¿Qué ocurre con los chicos que no pueden ir a la escuela?

Aunque no es un número considerable, en todo grado o curso siempre hay un grupo de chicos que no puede asistir a clases. A veces están enfermos, quizás pertenecen a grupos de riesgo o sencillamente sus padres decidieron no enviarlos a la escuela en forma presencial porque temen que se contagien o que pongan en riesgo a la familia. Estos alumnos quedan a expensas de la buena voluntad y del tiempo que disponen los docentes para darles los contenidos en forma virtual. Son pocos los colegios que tienen la tecnología para que el alumno, desde su casa, pueda presenciar la clase que se dicta en el aula. La mayoría se ve obligado a buscar los deberes de las casas de sus compañeros o de correr riesgos familiares para evitar que sus hijos desaprueben el curso.

Ante esta situación muchos padres están organizando una marcha para mañana, a las 18.30, desde plaza Urquiza. Otros buscan asesoramiento jurídico para iniciar algún tipo de medida judicial.

Raúl Ichazo, papá de una alumna de la escuela primaria Juan Crisóstomo Alvarez de El Manantial, ha recibido la peor respuesta: “aquí vamos a dar clases presenciales, si su hija no va venir, entonces busque la manera de conseguir la tarea”. “Por otra parte, desde que volvieron a la presencialidad los chicos tienen menos días de clases”, aañade. “En la escuela donde va mi hija se dividió el grado en dos grupos porque no pueden entrar todos en la misma aula. Uno tiene clases presenciales una semana y el otro la siguiente. Pero la semana en que no tienen que ir a la escuela solamente les dan deberes para hacer en la casa. Antes, al menos, la maestra le enviaba audios, videos y otras actividades para realizar y avanzar en forma virtual. Ahora, como es todo presencial, la docente tiene todo su tiempo ocupado en dictar clases las cuatro semanas, pero cada grupo recibe la mitad del total de esas clases presenciales”, explica el papá.

Clara Serrano se encuentra en una verdadera encrucijada. “En la Escuela Normal Juan B. Alberdi, donde va mi hija, no hay clases virtuales. Para mí es un riesgo muy grande tener que mandarla a ese establecimiento, donde los cursos son de 50 alumnos, porque tengo a mi madre con cáncer. Ya planteé el problema en la escuela, pero no me dan ninguna alternativa. El que no puede ir a la escuela tiene que estudiar por su cuenta, me dijeron”, cuenta.

Rebeca Oviedo, madre de dos chicos, decidió no mandarlos a la escuela porque no cree que el establecimiento tenga la seguridad que garantice que no se van a contagiar. “Hay escuelas como la que van mis hijos que tienen problemas edilicios. Se robaron la bomba de agua y ahora pusieron otra pero el agua sale con muy poca presión. Los conserjes no tienen los elementos de limpieza suficiente”, dice la vecina de El Manantial.

“El gobierno anunció que las clases presenciales son opcionales pero pone sobre los hombros de los docentes todo el peso de esa decisión. Ellos deben trabajar el doble, dictar las clases presenciales y, además, ocuparse de los alumnos que no pueden asistir a las aulas. Esto no es justo ni para los niños ni para los docentes, es un trabajo extra, que debiera tener su remuneración adicional también”, argumenta.

“En este momento cada institución decide cómo va a trabajar la presencialidad. Los padres que prefieren no enviar a sus hijos a la escuela deben elevar una nota a la dirección de la escuela expresando su voluntad de no mandarlos”, explica la pedagoga y docente jubilada Nora Isabel Yenad, de la agrupación “Isauro Arancibia”.

“El problema se presenta porque la presencialidad es ley, la virtualidad sería la excepción. El ministerio delegó en cada establecimiento la decisión de cómo dictar sus clases. El inconveniente no es de fondo porque el Estado a través de la norma garantiza la presencialidad, es de forma, es decir, cómo llevamos la educación al alumno. Pero allí el gran ausente es el gobierno educativo”, reflexiona Yenad.

La agrupación Docentes Autoconvocados está en completo desacuerdo con el regreso a la presencialidad. “Implica un desplazamiento de unas 400.000 personas diariamente. Muchos de ellos usan transportes públicos, donde no se cumple ningún protocolo”, advierte una de las dirigentes, Raquel Grassino. Anticipó que la agrupación realizará una nueva asamblea el sábado para planificar acciones de lucha entre el 2 y el 6 de agosto.