Por Gustavo Rodríguez
18 Septiembre 2021
MULTITUDINARIA AUDIENCIA. Los imputados y las partes durante el debate en el que se confirmó el arresto domiciliario de los acusados.
Una joven recibió el siguiente mensaje de una de sus mejores amigas: “estoy vendiendo U$S 1.000 a $170 cada uno”. “El que esté interesado en comprarlos, depositen el dinero en esta cuenta que el CBU es …”. La receptora, al interesarse por el ofrecimiento, se comunicó con la vendedora. Allí se enteró de que desconocidos, mediante un engaño, le habían robado su identidad de WhatsApp y que usando su perfil se habían encargado de usar su rostro para intentar cometer esa estafa.
La maniobra, al parecer, no dio resultado. Y no fue efectiva porque una persona avisó lo que estaba sucediendo y la víctima del robo de identidad se movió rápido para que sus conocidos no fueran engañados. También hicieron la denuncia en la Policía y difundieron en las redes sociales su experiencia para alertar a los tucumanos de la modalidad.
Hasta junio, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos que conduce Marcelo Leguizamón, atendió alrededor de 2.700 denuncias de estafas teléfonicas. En agosto, después de una larga investigación, se realizaron varios allanamientos en la provincia de Córdoba, considerada como la capital nacional de las estafas telefónicas y virtuales. Se logró detener a 10 personas, y nueve fueron trasladadas a Tucumán para ser procesadas por estos delitos.
“Los delitos no han disminuido, seguimos recibiendo denuncian y continuamos con la investigación”, señaló el fiscal Leguizamón. “Se van perfeccionando permanentemente para buscar tener buenos resultados en sus maniobras. Es clave que las víctimas denuncien los hechos para que podamos detectar cómo actúan estas personas”, agregó.
En la city tucumana, la ola de esta modalidad delictiva ha generado problemas y nerviosismo. Cada vez son más los bancos que reciben decenas de denuncias de personas que fueron afectadas y una importante cantidad de medidas judiciales iniciadas por los estafados. “Pareciera que están dispuestos a trabajar a la par de la Justicia para frenar estos ataques que pueden generar problemas mucho más graves”, indicó el oficial de cuenta de una entidad crediticia.
Fracaso
Mientras se busca poner freno a este tipo de estafas, Leguizamón fracasó en su intento para que los 10 procesados por esta causa sean alojados en un calabozo. El 29 de agosto, el juez Alejandro Tomas les dictó la prisión preventiva por tres meses, pero dispuso que la cumplieran bajo la modalidad de arresto domiciliario en sus casas de Córdoba.
El representante del MPF impugnó el fallo y el jueves se desarrolló la audiencia para definir la situación procesal de los detenidos. La auxiliar de fiscal Agustina Abril, manifestó que en la resolución del juez interviniente existió una “errónea aplicación del derecho e interpretación de la norma, ya que la decisión estuvo sujeta a circunstancias que exceden la órbita del sistema judicial de Tucumán, aludiendo un desborde del sistema carcelario y condiciones del mismo”.
“No resulta posible un control real y efectivo de que la medida de coerción sea cumplida en los términos en que el juez dispuso, por encontrarse en una extraña jurisdicción y sujeto a órganos policiales que este Ministerio Público no está legitimado a dar órdenes”, agregó. Aclaró que salvo de uno de los detenidos, se desconoce si los otros han cumplido con las cauciones fijadas, si concurren a la firma del libro de comparendo o al cumplimiento de las reglas de conducta.
“Aun haciéndose efectivo el arresto domiciliario, los imputados alertarán a los restantes consortes que están prófugos sobre la situación procesal en la que se encuentran y de las medidas que restan realizar para poder proceder con la investigación, a los efectos de que puedan evadir las detenciones”, señaló. Por otro lado, en cuanto a las víctimas, la auxiliar afirmó que el magistrado no escuchó el pedido de las víctimas. “Ellas se encuentran en un estado de vulnerabilidad total teniendo graves daños físicos, económicos, psíquicos, laborales y familiares”, consideró.
El fiscal Leguizamón señaló: “Existe un claro peligro de fuga de los imputados, porque tienen la ingeniería y los medios económicos suficientes para hacerlo. Cuentan con todas las posibilidades para obstaculizar el proceso e intervenir desde sus aparatos electrónicos para borrar sus cuentas o suprimir algunos datos, e incluso amedrentar a las personas”, añadió.
“Hemos detectado que, desde la audiencia anterior hasta la de hoy, esta gente siguió operando con estas cuentas, no se han detenido con su proceder”, advirtió el representante del MPF.
Todos los defensores de los acusados se opusieron a que los acusados sean trasladados a un calabozo. La jueza Patricia Carugatti, que intervino en el debate, dijo que el fallo dictado por Tomas estaba ajustado a derecho, por lo que no había motivos para revocar el arresto domiciliario. Sin embargo, la magistrada les advirtió a todos los imputados que cumplieran con todas las disposiciones ordenadas por su par, caso contrario, se les revocaría el beneficio que se le había otorgado.
Cómo se debe actuar
Denunciar en el banco, en la Policía o en el Ministerio Público Fiscal haber sido víctima de una estafa. Se debe aportar la mayor cantidad de detalles del engaño.
Las víctimas, después de haber denunciado, pueden publicar en las redes sociales la maniobra que usaron los estafadores para engañarlo y así no haya más damnificados.
Si sufre una estafa en su cuenta, pida el bloqueo inmediato del homebanking. La entidad tiene hasta 20 días para darle una respuesta sobre lo ocurrido.
Un estafado con su tarjeta de crédito debe avisar al emisor para que anulen el plástico así no lo sigan utilizando. Debe solicitar el número de gestión del trámite que realizó.
Las víctimas deben desconocer las compras o los préstamos que solicitaron los estafadores. Exija un comprobante de la denuncia que realizó.
Si no obtiene respuestas, consulte a los especialistas de las entidades que defienden a los consumidores para que le expliquen cómo actuar.
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