Por Martín Soto
27 Agosto 2021
EXTENSA DENUNCIA. Ferrazzano leyó durante dos horas y 40 minutos los argumentos por los que Juicio Político pide la destitución del magistrado. LA GACETA / FOTO DE ANTONIO FERRONI
Con gestos constantes de desaprobación y de tensión, el juez penal Juan Francisco Pisa (71 años) reapareció ayer ante las cámaras para escuchar los argumentos del pedido de destitución que impulsa la comisión de Juicio Político, ante el Jurado de Enjuiciamiento, por su desempeño en una de las denuncias realizadas por Paola Tacacho. El magistrado está acusado de haber incumplido los deberes de su cargo y de no haber actuado con perspectiva de género por haber absuelto, en 2017, a Mauricio Parada Parejas, quien asesinó a la docente y se quitó la vida en octubre de 2020.
La audiencia pública comenzó pasadas las 10, en el tercer piso de la Legislatura. Minutos antes, el suspendido magistrado del Juzgado de Instrucción Penal Conclusional I llegó vistiendo un traje azul oscuro, acompañado por sus defensores Ernesto Baaclini y Camilo Atim Antoni. El presidente del Jury, el vocal Daniel Posse (reemplaza al excusado vocal Daniel Leiva) se tomó juramento, y luego hizo lo propio con el alfarista Walter Berarducci (suplanta a Ricardo Bussi). El resto del Jurado está integrado por los legisladores Javier Morof, Dante Loza, Daniel Herrera y Sara Alperovich; el fiscal de Estado Federico Nazur (como parte del Ejecutivo); y el letrado Esteban Jerez (en representación de los abogados matriculados de Tucumán).
“Paola no fue oída”
El presidente de la comisión de Juicio Político, Raúl Ferrazzano, que actuará en el proceso como acusador, estuvo acompañado por sus colegas Norma Reyes Elías, Adriana Najar y Raúl Pellegrini. Autorizado por Posse, el jaldista se encargó de leer las 73 páginas de la Resolución 550, en la que se exponen los motivos que hallaron para pedir la destitución de Pisa. Dicho documento tiene como base la denuncia impulsada por las militantes feministas Belén Ortiz y Laura Sánchez, quienes estuvieron presentes en la audiencia.
Los 11 legisladores que firmaron la acusación se apoyaron especialmente en tratados y convenciones internacionales contra la violencia de género, así como en legislaciones locales vigentes. Indicaron, entre otros puntos, que en Tucumán regía la Emergencia contra la Violencia contra la Mujer (Ley 9.237) cuando el juez absolvió en 2017 al acusado por presunta desobediencia judicial; se lo acusó de haber vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de Tacacho y el derecho de acceso a la justicia; y de no haber actuado con perspectiva de género.
También se le cuestionó al magistrado el no haber pedido una actualización de antecedentes penales de Parada Parejas, quien en 2016 ya contaba con cuatro causas judiciales en su contra, tres de ellas iniciadas por la docente de inglés. “Esta omisión se agrava si se advierte que hasta la resolución de la causa transcurrieron siete meses y 29 días”. Además, en base a documentación aportada por la Corte Suprema, en la acusación se remarcó que “hubo una deficiente prestación del servicio de justicia” en el caso. “Paola no fue oída”, subrayó Ferrazzano.
Durante la lectura, el magistrado se mostró tenso, al punto que en reiteradas ocasiones se concentró en oler el alcohol que rociaba en sus manos o el interior del barbijo. Hizo gestos de reprobación con su cabeza ante cosas que no estaba de acuerdo, y comentó con sus defensores aquellos puntos que no compartía. Sacudió su dedo índice hacia los lados cuando se lo acusó de no haber oído a Tacacho. Asintió cuando se leyó su descargo y en los argumentos de su fallo, cuya víctima -según dijo- era la administración pública. Luego daría su versión de los hechos.
Voces
Previo al inicio formal del proceso, Ferrazzano dijo no coincide con los criterios que tuvo el juez. “A ese pedido de ayuda de Paola que no supo escuchar el magistrado lo va a hacer escuchar la comisión”, dijo. Las denunciantes, a su vez, dijeron que tienen las mejores expectativas del proceso, en especial por la acordada de la Corte Suprema en la que analizó el proceder de Pisa en muchos casos y encontró irregularidades. “Creemos que lo van a destituir”, confió.
Berarducci, en tanto, dijo ayer que la sensación que le dejó el inicio del juicio político es que “las instituciones están funcionando”. “Son vientos buenos para recobrar la institucionalidad”, dijo.
Cómo sigue el proceso: el magistrado tiene 15 días hábiles para contestar la acusación en su contra
Luego de la constitución del Jurado de Enjuiciamiento y de la lectura de la acusación formal de la comisión de Juicio Político, el juez penal Juan Francisco Pisa tiene ahora 15 días hábiles para ejercer su derecho de defensa y plantear las excepciones que considere oportunas, según lo establece la Ley 8.734 que regula el proceso de juicio político. A partir de allí, el artículo 34 de la norma establece que se otorgarán 30 días corridos para que la comisión de Juicio Político y la defensa del magistrado produzcan las pruebas necesarias para sostener la acusación o demostrar su inocencia, respectivamente. Las pruebas ofrecidas por las partes sólo podrán ser desestimadas con el voto de 2/3 de los miembros del Jurado presentes. El Jury, a su vez, podrá citar testigos y realizar todos los actos que considere conveniente para esclarecer el caso.
Las claves del proceso contra Pisa
- La comisión de Juicio Político busca la destitución del juez.
- Está cuestionado por absolver a Parada Parejas en 2017.
- Se lo acusa de incumplir los deberes de su cargo.
- También de no haber actuado con perspectiva de género.
- El juez rechazó sentirse responsable del crimen de Tacacho.
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