EN PLENO OPERATIVO. Una importante cantidad de efectivos trasladaron a una tanda de los 116 detenidos en comisarías del sur de la provincia.
Fue un movimiento que sorprendió a la mitad de Concepción. En medio de un fuerte operativo de Seguridad, la Policía comenzó a trasladar a los presos procesados y penados a la Unidad N°3 de esa ciudad para cumplir con una orden judicial. Pero no pudieron cumplir con su objetivo: apenas 20 de los 116 detenidos que se encuentran en esa situación pudieron ser ubicados en esa cárcel y el penal de Villa Urquiza. Esta terminó siendo otra cara de la crisis carcelaria.
El jueves, horas antes de que murieran cuatro detenidas en la Brigada Femenina de Concepción, la jueza de Ejecución Alicia Merched, a través de un oficio, le ordenó al jefe de Policía, Manuel Bernachi, que trasladaran a los procesados y condenados de los centros judiciales de Concepción y de Monteros. Un planteo similar ya había realizado a las autoridades del Ministerio de Seguridad sin conseguir una respuesta favorable
En medio de un impresionante operativo de seguridad, la fuerza empezó a trasladar en tandas a los reos. Sin embargo, sólo 14 pudieron recibidos en el penal. Otros seis fueron derivados a la cárcel de Villa Urquiza. La suerte de los otros reos se irá definiendo con el correr de los días, según confirmaron fuentes del área de Seguridad.
Las autoridades de la cárcel de Concepción señalaron que están al extremo de su capacidad de alojamiento y por esa razón carecía de cupo para alojar reclusos. De todos modos las autoridades se debieron ingeniar para hacer lugar a los que finalmente ingresaron. En ello tuvo mucho que ver las gestiones que realizó la jueza Merched.
“Nos dicen que no hay cupo para alojar ni a un condenado o un procesado”, comentó un oficial. “Ahora se está viendo cómo harán para hacer lugar a algunos. Nosotros estamos acatando lo requerido por la jueza Merched”, añadió.
Dura realidad
La crisis carcelaria está en su máxima expresión desde que en 2015, la fiscala jubilada Adriana Giannoni y su par Diego López Ávila presentaron un hábeas corpus correctivo en nombre de los detenidos, los policías y los vecinos de las dependencias policiales. En esos tiempos, la cantidad de personas alojadas en las comisarías era de poco más de 500.
El planteo fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia de la provincia y se inició un plan para descomprimir la situación al entender que ese no era una cuestión que debía ser atendida por los miembros de la fuerza. Se amplió la capacidad de alojamiento, pero los nuevos cupos se cubrieron rápidamente.
El máximo tribunal, a través de una acordada, también le ordenó al PE que personas a las que se les haya dictado la prisión preventiva o que estén condenadas, no podían permanecer en las comisarías.
Ese principio se mantuvo en el nuevo código procesal penal. “Los que sean sometidos a prisión preventiva serán alojados en establecimientos diferentes a los de penados. Se dispondrá su separación por razones de sexo, edad, educación, antecedentes y naturaleza del delito que se les impute; podrán procurarse a sus expensas las comodidades que no afecten al régimen carcelario, recibir visitas en las condiciones que establezca el reglamento respectivo y usar los medios de correspondencia, salvo las restricciones impuestas por la Ley”, se puede leer en el nuevo digesto. Pero nada de ello se está cumpliendo.
Según los números que maneja el Ministerio de Seguridad, hay más de 700 reos con prisiones preventivas y más de 200 condenados que se encuentran en los calabozos de la fuerza. Si a ellos se les agregan los contraventores, la cifra llega a más de 1.100 privados de su libertad. La capacidad de esos arrestos no llega a 500.
“Para ayer necesitamos nuevos lugares de alojamiento. La situación ya es insostenible”, comentó con ironía una fuente de la fuerza. Desde el jueves hasta el domingo, se registraron cuatro motines en la provincia. Al que tuvo un trágico final en Concepción se le deben agregar las revueltas ocurridas en las seccionales 9°, 7°y 15°. El clima de tensión va en aumento.
Nuevas oficinas: Jiménez sostuvo que es un problema que fue planteado en varias oportunidades a las autoridades de la provincia
El traslado de los presos procesados y condenados a la cárcel, coincidió con la visita a Concepción del ministro fiscal, Edmundo Jiménez, que fue a poner en funcionamiento las nuevas oficinas del Centro Judicial local en el edificio ubicado en Rivadavia 171. El funcionario, en declaraciones a la prensa, dijo que el tema de la falta de infraestructura para alojar reclusos que se advierte en la provincia desde hace tiempo y que lo vino planteando ante las autoridades de la provincia. “Es una cuestión que escapa a la responsabilidad de mi ministerio y por eso la solución la hemos venido requiriendo en la esfera correspondiente”, insistió. Desde ayer, en el ámbito del Centro Judicial de Concepción, quedaron inauguradas formalmente las mismas oficinas que el Ministerio Público Fiscal inauguró en la capital y con las que consiguieron importantes resultados. En estas funcionará el Equipo de Contención y Acompañamiento a la Víctima que asiste a las personas que han sufrido algún delito. También comenzarán a trabajar los equipos de Coordinación de Políticas Reparatorias y la oficina de Articulación y Derivación Interinstitucional, dos herramientas que terminan siendo fundamentales para afianzar el nuevo código procesal penal en el sur de la provincia.
Las consecuencias de la crisis
Los presos se encuentran hacinados y en estado de rebeldía permanente. En la capital se produjeron tres motines.
Por el hacinamiento, varios de los detenidos comenzaron a sufrir enfermedades de la piel. Hasta hubo casos de sarna.
El Servicio Penitenciario no les envía comidas a los procesados y penados que están alojados en las comisarías.
Durante las visitas, pese a que están restringidas, se destina más policías para requisa y custodia de los visitantes.
