Chile vuelve a temblar, a dos años del estallido social

Chile vuelve a temblar, a dos años del estallido social

Dos muertos y más de 50 heridos en las manifestaciones. Amnistía Internacional denuncia que no se castigaron las violaciones a los derechos humanos cometidas por Carabineros en 2019.

PROTESTAS. El reclamo, a pesar del tiempo que pasó desde el estallido, sigue siendo contra la desigualdad.  PROTESTAS. El reclamo, a pesar del tiempo que pasó desde el estallido, sigue siendo contra la desigualdad.
20 Octubre 2021

SANTIAGO, Chile.- Dos personas muertas, 56 heridas y 450 detenidos es el conteo provisional de las protestas y saqueos a locales comerciales de Santiago y otras ciudades chilenas, ocurridas en el segundo aniversario del estallido social en el país.

El gobierno de Sebastián Piñera culpó a líderes de la oposición y a candidatos presidenciales por la violencia desatada.

Un hombre de 29 años murió ayer a la madrugada, luego de recibir una bala perdida, cuando estaba cerca de un centro comercial ubicado en la comuna capitalina de Peñalolén. Otra persona falleció en la comuna capitalina de La Granja. Se trata de una mujer que cayó de su motocicleta al intentar rodear un corte de calle.

Las manifestaciones detonadas en 2019 por un alza de tarifas del sistema de transporte subterráneo de Santiago, que dejaron millonarias pérdidas y una treintena de muertos, mostraron el descontento social en una nación vista como modelo de desarrollo y estabilidad en América Latina.

Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, responsabilizó a la oposición de los hechos de violencia del lunes y emplazó a “terminar con la impunidad” de los manifestantes y con el proyecto de ley de indulto a los “presos políticos de la revuelta” de 2019, que implsan parlamentarios de oposición y los candidatos presidenciales Gabriel Boric y Yasna Provoste.

Galli aseguró que Boric, Provoste y constituyentes de izquierda como Fernando Atria, son los responsables del llamado a manifestación, y que su línea de acción “se acerca a las tesis anarquistas que le atribuyen a la no-violencia una forma de opresión del Estado”.

La tensión en Chile ha ido en aumento en las últimas semanas. El aniversario del estallido llega en medio de la campaña para las presidenciales del 21 de noviembre, en los que se elige al sucesor de Piñera y se renueva el Congreso en el país de 19 millones de habitantes.

La exigencia de cambios políticos, económicos y sociales coincide además con el inicio del debate y redacción de la nueva Constitución por parte de la Convención Constituyente. La nueva Constitución sustituirá a la actual, escrita en 1980 durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

El lunes, en la denominada Plaza de la Dignidad, bastión de las protestas en Santiago, convergieron marchas desde distintos puntos de la ciudad, bloqueando una importante avenida del centro de la capital, lo que generó desvíos de tránsito.

Desconocidos generaron destrozos, derribaron semáforos, lanzaron fuegos artificiales y encendieron fogatas en los alrededores, y protagonizaron escaramuzas con la policía. Más de 10 estaciones del sistema de transporte subterráneo fueron cerradas por disturbios cercanos.

Otro motivo de malestar es que los gravísimos hechos de violencia policial registrados en las manifestaciones de 2019 no han sido juzgados.

La organización Amnistía Internacional presentó ante la Fiscalía Nacional de Chile un informe que hace foco en la responsabilidad penal de los mandos de Carabineros.

“Se demostró que los medios y técnicas instauradas al interior de Carabineros posibilitaron, promovieron o toleraron el uso excesivo de la fuerza. Ningún mando estratégico ha sido procesado hasta el momento, muchos de los funcionarios sospechados de haber cometido violaciones de derechos humanos siguen en sus puestos, atendiendo el control de las protestas”, dice el informe.

Hasta marzo de 2021, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Derechos Humanos chilenos contabilizaban más de 8.000 víctimas de violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular. “Miles de víctimas podrían contar una historia diferente si no fuera por la omisión deliberada de los mandos de Carabineros que permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos contra manifestantes para lograr dispersarles a toda costa o detenerles sin las debidas garantías”, señaló Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.

Y agregó: “Las autoridades sabían lo que estaba sucediendo y tampoco actuaron decididamente para evitar que se repitieran tales actos.” (Reuters-Especial)

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