EX JUEZ FEDERAL PROCESADO. Manlio Torcuato Martínez, en su vivienda particular durante el año 2017.
Un juez federal procesó a uno de sus antecesores en el cargo por considerar que existen pruebas de que este habría omitido investigar el homicidio de los gremialistas docentes y hermanos Francisco Isauro Arancibia y Arturo René Arancibia perpetrado en simultáneo con el inicio del último Golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976. Fernando Luis Poviña, magistrado a cargo de la primera instancia de la Justicia Federal de Tucumán, sostuvo que el ex juez Manlio Torcuato Martínez habría incurrido en los delitos de prevaricato y de encubrimiento. En el mismo auto de procesamiento, Poviña trabó un embargo de $ 200.000 sobre los bienes de Martínez y le prohibió salir del país. Además, dispuso la prisión preventiva domiciliaria de los supuestos autores del homicidio, los ex policías Mario Roberto Escalada, Jorge Daniel Ragonese y Ricardo Sánchez, y los embargó por $ 1 millón a cada uno.
La decisión de Poviña describe los hechos de este modo: “el 24 de marzo de 1976, las fuerzas policiales irrumpieron en el inmueble donde funcionaba la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), sita en la calle Congreso, altura 295 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. Luego de un presunto intercambio de proyectiles de armas de fuego, Carlos Antonio Neme, Félix Roberto Heredia, Ragonese, Julio Vicente Coria, Escalada, Sánchez, Arturo José Vázquez, Dulio César Figueroa y Luciano Antonio Rodríguez produjeron la muerte de los Arancibia”. En el expediente consta que los gremialistas resistieron la agresión con escopetas de caza, y que, antes de caer, ultimaron al sargento primero Luis Faggioli.
Se trata de una causa donde la mayoría de los responsables de las violaciones de derechos humanos ya fallecieron -entre ellos, el ex gobernador y represor Antonio Domingo Bussi-, y donde la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán había declarado la falta de mérito respecto de Martínez en 2017. Este estatus implicaba que no había argumentos suficientes para un procesamiento o para un sobreseimiento. Poviña dio por superada la indefinición: según su criterio, estaría probado que Martínez no actuó como debía en función de las circunstancias denunciadas al archivar la causa “Arancibia” con un sobreseimiento provisional de los policías involucrados.
“El entonces juez federal tucumano omitió realizar medidas de pruebas para el descubrimiento de la verdad”, afirmó Poviña. Y detalló: “no investigó el motivo del allanamiento de la sede de ATEP, o en su caso, si hubo orden judicial para tal efecto; no efectuó el reconocimiento del lugar de los hechos, ni consultó planos para corroborar o no la versión brindada por los agentes policiales en el acta; no recepcionó una declaración testimonial a ninguno de los firmantes del acta; no investigó si hubo testigos ajenos a las fuerzas policiales; no practicó una autopsia para el caso de muerte violenta y en extrañas circunstancias; no efectuó peritación alguna o el inventario de las armas secuestradas; no convocó a un perito balístico para determinar las trayectorias de los proyectiles, específicamente de qué armas partieron las balas que mataron a los hermanos Arancibia y a Faggioli”.
“Cosa juzgada”
La decisión de sobreseimiento provisional y archivo objetada data del 7 de junio de 1976, es decir, de hace 45 años. Según Poviña, el ex juez imputado se valió exclusivamente de la prueba producida por la Policía, que era la institución cuestionada en el crimen de los Arancibia. “Esto perfecciona el delito de prevaricato de manera instantánea”, dijo el magistrado en el fallo del 28 de julio de 2021. Y añadió que, de ese modo, Martínez logró el cometido de encubrir la responsabilidad penal de los coautores del homicidio agravado mientras estos prestaban funciones en la Policía, “lo que favoreció su impunidad”.
En sus indagatorias, el ex juez negó las imputaciones. Martínez recordó que en 2017 la Cámara Nacional de Casación Penal lo había absuelto del cargo de partícipe de una “asociación ilícita con las Fuerzas Armadas” en otro proceso, y que esa resolución estaba firme y pasada en autoridad de cosa juzgada. Además, alegó que no conocía a los Arancibia y que no se lo podía juzgar hoy por su actuación como juez en 1976.
“En 1976 había una dictadura sangrienta como ninguna y los jueces eran víctimas tan vulnerables como los militantes. A modo de ejemplo, sufrí un bombardeo en la casa y diariamente recibí amenazas vinculadas a las causas derivadas de la legislación vigente, la Ley 20.840 (penalizaba la actividad subversiva)”, explicó Martínez. Pero Poviña expresó que en la causa penal “Arancibia” su ex colega no estaba acusado por la presunta participación en una asociación ilícita, sino por otros posibles delitos de lesa humanidad por lo que en su procesamiento no había transgresión al principio constitucional del non bis in idem, que establece que nadie puede ser juzgado ni perseguido dos veces por los mismos hechos.
