Avances cansinos contra los efectos indeseados de la industria azucarera

En la jornada virtual Bioenergía en el contexto del cambio climático: situación mundial y local -realizada por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, el secretario de Medio Ambiente de la provincia, Alfredo Montalán, contó que durante muchos años en la actividad azucarera fueron evaluando y buscando una progresividad en la solución de los efectos indeseados en la cadena sucro energética, mediante un rol controlador y promotor de la Secretaría.

“Para la resolución de las cuestiones ambientales y los problemas como la contaminación, seguimos inexorablemente un proceso que consiste en el abordaje de estas hacia un diagnóstico y a las acciones necesarias para resolverlas. Todo esto, apoyado en el conocimiento científico y en la gestión por medio de acuerdos público-privados”, indicó el funcionario. Precisó que tales procesos toman unos 10 años; y citando a Yolanda Ortiz -la tucumana que inspiró el proyecto de ley de capacitació ambiental- dijo: “los temas ambientales admiten el paradigma de la complejidad”.

Montalván dijo que se equivoca quien crea que el dictado de leyes y emplazamiento basta para resolver estos problemas: “si las normas y los plazos no son acompañados por una fuerte decisión política de control e inversión económica del sector privado, todo esfuerzo es vano”.

Contó que la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, debido a la actividad fabril, fue abordada en 1995 mediante un convenio entre Nación y Cuba, luego de una mortandad de peces significativa en el embalse de Río Hondo. “El informe de este estudio cubano arrojó como resultado que la actividad azucarera- alcoholera generaba el 84% de la contaminación. También indicaba qué debía hacerse y declaraba que el problema se resolvería en cuatro años, siempre y cuando existiera decisión política y acompañamiento económico suficiente. Desafortunadamente, no se pudo cumplir con ese plazo y, en conclusión, no hubo avances significativos”, admitió.

Agregó que desde 2001, la Dirección de Recursos Hídricos abraza la dimensión ambiental incorporando en su norma: “el agua es un recurso finito, escaso y vulnerable”. Aquí se toman como ejes los principios rectores de la política hídrica hacia una Gestión Integral de los Recursos Hídricos. La norma preveía un plazo de dos años para dejar de contaminar: “pasó el tiempo y el avance fue menor al esperado”.

En 2003 se avanzó con un programa de producción limpia, mediante un acuerdo público-privado que comprometía a bajar un 25% la contaminación. “Esto no ocurrió, pero se sentaron las bases para trabajar y entender el principio rector, consagrado por la Ley N° 25.675 de la Progresividad y la formación de Recursos Humanos”, dijo.