Dos advertencias tecnológicas a la hora de proyectar pasaportes sanitarios

Al menos tres propuestas de pasaporte sanitario orbitan por estos días en el poder legislativo de Tucumán con vistas a la creación de un sistema de control que permita a las personas vacunadas acceder a determinados lugares públicos. Los proyectos establecen distintos alcances del certificado de vacunación, desde la posibilidad de restringir el acceso a la provincia solamente a las personas que cuentan con dicho documento, hasta otros que solo se limitan a acreditar a los vacunados para ingresar a discotecas, a reparticiones públicas o al servicio de ómnibus. Sin embargo, a pesar de sumar adhesiones en la Legislatura, aún no está prevista la puesta en vigencia de un “pase” como el que ya se utiliza en otras provincias del país.

La idea de este tipo de pasaporte, como casi todo lo vinculado a la pandemia del coronavirus, ya está vigente en países europeos desde hace un poco más de un mes. El Certificado Digital Europeo o pasaporte Covid, ya es aplicado en España, Francia, Italia, entre otros países y lo particular de dicho certificado sanitario es su versión digital, que consiste en un código QR que acredita que el titular ha recibido el esquema de vacunación completa contra la Covid-19 o bien cursó la enfermedad y ya tiene anticuerpos. Con la discusión sobre su aplicación ya saldada en estos territorios, expertos y organismos comenzaron a alertar sobre otras preocupaciones vinculadas con el carácter tecnológico de dicho instrumento.

Una de las primeras advertencias sobre el certificado digital de vacunación apunta a la utilización de datos personales. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), entre otros organismos, han expresado en estas semanas su preocupación por la utilización de certificados dentro de los Estados para acceder a negocios, restaurantes o gimnasios, así como su uso en otros contextos como el laboral. En España en particular, los certificados son emitidos por cada comunidad autónoma y luego son controlados por el gobierno central. Por dicho motivo, la AEPD ha enviado un requerimiento de información a las Consejerías de Sanidad de las comunidades de Canarias y Galicia con el objetivo de comprobar la licitud del tratamiento de datos personales. A través de un comunicado, la entidad advirtió que la emisión de estos certificados “implica la necesidad de contar con una base legal apropiada que se ajuste a los principios de eficacia, necesidad y proporcionalidad, atendiendo a la existencia de otras medidas de protección que puedan resultar menos invasivas, evitando efectos discriminatorios y estableciendo las garantías adecuadas”.

Otra entidad que advirtió sobre la necesidad de asegurar la privacidad de los ciudadanos a la hora de aplicar documentos digitales fue la Unesco a través de la “Declaración sobre la ética de los certificados Covid-19 y pasaportes de vacunas”. En junio de este año, la organización alertó que es crucial que las versiones digitales cumplan con “los criterios de limitación de propósito, minimización de datos, requisitos de seguridad y principios de privacidad por diseño”. Es decir, solicitó que el acceso a los datos para el funcionamiento de este tipo de aplicación se limite únicamente al propósito de certificar a las personas vacunadas y que los datos no puedan estar disponibles para otros fines.

Pero la Unesco también hizo un llamado de atención sobre la accesibilidad al certificado y la necesidad de que dichos documentos no se utilicen como un privilegio para aquellos que tienen acceso a vacunas, pruebas y tecnologías digitales, generando nuevas divisiones sociales. Por tal motivo, la organización internacional instó a que las tecnologías digitales utilizadas para facilitar los certificados de Covid-19 sean accesibles, comprensibles y utilizables por todos los que tienen menos conocimientos digitales y por quienes no tienen conexión a Internet. Finalmente, los expertos que redactaron el documento sobre la aplicación ética del certificado digital plantearon que es prioritario considerar a los adultos mayores que pudieran tener menos habilidades digitales y menos acceso a las tecnologías. Para ellos, los estados deberían proporcionar medios alternativos “completamente funcionales” para que también obtengan su certificado de Covid-19.

En tierras donde la desigualdad económica y tecnológica es bien común, es prioritario entonces que los proyectos legislativos que están analizando la aplicación de un documento de vacunación contemplen estas dos advertencias. Si bien los certificados podrían desempeñar un papel central en la reactivación de la economía y en el restablecimiento de las libertades individuales, existen fuertes preocupaciones éticas que deberían ser prioritarias a la hora de redactar propuestas locales. Solo de esta manera, podremos avanzar en la recuperación de una normalidad más sana, pero también más segura e inclusiva.