Estructuras psicóticas

A casi un año del ataque mortal a la profesora de inglés Paola Tacacho, apuñalada por Mauricio Parada Parejas (un individuo con “trastorno esquizoide de la personalidad”), otra joven, Mariela Márquez, fue asesinada por Gerónimo Helguera, presuntamente esquizofrénico, calificado por el psiquiatra forense Gustavo Costal como “una bomba de tiempo”. El crimen de Paola ocurrió en barrio Norte el 30 de octubre pasado; el crimen de Mariela, el miércoles pasado en Aconquija y Chacho Peñaloza, Yerba Buena. En el primer caso hubo una persecución y un terrible acoso durante cinco años, denunciado constantemente y minimizado por la Justicia (por ello está siendo sometido a juicio político el juez Juan Francisco Pisa); y en el caso reciente, el ataque fue aleatorio. No hubo denuncia previa contra el asesino. Helguera estaba bajo tratamiento. Según el psiquiatra Costal, había tenido intentos de suicidio y venía siendo mal medicado con un fármaco que no es suficiente para su cuadro. Habida cuenta de la situación terrible de falta de respuestas judiciales en el caso de Paola, ¿qué faltas -del sistema, del Estado- hubo en el de Mariela? Su familia está preguntando eso y también por qué los familiares de Helguera no se hicieron cargo, por qué no lo habían internado antes y por qué andaba suelto con un arma.

Trastorno y marginalidad

En los 12 meses que han pasado entre uno y otro caso cabe la pregunta sobre el lugar violento en que vivimos y sus protagonistas. ¿Son casos aislados o hay otros que andan por ahí, a punto de cruzar la línea sin que nadie pueda advertirlo? La azorada mirada social querría que fuese escasa y limitadísima la aparición de autores de estallidos de violencia, como Pablo “El loco” Amín (mató a su esposa en un hotel del parque en 2007) o la misma Nadia Fucilieri (mató a sus dos pequeños hijos en 2017).

Son personas y episodios que han alcanzado notoriedad mediática con la característica del trastorno mental o de conducta que ha llevado al crimen en el seno mismo de la sociedad, no en sus márgenes, lo cual hace saltar todas las alarmas. Sin embargo, en las áreas sociales periféricas tal vez haya abundancia de estos casos, sólo que no se los califica como tales. Así puede hacer sido el asesinato de la mendiga Graciela Ramos en un galpón de Marco Avellaneda y Córdoba en diciembre pasado, a manos de dos linyeras que, según la acusación fiscal en audiencia de febrero, abusaron de ella y la mataron “para quedarse con su sector del galpón”.

¿Habrá casos de la marginalidad –tan cercana al centro, como en este episodio de los ex galpones ferroviarios- que no han llegado a la explosión violenta, pero pueden estar cercanos al límite? Se menciona en la Policía que los agentes que desde febrero recorren los cuadrantes de patrulla en barrios capitalinos han dado cuenta del aumento de casos de marginalidad, de personas que duermen protegidas con cartones en las calles o en baldíos. ¿No los debería haber detectado Desarrollo Social? En todo caso, la Policía bien podría servir como primer anillo de detección de las situaciones límite, acaso potenciales detonantes de trastornos de conducta como en el crimen del galpón.

Fenómenos sin explicar

Del mismo modo, se podría detectar otro tipo de situaciones, así como destacó en diciembre el titular de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones de la provincia, Walter Sigler, cuando dijo que había subido la demanda de atención en su área, producto de la pandemia. En ese tiempo se hablaba de problemas de adicciones, pero la realidad tucumana nos está planteando fenómenos que no han sido explicados, como el hecho de que en medio de la baja de las cifras de homicidios -un 32% en los últimos tres meses- se mantiene elevadísima la de femicidios (ya se cometieron 16 en lo que va del año), circunstancias que necesitan análisis, así como la terrible cantidad de suicidios. Según la reciente estadística del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) en 2010 hubo 126 víctimas en Tucumán, poco menos que los 151 homicidios de ese año. ¿Cuántos casos hubo de intentos de suicidio ese año? El sistema debió haberlos detectado, tal como se sabe ahora que se detectaron los intentos de Helguera antes de que llegara al crimen.

Lo mismo cabe con respecto al acceso de la gente a las armas. El caso de Helguera se parece a los que ocurren en Estados Unidos cada tanto, país que tiene tradición de que la gente pueda armarse fácilmente sin demasiados permisos (el caso de la masacre de Columbine le mostró al mundo que hasta se pueden comprar armas automáticas en supermercados). Helguera llevaba en su mochila una pistola, un cuchillo y 29 balas; y en los oídos, tapones de prácticas de tiro, como si pensara hacer su propia masacre. ¿Cuán fácil es para una persona de su condición de salud mental acceder a armas y a prácticas de tiro? Parece una historia de Estados Unidos, pero es Yerba Buena.

Ahora se sabe que Helguera será sometido a pericias -psicodiagnóstico y una batería de test-. El psiquiatra Costal dijo que “hay dos personas dentro de una. Esa es la circunstancia mental de un psicótico o un esquizofrénico”. Helguera tiene 29 años. ¿Su familia no sabía su condición? “Queremos que vaya a la cárcel. Si él no está apto para ir preso, que vayan a la cárcel sus padres que no se hicieron cargo”, reclamó en LG Play Rosalía, madre de Mariela.

Algo como esto ha pasado en el caso de Parada Parejas, cuya familia debió responder ante la Justicia por las denuncias que hizo Paola pidiendo ayuda para detener el acoso. Parada Parejas padecía un trastorno esquizoide de la personalidad, según el psiquiatra Juan Salvador Yalour, quien había recomendado su internación, lo cual se hizo en un momento, pero fue –evidentemente- insuficiente. ¿Nadie podía determinar lo que pasaba? El área de servicios de Tribunales está llena de profesionales –médicos, psicólogos, psiquiatras-. Silvio Maza Villaba, de la Defensoría de Niñez y Adolescencia, dice que normalmente las familias de personas con estos trastornos no hacen la curatela para determinar la incapacidad. Alejandro Daniel Kotowicz, psicólogo de Tribunales, que declaró en el proceso contra el juez Pisa a propósito de la conducta que analizaron en Parada Parejas en una causa en 2018, dijo que tenía una personalidad compleja, que era impulsivo y debía estar controlado, pero que no se podía determinar si se podía percibir futuros desenlaces como el de la profesora de inglés. Respondió eso ante una pregunta de los defensores del juez Pisa, Ernesto Baaclini y Camilo Atim Antoni, quienes, casualmente, son los defensores de Helguera.