Uso del avión oficial: el dictamen de Rivadeneira, última pista sobre la causa

La denuncia contra el gobernador con licencia Juan Manzur, y los dirigentes justicialistas bonaerenses Verónica Magario y Fernando Espinoza posiblemente haya sido desestimada y archivada el año pasado. Abona esta hipótesis el hecho de que nadie sabe qué sucedió luego de que la fiscala Mariana Rivadeneira solicitara el cierre del proceso promovido en septiembre de 2019 por los opositores José María Canelada (legislador radical), José Bulacio y Eudoro Aráoz.

Las actuaciones disponibles indican que Rivadeneira envió la causa con su dictamen al ex Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº1 de esta capital que encabezaba el juez Alejandro Tomas. Pero este propuso una compensación a su ex par Nº5, Carolina Ballesteros, y le remitió el caso del avión estatal. Al parecer, Ballesteros aceptó que la causa ingresara a su Juzgado, pero luego, según explicaron en la oficina de Canelada, se habría inhibido. El expediente después habría sido alcanzado por los efectos de la pandemia y del cambio procesal penal. A partir del 1 de septiembre de 2020, todas las causas en trámite con el antiguo Código de 1991 pasaron a la estructura encargada de terminarlas. Eventualmente, el proceso contra Manzur, Magario y Espinoza debería haber sido remitido a alguno de los dos jueces de Instrucción del esquema de conclusión, Juan Francisco Pisa y Raúl Armando Cardozo, para que tomen una decisión respecto del dictamen de la fiscala.

Consultado al respecto, Canelada admitió que no había tenido novedades. Un abogado de su equipo, Celedonio Torres Álvarez, afirmó que, desde el momento en el que había entrado en vigor la reforma procesal, había perdido contacto con el caso y que su monitoreo resultaba inaccesible.