SILENCIO. Asesores del ministro de Educación explicaron que por ahora no realizarán declaraciones al respecto.
En el Ministerio de Educación no causó sorpresa que el jaldismo y la oposición hayan decidido reprobar el informe que brindó el ministro Juan Pablo Lichtmajer al ser citado a dar explicaciones al recinto de la Legislatura, en carácter obligatorio (artículo 57 de la Constitución). Aseguraron que habían percibido indicios del dictamen de rechazo que sacó el martes la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales. De todos modos, las fuentes consultadas explicaron que por el momento el funcionario no hará declaraciones al respecto.
Con las firmas de los jaldistas Javier Morof, Raúl Ferrazzano y Adriana Najar; del radical José María Canelada; y la republicana Nadima Pecci, el comité les bajó el pulgar a las respuestas que brindó el funcionario el 13 de mayo por “numerosas irregularidades e inconsistencias, tanto argumentales como jurídicas”. Consideraron que hubo irregularidades de parte de Lichtmajer porque: designó personal docente “ad referendum” (algo no contemplado en la Ley de Ministros N° 8.450); dichas designaciones -que datan desde 2015- tuvieron efecto sin haber sido refrendadas por el Poder Ejecutivo (recién el 2 de agosto de 2021 el gobernador Juan Manzur firmó un decreto para perfeccionar 3.548 resoluciones de designaciones); admitió haberse apartado del procedimiento de la ley de carrera docente, alegando la inexistencia de padrones; reconoció que el 40% de los establecimientos escolares carece de mantenimiento.
Qué puede pasar
El tema será tratado en el próximo debate de Cámara, el cual aún no tiene fecha. No hay una reglamentación que indique que la Legislatura deba aprobar o desaprobar los informes de los funcionarios citados, pero en la sesión del 13 de mayo -a pesar del rechazo del manzurismo- se aprobó una moción en tal sentido, para poder analizar la documentación que se acercó.
Tampoco está contemplado en el artículo 57 de la Constitución una sanción para un funcionario citado, en caso de que se considere que sus explicaciones sean insuficientes. Pecci, con respaldo de los radicales Canelada y José Ricardo Ascárate, presentó este año un proyecto de ley para que se regule el proceso citatorio y se establezcan consecuencias ante la falta de respuestas, como el inicio de un juicio político.
El comité legislativo, a su vez, remitió las actuaciones al Tribunal de Cuentas para que analice la documentación y determine si corresponde o no iniciar un juicio de cuentas por irregularidades en el uso de recursos de la cartera educativa.
La comisión de Juicio Político, en tanto, corrió traslado a 22 pedidos de destitución contra el ministro, el 3 de agosto. Las presentaciones fueron realizadas por afiliados al Sindicato Docente de Tucumán (Sidot), por denuncias similares a las expuestas en el dictamen. El comité deberá definir antes de fin de mes si acusa al ministro ante el Jurado de Enjuiciamiento.
En Casa de Gobierno consideraron que las acciones contra el ministro responden a cuestiones políticas por a la interna del PJ. “Es triste ver cómo la Legislatura se degrada a días de las elecciones internas, en las que se dirime cuestiones partidarias”, dijo ayer la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse.
El legislador Dante Loza opinó ayer que Lichtmajer ya cumplió su ciclo. “El ministro debe renunciar”. Ascárate, por su parte, pidió que Lichtmajer renuncie o que, en su defecto, sea destituido por un juicio político.
Un ministro en la mira de la Cámara
Lichtmajer fue citado a dar explicaciones por la designación de personal y el estado edilicio de las escuelas, entre otros temas.
El ministro expuso durante 11 horas y llevó documentación complementaria. Se votó para que sea analizada en comisión.
Jaldistas y opositores consideraron que hubo irregularidades e inconsistencias en el informe, y lo reprobaron con un dictamen.
