¿Internet pública? El debate que se viene - LA GACETA Tucumán

¿Internet pública? El debate que se viene

14 Ago 2021 Por Federico Türpe
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La pandemia puso sobre la mesa un debate crucial, que ya lo era, pero que a partir de la virtualidad se hizo prioritario: ¿es internet un derecho o un privilegio?

No es una discusión que se plantea en los países menos desarrollados o más pobres. Ni siquiera es una polémica que se circunscribe a diferencias ideológicas, de izquierda o de derecha, entre estatistas o privatistas.

Es un debate mundial. No sólo porque internet implica más y mejor acceso a la educación -en algunos casos directamente acceder o no-, lo mismo con el trabajo -no sólo el teletrabajo-, las comunicaciones, la salud, la economía y el entretenimiento.

Comprar comida, ropa o medicamentos, recibir recetas o consultas médicas, estar informados -más importante aún en tiempos de tanta desorientación y angustia-, poder trabajar o buscar empleo, educarnos, cobrar el sueldo, una venta o un alquiler, comunicarnos con las personas que no pudimos ver durante tanto tiempo y, finalmente, poder distraernos o entretener a los niños en medio del encierro, fueron algunas de las actividades básicas y esenciales que fueron y son posibles gracias a internet.

Es una de las discusiones centrales que se plantean en este momento, por ejemplo, en los Estados Unidos.

Lejos de lo que uno supondría, en la primera potencia mundial este servicio es caro, deficiente, y en algunas zonas escaso.

El gobierno federal supone que alrededor de 25 millones de estadounidenses no tienen acceso a banda ancha. Sin embargo, según un informe de Microsoft “162,8 millones de personas no utilizan internet a velocidades de banda ancha”.

Además, según el Centro de Investigaciones Pew (Pew Research), el 10% (33 millones de estadounidenses) ni siquiera tienen internet.

En EEUU se considera banda ancha a descargas de 100 Mbps y cargas de 50 Mbps.

En cuanto a costos, según un estudio comparativo de la empresa Cable.co.uk, un proveedor de servicios de telecomunicaciones de Gran Bretaña, Estados Unidos ocupa el puesto 119 entre 206 países, con precios mensuales que duplican a los de países como Alemania, Gran Bretaña y Japón.

Una pelea judicial

El debate en Estados Unidos no se limita sólo al acceso a la red, sino que es más amplio. Están discutiendo si no debe ser considerado un servicio esencial como la luz, el gas o el agua, y por lo tanto estar sujeto a las mismas regulaciones estatales.

También hay un debate en torno de la llamada “neutralidad de la red”, que es que todo el tráfico reciba el mismo trato, plural e igualitario, algo que hoy no ocurre, ya que según el proveedor “cierra o abre el caño” de acuerdo a sus intereses.

Esto es, por ejemplo, que si una empresa como Amazon o HBO son socios de un proveedor de internet, pueden ralentizar la velocidad y la calidad de imagen de un competidor, como Netflix o YouTube.

Este tema llegó a judicializarse, y en octubre un fallo del Tribunal de Apelaciones de Washington DC, confirmó una decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones (el ente estatal que regula este servicio) que revirtió las reglas de la neutralidad de la red, dándole la razón a los proveedores, como Comcast y Verizon, que son libres de ralentizar, bloquear o priorizar el tráfico de internet como lo deseen, sin interferencia del gobierno federal.

Sin embargo, en ese mismo fallo del Tribunal se dejó abierta una ventana, por la que muchos ahora están pasando.

Los jueces decidieron que los estados y los gobiernos locales (provincias y municipios) pueden imponer sus propias reglas de neutralidad de la red y abogar por “una internet abierta y libre de obstáculos corporativos”.

Así fue que los gobernadores de seis estados -Hawai, Montana, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island y Vermont- ya decretaron la neutralidad de la red, al prohibir a las oficinas públicas contratar proveedores de internet que limitan el acceso de los clientes en línea. Otros cinco estados han aprobado sus propias leyes que exigen que las empresas de internet traten a todo el contenido en línea por igual: California, Oregon, Washington, Vermont y New Hampshire .

Además, más de 100 alcaldes, de grandes ciudades como San Francisco, o pequeñas como Edmond (Oklahoma), decidieron que no firmarán contratos con proveedores que violen la neutralidad de la red.

Esto significa que estas empresas no pueden conectar a escuelas públicas, bibliotecas y edificios del gobierno.

No es sólo un negocio

Otro problema que tienen los estadounidenses es que los proveedores de internet priorizan las zonas urbanas más rentables y desatienden o directamente no prestan el servicio en barrios más marginales o pueblos alejados.

Esto provocó que hoy haya más de 500 localidades que operan redes de internet públicas,que son más baratas, más rápidas y más transparentes en sus costos.

Un ejemplo es la red de banda ancha municipal de la ciudad de Chattanooga, que según una encuesta nacional de Consumer Reports, es la mejor calificada en todo EE UU.

Otros países como Francia, Holanda, Canadá, Finlandia, Estonia, México y Costa Rica declararon a internet un servicio esencial y estratégico.

En Francia consideraron que no es solo un servicio básico para los hogares y las empresas, sino que es un gran motor en el desarrollo de un país, tecnológico, educativo, laboral y recreativo.

También la Unión Europea declaró en 2016 a internet como un derecho universal y anunció que aspira a que en pocos años todos los europeos tengan acceso por igual a un servicio barato y veloz.

En Argentina, esta semana resurgió este debate, a partir de polémicas declaraciones que realizó el presidente Alberto Fernández, durante la inauguración de la Semana de las Juventudes, en Tecnópolis.

Allí dijo: “Hoy la biblioteca se llama internet. Es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque dije que internet es un servicio público, que se enojen, vamos a hacerlo un servicio público para que llegue a los argentinos y argentinas y para que no nos estafen y nos roben con las tarifas”.

El 21 de agosto de 2020, Fernánde emitió un decreto que declaró a internet, telefonía y televisión paga como servicios públicos esenciales, con ocasión de la cuarentena derivada de la pandemia.

Sin embargo, la Justicia admitió la medida cautelar que pidieron de forma conjunta las empresas Telecentro y DirecTV contra ese decreto, la cual sostiene que las compañías no necesitan el aval del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para aplicar un aumento de tarifas, y podrán seguir estableciendo los precios que más le convengan sin autorización.

No sabemos si fue una coincidencia o no, pero las declaraciones de Fernández surgen dos semanas después de su participación en la asunción del presidente peruano, Pedro Castillo, donde anunció: “En nuestro gobierno internet será un derecho, no un servicio”.

Tampoco podemos saber si el anuncio de Fernández, como todo en este país agrietado, forma parte o no de la pelea entre el kirchnerismo y las empresas de telecomunicaciones.

En Argentina, según el Indec, el 63,8% de los hogares urbanos tiene acceso a una computadora y el 90% a internet.

Si vemos el total del país, el porcentaje de acceso a internet cae al 70%. Es decir, el 30% de los argentinos no tiene acceso a internet y el 40% que lo tiene no sabe cómo usar la red. Además, en el 70% del territorio, donde vive el 30% de los argentinos, no hay acceso a internet o el acceso es de muy mala calidad.

También, 88 de cada 100 argentinos tienen un teléfono celular.

Un proyecto

Tras el anuncio del Presidente, el senador de Chubut Alfredo Luenzo (FdT) anunció que presentará un proyecto en el Congreso que buscará igualar a internet con servicios como la electricidad, el gas y el agua, y para que el Estado garantice su acceso en todos los hogares del país.

“La conectividad es el eje central de nuestras vidas. Tal vez la Capital Federal vive una situación natural en su realidad con internet, pero esta no es la realidad que tiene el interior, donde el mercado no lo puede resolver”, declaró Luenzo.

Luego describió: “La brecha digital que tenemos en Argentina es alarmante. Hay provincias, como el caso de Formosa, que apenas el 30% tiene acceso a la conectividad. Provincias como las nuestras, en la Patagonia argentina, donde rondamos el 40% y 50%. Y esto significa lisa y llanamente, en un marco de pandemia como estamos viviendo, ser excluidos del sistema educativo, de salud, del trabajo y de la economía del conocimiento”.

San Luis es la provincia que más redes de Wifi públicas tiene desplegadas, superando incluso a CABA.

En esa provincia el derecho de acceso gratuito a la conexión de internet está garantizado por la Constitución.

Por día, más de 62.000 dispositivos utilizan el internet gratuito provisto por el Estado provincial y los niveles de alfabetización digital están entre los más altos del país.

El debate está abierto, es mundial y hay que darlo. La pandemia lo aceleró, aunque ya se venía discutiendo.

La falta de internet profundiza dramáticamente las desigualdades. Y sabemos que los países con más y mejor conectividad son hoy los que más están desarrollando su capital humano, el capital más importante en la cadena productiva.

En Argentina, el 20% de los estudiantes que finalizan la primaria y el 16% de los estudiantes que terminan la secundaria no tiene acceso a internet en su hogar. Esto, sin contar a los millones de chicos que no llegan a completar sus estudios.

En menos de 10 años, no tener internet será el equivalente a vivir sin electricidad

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