Cartas de lectores II: Acceso a laI información Pública

Cartas de lectores II: Acceso a laI información Pública

27 Septiembre 2021

Leí, complacido, la carta del lector Juan Francisco Segura (26/09), reclamando la promesa incumplida del gobernador Manzur y su vice Jaldo, en 2016, de adherir nuestra provincia a la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública. Este ilustrado lector espera, ahora que Jaldo es gobernador interino de Tucumán, que cumpla su promesa. Dice bien Segura que “la transparencia y el derecho de acceso a la información pública son los cimientos constitutivos de un sistema de gobierno democrático-republicano”, añadiendo que “el acceso a la información hoy es reconocido como un derecho humano que incluyen a toda persona”, con oportunas citas de pactos internacionales y de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vinculando certeramente la corrupción con la falta de transparencia de los actos de gobierno. Me permito informarle que desde hace más de catorce meses inicié una acción de amparo, que conforme a la Constitución nacional debe ser un trámite “expedito y rápido”, ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán contra Jaldo, por su condición de presidente de la Legislatura, por negarse a publicitar la nómina del personal que se desempeña en el Poder Legislativo y de sus remuneraciones, de los asesores de los legisladores y de lo que ganan, designados y remunerados con dinero público por el propio Jaldo, luego que rechazara mi previo reclamo por carta documento para que cumpliera con su deber, conforme lo establece el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional y en función de nuestra forma republicana de gobierno. Desde el 8 de junio de este año, la Corte Suprema debía dictar, 48 horas después de esa fecha, la sentencia de fondo, haciendo lugar o rechazando la acción instaurada por mi parte. Lleva más de tres meses de mora en cumplir con su deber de dictar ese fallo, configurándose, con gravedad institucional, un claro retardo de justicia que importa incumplimiento de los deberes de funcionario público. Le confirmo que Tucumán no se desempeña como una república democrática porque, entre otras razones, se nos niega deliberadamente este derecho humano esencial. Con todo respeto, me permito ilustrarlo sobre algunas razones que tornan inconfiables los actos de gobierno en nuestra provincia. La Legislatura es presidida, gobernada y administrada por el vicegobernador, conforme reformas constitucionales de 1990 y 2006. El vicegobernador fija el monto de las dietas de los legisladores y el sueldo de empleados y asesores en la Legislatura. Designa a los integrantes de las distintas comisiones. Desde hace varios años, legisladores opositores presentaron proyectos de leyes de acceso a la información pública, sin lograr siquiera se los dictamine en las comisiones internas. Jaldo, conforme Reglamento legislativo, es el que fija los temas que deben debatirse en las sesiones plenarias de la Legislatura. Nunca habilitó que un proyecto de acceso a la información pública fuese debatido en sesiones plenarias. Jaldo es el que, desde 2015 hasta hoy, no convoca a sesionar al pleno del Poder Legislativo para debatir, aprobando o rechazando, las “cuentas de inversión”, que remite todos los años el gobernador a la Legislatura, sobre la aplicación y manejo que hizo de miles de millones de pesos recaudados de los contribuyentes, pese a ser un deber constitucional (art. 67, inc. 3, Constitución de Tucumán). El mismo proceder tuvo Manzur cuando fue vicegobernador de Alperovich. La oposición legislativa nunca se puso firme en denunciar y exigir que se les permita examinar el manejo de cuantiosos fondos públicos del oficialismo en esas “cuentas de inversión”. No somos todos iguales. Hay ciudadanos que exigen lo que debe hacerse para tener un auténtico accionar republicano.

Luis Iriarte

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