y las democracias liberales mediante programas como la Alianza por el Progreso, devino doctrina. Ratificada por el espanto que provocó en Washington la pacífica y democrática llegada al poder del socialista Salvador Allende en Chile en 1970.
Ahora bien, cuando se repasa la bibliografía de los últimos 20 años, surge que la tesis de los “golpes de Estado blandos” se ha convertido en la categoría analítica por antonomasia para abordar las crisis de los gobiernos populistas en América Latina surgidos durante este período.
En el nuevo siglo, bajo el concepto de “golpe blando” todo gobierno latinoamericano que se reivindica de izquierda (aunque las izquierdas programáticas no los reconozcan como tales) está amenazado por la derecha, que mediante el “arma económica” y el “arma mediática” desestabiliza a las “administraciones populares”, con el beneplácito de EEUU, que recupera su injerencia regional por la caída de las administraciones que desafiaban su dominio regional.
El contrarrelato de los sectores opositores a las administraciones populistas se sintetiza en que la pretensión de los “golpes blandos” es un “chivo expiatorio” mediante el cual los oficialismos no se hacen cargo de sus desaciertos: la culpa es de los otros, que siempre están conspirando.
El “golpe blando”, en ese contexto, se convierte en instrumento de la “grieta”. Sin embargo, pensar por fuera de la lógica binaria y su “blanco o negro” plantea dos cuestiones. La primera de ella es la naturaleza del concepto en términos teóricos. Y resulta que la idea del “golpe de estado blando” como una suerte de “estadio evolutivo” de los golpes de estado propiamente “hace aguas” en su abordaje desde la ciencia política.
La noción de “golpe de estado” es abordada por el sociólogo Carlos Barbé en el canónico “Diccionario de Política” de Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino. Sintéticamente, Barbé distingue tres etapas en la mutación del concepto. Tomando como punto de partida la obra “Consideraciones políticas sobre el Golpe de Estado”, escrita a principios del siglo XVII por Gabriel Naudé, plantea hasta entonces se entendía como “Coup d’Etat” a los actos llevados a cabo por los monarcas para reforzar su propio poder. Eran decisiones sorpresivas para evitar reacciones contrarias a sus intereses. Un ejemplo de Naudé: el emperador Tiberio le prohíbe volver a casarse a su cuñada viuda para evitar que los hijos que ella pudiera engendrar le disputaran el trono a los vástagos del soberano.
Con el advenimiento del constitucionalismo, dice Barbé, “golpes de estado” son los cambios de gobierno operados mediante la violación de la constitución legal de in Estado, generalmente de manera violenta y por parte de quienes detentan el poder. El ejemplo clásico es encarnado por Luis Bonaparte en 1851, cuando sepulta la II República francesa de la que él mismo era Presidente para proclamarse emperador de Francia.
Ya en el siglo XX, los golpes de estado se tornan métodos trágicamente usuales para llegar al poder, aunque con un cambio: los golpistas son ahora los jefes militares. “El golpe militar (…) se ha transformado en la forma más recurrente de golpe de Estado”, dice el diccionario citado.
“A través de este itinerario, desde Naudé hasta nuestros días, el elemento decisivo para caracterizar el fenómeno se encuentra en la respuesta a una pregunta: ¿quién lo hace0 En el primer caso, el soberano; en el segundo, el titular del poder político legal; en el tercero, un sector de funcionarios públicos: los militares”, sistematiza Naudé. En la concepción del “golpe blando”, la imposibilidad de determinar específicamente un perpetrador es lo que pone en crisis esa idea. ¿Quién da el “golpe blando”? ¿La oposición? ¿La derecha? ¿Los medios masivos de comunicación? ¿Los empresarios? ¿Los bancos? ¿Los gremios? ¿Todos ellos juntos?
La segunda cuestión a pensar por fuera del maniqueísmo bipolar de la “grieta” es el de la desestabilización. Porque, indudablemente, la historia Argentina también puede ser considerada un bestiario de esas prácticas que ponen en crisis a los gobiernos democráticos. Tanto del peronismo como del radicalismo. Y con desestabilizadores que provienen del radicalismo y del peronismo. Y de los sindicatos y de los empresarios.
A modo de economía de ejemplos, la “cuestión del petróleo” es determinante en a lo largo de casi cuatro décadas de golpes de estados perpetrados por los militares en la argentina.
“Desde la fundación de YPF en 1922, el petróleo fue el tema central en las distintas políticas económicas y generó múltiples tensiones con los países centrales y sus compañías petroleras trasnacionales. La nacionalización de ese recurso fue uno de los ejes en la campaña electoral que llevó a (Hipólito) Yrigoyen a su segunda presidencia, en 1928, y también en el golpe militar que lo depuso dos años después. Fue clave también durante el peronismo, y el famoso precontrato con la subsidiaria de la Standard Oil Company de California despertó discusiones y resistencias. (Arturo) Frondizi, que se había opuesto a esa iniciativa de Perón, publicó ‘Petróleo y política’, impugnando la cesión a Estados Unidos de ese recurso estratégico. Cuatro años más tarde, cuando llegó a la presidencia, amplió la participación del capital extranjero en el sector, en particular el estadounidense. Esta medida generó amplia oposición en los partidos políticos, en las organizaciones sindicales y también en sectores de las fuerzas armadas. (Arturo Umberto) Illia, en su campaña electoral, hizo foco en la necesidad de anular esos contratos petroleros, situación que generó preocupación en Estados Unidos. (…) La anulación de los contratos petroleros, que perjudicó a grandes capitales estadounidenses, condicionó la relación entre la Argentina y Estados Unidos durante toda la gestión de Illia y hasta el golpe de estado de 1966, que contó con la simpatía de no pocos sectores del establishment en Washington”, sintetizan Leangro Morgenfeld y María Cecilia Míguez en el ensayo “La cuestión petrolera durante el gobierno de Illia”.
Frondizi, siendo presidente del Comité Nacional de la UCR, lapidaba a Juan Domingo Perón como un traidor del nacionalismo que reivindicaba por propiciar que capitales foráneos participaran de la explotación del petróleo. Luego hizo propio con tanta convicción que, con posterioridad, fue uno de los principales cuestionadores de las políticas de Illia.
Pero en el peronismo también hay un largo registro de desestabilizaciones. Y no sólo de los “compañeros” que querían un “peronismo sin Perón”, como el gremialista Augusto Timoteo Vándor y sus embestidas contra la gestión de Illia, a quien sectores de la prensa nacional vilipendiaban calificándolo como “tortuga” a pesar de que el PBI argentino crecía por arriba del 9%, a una velocidad que daba vértigo. Más recientemente, también hay ejemplos.
El 27 de diciembre de 2012, Cristina Fernández de Kirchner, entonces Presidenta de la Nación, brindó un duro discurso contra sectores del PJ y del gremialismo por intentar una “versión decadente” y una “mala copia” de la crisis de 2001 que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa. Y sumó a su denuncia de desestabilización la crisis que liquidó el mandato de Raúl Alfonsín, en 1989, al considerar que los saqueos eran “un manual de acciones políticas” para terminar con gobiernos democráticos. “Esa metodología se inauguró en el gobierno del doctor Alfonsín con sectores políticos y fundamentalmente del PJ también”, disparó.
Pero fuera de los sindicatos (declararon 13 huelgas generales contra el alfonsinismo) y de los partidos políticos, también hubo factores de desestabilización. Una frase tristemente célebre de Juan Carlos Pugliese como ministro de Economía de Alfonsín sintetiza esa circunstancia, luego de su fracaso a lo hora de pedirle al empresariado argentino “un esfuerzo patriótico” en el desquicio económico de 1989: “Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”.
No menos desestabilizadora fue la decisión de Carlos Saúl Menem de no presentarse a la segunda vuelta electoral en 2003 (las encuestas eran unánimes respecto de una segura derrota), lo cual condenó a Néstor Kirchner a asumir la Presidencia de la Nación con apenas el 23% del apoyo popular (lo obtuvo en la primera vuelta), un índice 2% inferior al del propio Illia, con la consecuente debilidad política que representaba no llegar al poder con la legitimidad de origen que otorga un triunfo en las urnas.
La historia de las desestabilizaciones previas al 83, entonces, son instancias que propician golpes militares; mientras que las maniobras posteriores al retorno de la democracia hicieron caer gobiernos radicales y jaquearon gobiernos peronistas, pero la vigencia de la Constitución no se interrumpió y los sucesores surgieron de las urnas.
En este contexto, la denuncia de Tolosa Paz se acerca, más que a la idea de los “golpes blandos”, a la tesis de los “grupos de presión”. Formulada a principios del siglo XX por Arthur Bentley, postula que la política se reduce a una lucha entre grupos. Pero (según advierten Bobio, Matteucci y Pasquini), desde su origen esta concepción (a la que le niegan incluso la jerarquía de “teoría”) no distingue entre grupos primarios y secundarios, formales e informales, voluntarios o involuntarios, de modo que se torna imposible evaluar la incidencia de cada uno en los procesos políticos y de distribución de valores sociales.
Más aún: no hay en la formulación de Bentley un indicador para diferenciar “grupos” de “partidos” y esa generalidad deviene central en la actualidad argentina. Dicho de otro modo, en los días siguientes a la derrota del oficialismo en las PASO, una docena de ministros y de funcionarios kirchneristas de primera línea le presentaron su renuncia al presidente Alberto Fernández, mientras la Vicepresidenta le escribía una carta en la que la exigía la dimisión de funcionarios “atornillados” y cuestionaba la política económica del Gobierno. Esas acciones, ¿fueron desestabilizadoras por parte de un grupo contra el también presidente del PJ? ¿O una sana autocrítica dentro del partido gobernante?
