El narcotráfico en todas sus formas se transformó en un problema que no tiene una solución de fondo desde hace años en nuestro país y tampoco en la provincia. En lo que se refiere a la persecución penal de este delito ya se han tomado diferentes caminos que no llevaron a ninguna solución de fondo y la deuda que tiene el Estado con la sociedad sigue sin saldarse.
Todos los argentinos miran el drama de Rosario. Una ciudad que se desangra por la pelea territorial de los grupos en una guerra sin cuartel por el dominio territorial. Bandas que ya no sólo se dedican a la venta de sustancias, sino que desde hace años, se transformaron en “hombres de negocio” que riegan inversiones que incluyen compras pases de jugadores de fútbol, casinos, hoteles, boliches y campos, entre otras actividades. Pero cuando cíclicamente se incrementan los homicidios, se plantea la misma solución: llenar las calles de hombres de fuerzas federales para tratar de encontrar la paz.
Esta receta fue implementada por los gobiernos de diferentes colores políticos y está claro que esa medida no sirvió. Los crímenes y el narcomenudeo no se detuvieron. Por otra parte, cada vez que se envían fuerzas federales a Rosario, se desnudan las fronteras, por donde termina ingresando la droga, especialmente cocaína. Tucumán está muy lejos de ser esa ciudad, porque no tiene la misma cantidad de habitantes y no cuenta con un puerto, pero al igual que las otras provincias, sufre por la permeabilidad de las fronteras del norte.
El Ministerio de Seguridad de la Provincia ha dado a conocer un importante informe sobre su gestión. Confirman que se quintuplicó el secuestro de drogas con respecto al año pasado. Es un número que refleja el incremento del tráfico y también es una prueba cabal de que la demanda ha crecido. Demanda que se vincula con el drama de las adicciones y su difícil tratamiento.
También este trabajo estadístico dio cuenta del aumento del decomiso de marihuana y de plantas de la especie. El secretario Carlos Driollet señala que hay una confusión con respecto al consumo, que no está legalizado, sino que se autoriza su cultivo en casos particulares (con destinos medicinales) cumpliendo con ciertos requisitos. También aclara que, por más que sea para consumo personal, las autoridades deben cumplir con su secuestro, tal como lo indican las normas y después, en un trámite judicial, el tenedor será sobreseído. En ese sentido, urge que el Congreso trate los proyectos de reforma a la Ley 27.737 para aclarar los grises en esa cuestión. Antes se debe dar un debate serio y constructivo para determinar si es conveniente su legalización.
En Tucumán, antes de pensar en reforzar el territorio con gendarmes para la lucha contra este delito, es necesario ocuparse de otras cuestiones. La primera, atender las necesidades de la Justicia Federal que está diezmada. Cuenta con un solo juez, un fiscal que debe investigar y sostener las acusaciones en los juicios y no cuenta con los miembros del Tribunal Oral Federal. Menos de 10 empleados son los encargados de analizar las complejas causas de drogas. Al complejo panorama se le debe agregar que hace cinco años se discute en la provincia si la justicia ordinaria debe hacerse cargo del narcomenudeo.
Tantas complicaciones, falta de debate y falta de decisiones son los principales aliados de los narcotraficantes que van enquistándose en ciudades como Rosario. Por eso es imprescindible que esta cuestión sea incluida como prioridad en todo el país.
