Avanzan en La Florida las acciones ordenadas por la Justicia en una causa de abuso sexual

En el contexto de una causa penal por abuso sexual, la Justicia emitió una sentencia en la que, además de condenar a los autores, ordenó que se implementaran acciones positivas para la comunidad del bario El Bosque, localidad de La Florida (departamento Cruz Alta). La decisión fue dictada por la jueza María Alejandra Balcázar, quien entendió que los delitos de esta naturaleza se inscriben en una problemática más amplia, donde las desigualdades de género y las violencias hacia las mujeres juegan un papel fundamental, relacionadas con un contexto cultural y social, y por ello requieren de acciones que involucren a todos los poderes del Estado. A un mes del fallo, los distintos organismos que intervienen para el cumplimiento de estas disposiciones reflejan avances significativos.

“En la propia audiencia de control de acusación y admisibilidad de las pruebas, que se terminó convirtiendo en un juicio abreviado, la interdisciplina sirvió para buscar una salida al conflicto primario, donde una persona que había sido víctima de un abuso sexual y violencia de género, estaba solicitando una respuesta del Estado como solución al problema, y por supuesto que nosotros como operadores y operadoras del sistema tenemos límites a esa respuesta. El punto es que jueces y juezas tenemos que situarnos en que el Código nos da, junto al Sistema de Derechos Humanos, otras herramientas para resolver el conflicto e intervenir positivamente en la sociedad promoviendo el cambio cultural”, planteó la magistrada.

Entre las medidas complementarias que dictó, destaca la convocatoria para que organismos de los distintos poderes del Estado trabajen conjuntamente con acciones positivas en ese sentido. Hoy comenzaron sus actividades en un dispositivo territorial, a partir del cual buscan congregar a referentes locales y a instituciones para llevar adelante una reflexión conjunta que permita visibilizar y abordar una problemática compleja, como es el caso de las agresiones comunales atravesadas por la violencia de género. 

Forman parte de esta mesa de trabajo interpoderes representantes del Ministerio de Desarrollo Social (Observatorio las mujeres y violencias por razones de género); del Ministerio de Salud Pública (Secretaría de Adicciones y el Área de Salud); del Ministerio de Educación (equipos técnicos de la Secretaría de Asistencia Social Escolar –SASE– y del Gabinete Pedagógico Interdisciplinario –GPI–); de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos y Justicia; del Ministerio Público Fiscal (la Oficina de Contención a la Víctima), y de la Corte Suprema (la Oficina de la Mujer, la Oficina de Derechos Humanos y Justicia y la Oficina de Asistencia a la Víctima del delito).

La licenciada Fernanda Beltrán, quien asistió en la orientación, acompañamiento, contención y escucha psicológica de la denunciante a lo largo del proceso judicial, considera que es fundamental dimensionar el alcance que tuvo el fallo al permitir que se sume al discurso jurídico el discurso psicológico, en tanto este lenguaje aporta una mirada particular, que aúna a la conflictiva personal el impacto social que conlleva acciones concretas. Agrega que el objetivo es pensar los problemas desde la coresponsabilidad, volcarlos en un proyecto a corto y mediano plazo, que motoriza un cambio en la comunidad, con impacto real y tangible en esta.

Considera que, en relación a la experiencia de la denunciante, debe destacarse la “reparación simbólica, que hace al posicionamiento de cada individuo desde lo social cultural” y permite visibilizar el empoderamiento y las mejorías que conlleva el haberse sentido escuchada; poder así visualizar la subjetividad de la víctima y el impacto que la situación delictiva trajo a su vida, en la que deben considerarse las características contextuales de la situación planteada que se han dado en la audiencia. Así, en este caso “se ha podido ver en lo que han hecho los imputados (agraviarla verbalmente, tocarla sin consentimiento) una problemática que va más allá, una cuestión cultural que se vio reflejada en toda la zona y abarca la vulneración de los derechos de las mujeres, la naturalización de conductas machistas, de conductas patriarcales, asimetrías de poder”.

En consonancia con esta visión, Fernando Nicolás Blanno, titular de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual n° 2, dijo que la nueva dinámica instaurada por el sistema adversarial posibilita advertir cuándo una situación concreta tiene un correlato más complejo en el territorio y no debe ser abordada, en consecuencia, únicamente en el ámbito punitivo que caracteriza al proceso penal. “A partir de allí, la fiscalía consideró que estábamos ante una oportunidad de actuar más allá del delito en particular, en el sentido de fomentar la instauración de valores éticos-sociales de acción en una comunidad determinada, precisamente para colaborar en la modificación de estos patrones culturales que subyacen en los casos de violencia de género”, explicó.

Acciones

Tal como lo dispuso el fallo, tanto los imputados como la víctima comenzaron el tratamiento psicológico en el Observatorio de las Mujeres y Violencias por Razones de Género. La titular del organismo, Verónica Ale, comentó: “Es importante reconocer y visibilizar que el objetivo fundamental de las medidas proteccionales es que se cumplan, entonces generalmente los varones que son atendidos inician un proceso mínimo de seis meses donde lo que se busca es visibilizar estas conductas naturalizadas”. Además, señaló que el 95% de varones que están en el espacio sostenido en el Observatorio cumplen las medidas impuestas.

Con los primeros resultados de la resolución a la vista, Balcázar consideró que ante estas situaciones siempre debe tenerse presente que detrás de cada legajo hay personas. “Una vez escuché al maestro Luigi Ferrajoli decir en una conferencia que los jueces y las juezas nos olvidamos de las personas que pasan por los juzgados, pero las personas nunca se olvidan de nosotros: de cómo las tratamos si fueron escuchadas y qué pasó con su conflicto en definitiva. Entonces me parece que este caso es una excelente oportunidad para reconocer que este cambio de paradigma, este nuevo sistema adversarial y las herramientas que nos da el Código Procesal sirven para que la ley se cumpla y en definitiva se transformen conductas en pos de una mejor sociedad, más justa e igualitaria, cumpliendo en definitiva con la función de pacificar conflictos y las trasformaciones que el plexo normativo de respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres nos exige, lo que en definitiva tiene que ver con un sistema de valores dentro de la sociedad que sirve para un cambio, para una transformación, utilizando el Derecho como herramienta de ese cambio”.

Por último, la jueza destacó la interdisciplinariedad desplegada en las audiencias: “la participación de la psicóloga de la Oficina de Asistencia a Víctimas como la de la propia víctima fueron centrales para tener información de calidad y conocer la dimensión del conflicto y sus alcances. La denunciante, con su presencia mediante plataforma digital, pudo contar su cotidianeidad a partir de estos hechos como repercutió en su familia, en su barrio, en su cuadra. Escucharla implicó pensar y encontrar soluciones que iban más allá de una sentencia de condena donde los otros poderes del Estado debían intervenir en propiciar conductas transformadoras que en definitiva pugnen por el cambio cultural. Es así que además de aplicar una pena, se gestionó la participación de otros organismos, quienes, de forma conjunta con un plan de acciones creativas y positivas (por especialistas en disciplinas distintas a la abogacía) podían pensar y ponderar lo necesario en el caso. Todas estas acciones, en las que se invita a la comunidad a participar y trabajar en el territorio, permitirán la transformación cultural en pos del respeto por los Derechos Humanos de las mujeres. Desde esa mirada, el servicio de justicia tiene una función adicional a la de lograr el respeto por la ley y con ella el sistema de los DD HH, permitiendo la transformación hacia una sociedad más justa e igualitaria”.