Por Gustavo Rodríguez
25 Septiembre 2021
EN PLENO TRABAJO. Los investigadores de la Policía y los peritos del ECIF en el barrio San Cristóbal.
Víctor Ángel Gómez (20 años) fue asesinado de cinco disparos el martes por la noche en el barrio San Cristóbal. Habría sido víctima de la mal llamada “justicia por mano propia”. Hasta ayer, todo parecía que era un típico caso de un joven con severos problemas de adicción que podría haber cometido un robo y su victimario, por querer resolver el problema a su modo y fuera de la ley, ahora afronta cargos que lo podrían llevar a la cárcel por varios años. Sin embargo, si hubieran funcionado todos los sistemas de comunicación y de vigilancia, se habría evitado una tragedia que destroza a dos familias.
El fiscal Carlos Picón decidió acumular dos causas que tenía Gómez en su contra. Ambas eran por haber intentado cometer robos la escuela Sutiaga (ubicada en avenida Colón al 2.400) y a una vecina de Santa Rosa de Leales cometidos en julio, delitos por los que consiguió que se le dictara la prisión preventiva por 30 días.
En una audiencia realizada el 12 de agosto, el auxiliar fiscal Pablo Martín D’Andrea, siguiendo instrucciones de Picón, llegó a un acuerdo con las defensoras oficiales Lucía Dantur y Fernanda Ramírez, para que el acusado se declarara culpable y recibiera una pena de tres años de prisión condicional.
El juez Gonzalo Ortega avaló el convenio, pero al mismo tiempo, al entender la situación del condenado, ordenó que se sometiera a estas reglas de conducta:
- Fijar como lugar de residencia el barrio Belgrano de Santa Rosa de Leales.
- Abstenerse de consumir drogas y bebidas alcohólicas.
- Le dieron 72 horas para que se presentara en el Hospital Obarrio para que un profesional informara cuál era el tratamiento de rehabilitación que debía realizar y después presentar un certificado mensual para conocer sus avances.
- Acercarse a las víctimas, en el caso de la escuela, a la autoridad que realizó la denuncia.
- Los sábados de 10 a 11, Gómez quedó obligado a presentarse a la comisaría de Santa Rosa de Leales a firmar un libro para demostrar que estaba sujeto a proceso.
El magistrado ordenó además que el joven se presentara ante la Oficina de Control de Probations y Reglas de Conducta que depende de la Oficina de Gestión de Audiencia para que se notificara oficialmente lo que se había decidido. Ortega también dispuso que sea esa dependencia que realizara las notificaciones correspondientes. Al no haber planteo de ninguna de las partes, la sentencia quedó firme en ese momento.
Sin cumplimiento
El condenado fue ultimado en plena calle el martes por la noche. El fiscal Ignacio López Bustos cree que habría robado una carnicería entre el viernes 17 y el sábado 18 una carnicería en el barrio San Cristóbal. Los familiares de la víctima dijeron que allegados a los propietarios de la carnicería lo estuvieron buscando. Lo encontraron y lo mataron de cinco disparos. Por el hecho fue acusado Mauro Herrera (23), al que le dictaron la prisión preventiva por tres meses.
El homicidio dejó al descubierto que Gómez no estaba cumpliendo con las condiciones que se le habían impuesto. Al parecer, dejó su domicilio para vivir en situación de calle, por lo que es muy poco probable que haya iniciado un tratamiento de rehabilitación.
LA GACETA intentó infructuosamente comunicarse con los responsables de la OGA para que informaran sobre la situación de Gómez.
El jefe de Policía Manuel Bernachi confirmó que el sábado 18, después de que transcurrieran más de un mes del fallo, la hermana de la víctima del homicidio se presentó en la comisaría de Leales con un oficio (fechado el 31 de agosto por la OGA) para informar que debía presentarse allí a firmar. Hoy debería haber cumplido con este trámite.
Un problema
Esta no es la primera vez que se descubre que un protagonista de un homicidio incumplía las reglas de conducta que le habían otorgado. El antecedente es el de Walter Regudero (26), el joven que fue condenado a 23 años de prisión por el crimen de la enfermera Luisa Susana Mansilla, en un hecho ocurrido en febrero pasado.
El joven había sido condenado a tres años condicional por haber asaltado a una familia en Villa 9 de Julio. En este caso, Regudero no había cumplido con la reparación económica, no inició el tratamiento de rehabilitación y tampoco hizo la tarea comunitaria.
Según un informe estadísticos dado a conocer por la Corte, entre el 1 de febrero y el 31 de agosto, se dictaron 784 condenas condicionales por diferentes delitos, aunque los robos están al frente del ranking. (Ver nota aparte)
Opiniones
“Todo el esfuerzo que está haciendo la Justicia se viene abajo porque no existe una política criminal en el que se comprometan los tres poderes del Estado a cumplirla”, explicó el penalista Patricio Char. “No hay un trabajo articulado para lograr la reinserción de la sociedad, que es lo que se busque. Un ejemplo: los penados firman en un cuaderno de tapa dura, por lo que es imposible controlar si cumplieron con la orden. Tampoco hay un sistema para constatar que los penados realmente cumplan con los tratamientos de rehabilitación y las tareas comunitarias”, añadió.
“Creo que urge una reforma carcelaria y del sistema de ejecución de la pena, no solo en Tucumán, sino en todo en el país. Actualmente se cuenta solo con una jueza de ejecución, un solo equipo interdisciplinario dependiente de la Corte, aparte del equipo de Patronato. Lo cual torna difícil realizar un control eficaz de todas las personas condenadas”, explicó Mariano Arcas.
José Del Río considero que hay ausencia de un contexto facilitador de reinserción. “No solo el condenado que recupera la libertad le resulta posible ingresar al sistema laboral, sino también al penado condicional porque también está estigmatizado. Además hay que entender que existe una sola jueza que debe controlar todo”, concluyó.
Cifras oficiales
784 personas recibieron penas condicionales entre el 1 de febrero y el 31 de agosto.
371 penas efectivas hubo.
329 recibieron sentencias de más y hasta tres años.
271 fueron condenadas por haber cometidos delitos contra la propiedad.
225 terminaron con penas por lesiones.
202 quedaron penadas por amenazas.
40 recibieron condenas por abusos sexuales.
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