¡Salven al nuevo código!

El nuevo código procesal penal sigue siendo una herramienta con la que los tucumanos pueden llegar a decir que en nuestra provincia existe justicia. A casi un año de haberse puesto en vigencia, los números que se conocen están teñidos de verde positivo. No sólo porque se agilizaron los procesos, sino porque el ciudadano común tiene otras alternativas para que se resuelvan los conflictos que antes se archivaban. Pero en Tucumán todo puede pasar. El sistema judicial, por falta de recursos, va camino a otro fracaso si no se toman decisiones de urgencia, como cubrir cuanto antes las vacantes en el Poder Judicial. Y lo que no es menor: sigue siendo desesperante la falta de alojamiento de las personas a las que se les dicta prisión preventiva o se las condena por un delito.

El organigrama del Ministerio Público Fiscal muestra que en el régimen adversarial (que interviene en las causas del nuevo digesto) hay 18 Unidades Fiscales, especializadas en Decisión Temprana (una), Robos y Hurtos (dos), Integridad Sexual (tres), Homicidios (dos), Atentados contra las Personas (una), Delitos Complejos (una), Delitos Flagrantes (cinco) y Violencia Familiar y de Género (tres). Pero sólo 13 de ellas tienen un fiscal titular; las cinco restantes están siendo subrogadas por otro investigador. Un reconocido profesional de derecho repite una y otra vez que si no fuera por los fiscales auxiliares, el sistema hubiera colapsado a las semanas de haberse puesto en funcionamiento y por ese mismo motivo nadie hizo un planteo sobre la función que cumplen.

Los magistrados no cuentan con ese tipo de ayuda y están al borde del colapso. Supuestamente, el Colegio de Jueces debería tener 36 miembros, pero cuenta con menos de la mitad: 17. Las estadísticas indican que desde el 1 de septiembre pasado hasta el viernes 30 de julio, se desarrollaron 7.486 audiencias, es decir, que en promedio cada juez estuvo al frente de 440 debates. Los magistrados Federico Moeykens , Judith Solórzano y Ana María Iácono, los tres especializados en Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) y la última que subroga el juzgado de Ejecución, aparecen como los que más trabajo tuvieron atento al doble rol (como jueces de adultos y de NNyA) que desempeñan dentro del Colegio de Jueces. ¿Es mucho? ¿Es poco? Si se busca la excelencia, se podría decir que están en su derecho de hacer una denuncia por explotación laboral, pero lo más grave es que nadie se da cuenta de que no podrán mantener ese ritmo cuando comiencen a desarrollarse los juicios orales, lo que implicaría que más “señorías” se dedicarán de lleno a esa tarea y no podrán atender otras cuestiones.

El Colegio de Impugnación también está en problemas. Debería tener nueve miembros, pero solo se cubrieron seis cargos y no se resolvió aún que pasará con el puesto que quedó vacante al ser destituido Enrique Pedicone. De los seis magistrados, dos de ellos pasaron a integrar el cuerpo que forma parte de los debates orales, hay un tercero de licencia y sólo tres se encargan de analizar todas las impugnaciones. Tienen la misma cantidad de jueces de la especialidad que el Centro Judicial de Concepción, donde se tramitan menos de la mitad de las causas que en la Capital

El Poder Ejecutivo y el Legislativo están en deuda con el Judicial porque se demoran en los nombramientos de los fiscales y jueces elegidos a través de concursos. ¿Y por qué no se cubren los cargos vacantes? Porque la política volvió a meter la cola. Había una lista propuesta por el Poder Ejecutivo para nombrar magistrados, pero por desconfianza en la Legislatura la frenaron. Y lo que es peor: muchos aseguran que sólo se verá la posibilidad después de las internas del 12 de septiembre. En otras palabras: prevalece la pugna de dos sectores del oficialismo en vez del beneficio general.

Errores del pasado

Pareciera que los tres poderes no aprendieron de los errores del pasado. La Corte Suprema de Justicia dio a conocer unos números clarificadores. En el primer semestre de este año, se dictaron 919 sentencias, casi cinco veces más que en 2020 (llegaron a 200); y tres veces más que 2019 (342), 2018 (273) y 2017 (243). Sólo analizando estas cifras se puede entender por qué en el régimen conclusional, es decir todos los expedienes abiertas antes de que se pusiera en vigencia el nuevo código, hay unas 40.000 causas sin resolver. Tres fiscales dirigen seis oficinas que se dedican a cerrar estas causas; dos jueces de instrucción -uno de ellos que no se sabe si se jubiló aún- a controlar las investigaciones; y tres tribunales (integrados por tres jueces cada uno) deben dictar sentencias. Y con estos recursos es prácticamente imposible que lo logren, por más que se consiga la prórroga que por ley se puede dar.

Los fiscales Adriana Giannoni (ya jubilada) y Diego López Ávila, de manera visionaria, advirtieron en 2015 de la crisis carcelaria. Observaron que los lugares destinados al alojamiento de los detenidos estaban colapsados y que se debía trabajar de manera urgente para encontrar una solución. Han pasado seis años de que se encendiera esa luz de alarma y se hizo muy poco. Ahora, cuando los calabozos de las comisarías explotan de personas, se anuncia la creación de una alcaldía para albergar a 400 reos. En realidad, será como sacarle un vaso de agua al Cadillal, ya que se estima que hasta fin de año la población carcelaria se incrementaría a 1.000 personas, lo que significa que no habrá dónde ubicar reos. Ya lo dijo el abogado Manuel Pedernera: “el nuevo código es una Ferrari. No se le puede poner GNC porque no funcionará”.