Definen en la Legislatura si acusan a Pisa ante el Jury de Enjuiciamiento

Llegó el día que la familia de Paola Tacacho tanto aguardaba y el que intentó esquivar Juan Francisco Pisa. La comisión de Juicio Político de la Legislatura se reunirá hoy para decidir si acusa al juez penal ante el Jurado de Enjuiciamiento por su desempeño en el caso “Tacacho”. El encuentro se llevará a cabo desde las 9, en el tercer piso del palacio espejado de Muñecas 951. En el mismo horario, pero puertas afuera, organizaciones sociales y feministas concentrarán para aguardar la resolución a uno de los casos que sacudieron la opinión pública.

Hoy se cumplen los 20 días que establece el artículo 28 de la Ley 8.734 para que la comisión que preside -desde mayo- el legislador jaldista Raúl Ferrazzano se expida sobre el nuevo proceso que se inició, el 16 de junio, contra el titular del Juzgado de Instrucción Penal Conclusional I. María Belén Ortiz y Laura Sánchez, dos militantes feministas vinculadas al kirchnerismo, acusaron a Pisa de haber actuado sin perspectiva de género y de haber absuelto en 2016 a Mauricio Parada Parejas, quien asesinó a la profesora Tacacho, el 30 de octubre de 2020, y luego se suicidó.

El magistrado, en tanto, hizo su descargo por escrito el 12 de julio. En 37 fojas rechazó la acusación en su contra, cuestionó que se lo responsabilice por consecuencias ocurridas a futuro, y remarcó que ya presentó su renuncia lisa y llana ante el Poder Ejecutivo el 11 de junio, por lo que solicitó que se archiven las actuaciones.

En la reunión de hoy, los 12 integrantes del comité legislativo -de mayoría jaldista- también analizarán el pedido que formuló Pisa, el pasado jueves, para que se suspendan los plazos del proceso en su contra. Argumentó que los trámites previsionales ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se iniciaron en 2018 y que, por cuestiones ajenas a él, no cuenta con dicha documentación, lo cual -dijo- vulnera su derecho a legítima defensa.

Antecedente

En diciembre de 2020, la comisión de Juicio Político, entonces encabezada por Zacarías Khoder y de mayoría oficialista, corrió traslado a siete acusaciones contra el juez por haber impedido el juzgamiento de Parada Parejas por la violación de restricciones de acercamiento dictadas en favor de Tacacho. Sin embargo, el 24 de febrero de 2021, horas antes de que el comité se reuniera, el gobernador Juan Manzur aceptó la renuncia condicionada del magistrado para jubilarse con el beneficio del 82% móvil (unos $400.000 al mes). Tras conocerse el decreto 369/14 del Ministerio de Gobierno y Justicia, el comité legislativo dio por clausuradas las actuaciones, a pesar de que la Ley 8.734 establece que correspondía que el trámite se suspendiera por 60 días y que advierte que la dimisión carece de efecto si no se materializa el condicionante. En su artículo 40, la norma fija que los fallos de la comisión y del Jurado de Enjuiciamiento son irrecurribles.

Impacto político

Este nuevo proceso contra Pisa se da bajo un contexto político diferente, con el oficialismo fracturado y con el vicegobernador Osvaldo Jaldo buscando diferenciarse de Manzur. Además, la Nación puso la lupa sobre el caso y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, solicitó al Ministerio Público Fiscal que investigue a quiénes manejaron las 14 causas penales que impulsó Tacacho contra Parada Parejas.

El divorcio político entre el gobernador y el presidente de la Legislatura también tuvo repercusiones directas en la comisión de Juicio Político. Por mayoría, en la sesión del 6 de mayo, ante la ausencia del bloque Lealtad Peronista, se decidió desplazar a dos manzuristas del comité y reemplazarlos por los jaldistas Ferrazzano y Tulio Caponio. Esto le permite al jaldismo contar con siete miembros: Enrique Bethencourt, Norma Reyes Elías, Gonzalo Monteros, Adriana Najar y Graciela Gutiérrez; tres son manzuristas: Khoder, Sergio Mansilla y Carlos Gómez (era jaldista, pero cambió de espacio en julio); y dos de la oposición: Raúl Pellegrini (Partido por la Justicia Social) y Mario Casali (Fuerza Republicana).

297 días sin Paola

En este contexto, Mariela Tacacho, madre de la profesora de inglés, compartió con LA GACETA una nueva carta que le presentará hoy a Jaldo. Allí planteó que lleva 297 días buscando justicia y reparación por el femicidio de su hija, y que la decisión que tomó Manzur en febrero significó fue una nueva puñalada. “Se archivaron, en una franca violación a la ley, los primeros pedidos de juicio político. Y el Juez Pisa no recibe su jubilación y sigue en su despacho con la posibilidad de seguir dictando sentencias que ponen en peligro a los tucumanos y favoreciendo al poder. Pero la ciudadanía no se rinde y se iniciaron nuevos pedidos y estamos, otra vez, frente a la posibilidad de alguna reparación en manos de la Comisión de Juicio Político”, expresó.

La mujer, oriunda de Salta, le marcó a Jaldo que él expresa que es diferente a Manzur, por lo que le pidió -nuevamente- que sea consecuente con sus palabras. ¿Está dispuesto a hacer las cosas de verdad de una manera diferente o es una pelea que en el fondo sostiene complicidades e impunidades para los amigos del poder? Elijo creer que sus expresiones públicas para mostrarse diferente al gobernador pueden ser reales. Lo sabré yo, mi familia  y toda la ciudadanía de Tucumán si la comisión de Juicio Político, conformada en su mayoría por legisladores y legisladoras de su espacio político, avanza en el proceso de acusación contra el juez Pisa. De lo contrario, tomaremos nota de que usted está dispuesto a continuar el camino de dolor y desamparo en el que el estado tucumano ha puesto a mi familia. En sus manos está la respuesta”, concluyó.

Situación del magistrado: sin avances en los trámites ante la Anses

Fuentes de la Anses indicaron que Pisa, quien se desempeña hace 17 años como magistrado, figura como activo en el sistema, haciendo aportes, y que el trámite para acceder a una jubilación con el 82% móvil (unos $400.000) está paralizado desde hace meses. A su vez, dijeron que, en julio, se inició un proceso para la jubilación ordinaria (el tope hoy es de $130.000). El magistrado presentó el 11 de junio su renuncia lisa y llana ante Manzur. El gobernador, sin embargo, deslizó que, a diferencia de lo sucedido el 24 de febrero, esta vez no la firmaría. “Ya fue aceptada en su momento”, dijo en junio. En su descargo, el juez consideró que al ser una dimisión definitiva no es necesario un nuevo decreto de aceptación de parte del gobernador. Sin embargo, en el artículo 30 de la ley 8.734, se establece que se darán por clausuradas las actuaciones en contra del acusado únicamente si la renuncia lisa y llana es aceptada por el titular del Poder Ejecutivo.