Por la presente, y apelando al sentido común y a mi humilde cultura cívica, manifiesto mí total, pero respetuoso, desacuerdo con la opinión de la fiscala Rivadeneira sobre el uso de las aeronaves provinciales. Entiendo que cuando dice que “las aeronaves de propiedad del Estado pueden ser usadas por funcionarios públicos (del gobierno de turno) en atención a su investidura sin... justificación del motivo” está confundiéndose Estado con gobierno. El Estado somos todos los habitantes de la provincia y el gobierno sólo son los circunstanciales administradores y funcionarios de turno que fueron elegidos por esos habitantes. No es posible tolerar usos discrecionales, por parte de los funcionarios, de los bienes del Estado (pueblo) y mucho menos para fines banales y/o proselitistas, como si fueran ellos los dueños de esos bienes. La “investidura’ del cargo que se ostenta es una posición adquirida automáticamente al ser electo democráticamente o por designación de funcionarios de rango superior producto de dicha elección. Investir no es otorgar un título de nobleza ni tampoco otorga derecho a ser propietario de los bienes públicos. Por otro lado la denominación de “avión sanitario” está bien justificada, por el uso y las costumbres, porque la salud es un derecho humano que el Estado provincial tiene la obligación de velar y cuidar, por ser juntamente con la seguridad, la educación y la justicia, atribuciones que no se delegaron a la Nación y quedaron para las provincias dando fundamento y base al federalismo. De modo que el uso de los aviones para este objetivo está justificado por sí mismo. Es decir que los usos de los bienes del Estado deben hacerse con marcado fundamento y alto sentido de responsabilidad que justifiquen los distintos usos para los que fueron creados.
Héctor Miguel Ávila
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