Piden remover a Manzur y a Jaldo

Dos dirigentes del PRO tucumano presentaron ante la Legislatura un pedido de destitución del gobernador Juan Manzur (en uso de licencia para desempeñarse como jefe de Gabinete de la Nación), del vicegobernador Osvaldo Jaldo (a cargo del Poder Ejecutivo) y de la ministra de Salud Rossana Chahla. En su presentación, Nicolás Mirande y Fernando Vera del Barco sostiene que los funcionarios, presuntamente, “financiaron sus candidaturas utilizando dinero perteneciente al erario, con el que aceitaron un sofisticado sistema de dádivas para torcer la voluntad de sufragio de miles de electores tucumanos”. En las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, Manzur fue consagrado postulante a senador nacional suplente del Frente de Todos; Chahla lidera la lista de diputados nacionales; y Jaldo, ungido en segundo término, renunció a la candidatura y fue reemplazado por Agustín Fernández.

En calidad de “prueba documental, la presentación de los dirigentes opositores fue acompañada, por un lado, por una decena de fotografías de diferentes vehículos que llevaban calcomanías con nombre de funcionarios del Gobierno, dirigentes del oficialismo o eslóganes de la campaña del Frente de Todos. Los denunciantes sostienen que todas fueron tomadas el domingo de las internas abiertas. Por otra parte, adjuntan el informe de LA GACETA del pasado 10 de septiembre en el cual se registra que “en medio de la veda electoral, en la comuna de La Florida, miles de personas recibieron por única vez un subsidio de $ 5.000. Para acceder al beneficio, y 48 horas antes de las PASO, los interesados formaron una fila que superó las cinco cuadras”.

Mirande y Vera del Barco acusan a los postulantes del oficialismo, supuestamente, “de haberse servido de recursos públicos para financiar el pago directo a votantes para influir en su voluntad de sufragio; el pago a movilizadores y punteros barriales; el pago a conductores de automóviles para trasladar a los electores hasta el punto de votación”.

Consideran, consecuentemente, que los funcionarios a los que cuestionan estarían incursos en la violación de los artículos 260 y 261 del Código Penal, vinculados a la “Malversación de caudales públicos”.

En virtud de ello, los dirigentes macristas consideran que se encuentran frente a dos causales de remoción de funcionarios públicas, previstas en el 49 de la Constitución Provincial y en la Ley 8.198: la presunta comisión de un delito y el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.