Se encendió la maquinita. Y las necesidades de financiamiento están relacionadas más con la idea de ponerles más plata en el bolsillo a los sectores más vulnerables que a reactivar, integralmente, la economía. La emisión de pesos es un clásico de los años impares, de elecciones generales y de medio turno. Lo hicieron todos los gobiernos y de todos los colores. No hay responsabilidad fiscal cuando enfrente hay una necesidad de sostener el poder, cueste lo que cueste. Lo malo de esa estrategia que, a la corta o a la larga, la terminan pagando todos los sectores sociales, desde el más pobre, que termina cayéndose de la pirámide socioeconómica, hasta aquel que más tiene y que decide no invertir porque la incertidumbre no le permite establecer hacia dónde irá su dinero.
El Banco Central ya ha dado su veredicto, una nueva transferencia de unos $ 80.000 millones, que implica más emisión. Si se agrega a los $ 90.000 millones que anteriormente ha concedido bien podría financiar a una provincia como la nuestra, que requiere un poco más de esa cantidad para financiar los gastos de todo el año. Entre el pago de los aguinaldos, devoluciones del impuesto a las Ganancias, bonos a jubilados de la mínima y programas sociales se inyectarán más de $ 335.461 millones a la calle, había anticipado para este mes un reporte de la consultora Econviews. La pregunta inmediata es a dónde irán los pesos en aquellos sectores donde la suba de los ingresos disponibles permite algún excedente, había interrogado la firma privada. Sin posibilidades de turismo abierto, con un sistema de ahorro prácticamente vedado (los plazos fijos no rinden lo deseado y es imposible atesorar dólares), el Gobierno cree que el dinero excedente irá directamente al consumo. Pero la sociedad no mira desde esa perspectiva porque no sabe qué es lo que sucederá mañana.
La inflación sigue siendo el fantasma de la ópera económica en la película de terror que protagonizan los argentinos. De allí es que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, haya anunciado en Lomas de Zamora el pago de un bono extraordinario de $ 5.000 en agosto a más de seis millones de jubilados y pensionados, con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la inflación. “Los salarios y las jubilaciones tienen que ganarle a la inflación”, afirmó ayer la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont que, además, ha fijado una de las posturas mayoritarias dentro el elenco económico nacional: la Argentina no está en condiciones de hacer ajuste alguno. Esa decisión política es lo que, en cierta medida, está demorando un acuerdo con el FMI. Hablar de ajuste en un año electoral es condenar al Gobierno a una derrota segura. Sin embargo, la apatía de la sociedad se ha convertido en el “cuco” al que deben vencer, en las urnas, tanto el oficialismo como la oposición.
Las necesidades de financiamiento irán en aumento y las consultoras coinciden en que, a este ritmo, en el segundo semestre se imprimirá el equivalente a $ 1,6 billón (el dinero suficiente para financiar los gastos anuales de todo el Norte Grande). Uno de los planes que ha reactivado la Casa Rosada es emitir billetes de alta denominación con la figura de Diego Armando Maradona en el anverso. Se hablaba de que ese billete sería de $ 10.000. Si eso sucediera, el Gobierno nacional podría hacerse de dólares con la venta de esos papeles a coleccionistas de todo el mundo. Si todos los habitantes de Nápoles lo compraran, el Banco Central obtendría la friolera de U$S 296 millones.
Una realidad que ya no es percepción
La brecha de ingresos se amplía a medida que se observa que la actividad económica no se mueve al ritmo deseado. Los ingresos no crecen en sintonía con el ritmo de la inflación. De acuerdo con los datos difundidos, al primer trimestre del año, por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, un 58,6% de la población total (16.866.823 personas) percibió algún ingreso, cuyo promedio mensual es igual a $ 42.394 (muy por debajo del valor de la canasta básica total o el límite de ingresos para no ser considerado pobre).
Analizado según escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles del 1 al 4) equivale a $ 14.500; el del estrato medio (deciles del 5 al 8), a $ 40.088; y el del estrato alto (deciles 9 y 10), a $ 102.917. Pero esa brecha se percibe también por género. Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $ 48.570, mientras que el de las mujeres fue de $ 36.123. Nada nuevo bajo el sol. Aún no se perciben políticas que impliquen un acercamiento progresivo e igualitario en el nivel de ingresos sin distinción de sectores. La consultora Invecq ha descripto esta situación en tres escenarios:
• En primer lugar, la caída de los ingresos totales de las familias es mayor que la caída del ingreso laboral individual de la ocupación principal. Esto ocurre para todos los segmentos de la distribución del ingreso y significa tanto la pérdida de ingresos extras al de la ocupación principal (ocupación secundaria o complementaria, por ejemplo) como la erosión del poder adquisitivo de ciertos ingresos como transferencias del gobierno (jubilaciones, pensiones, AUH, etc.) u otros ingresos (rentas).
• En segundo lugar, la caída del ingreso de la ocupación principal es mayor en los deciles más pobres de la distribución del ingreso, quienes sufrieron más la crisis laboral de la cuarentena.
• En tercer lugar, la caída del ingreso familiar total es similar en todos los estratos de la población, lo que podría leerse como un indicador de que la política de transferencias del gobierno ha logrado compensar la mayor caída del ingreso de la ocupación principal en los deciles más bajos de la distribución del ingreso.
La pobreza ha dejado de ser una sensación; se ha convertido en una realidad que golpea a más familias de la clase media tradicional, cuyos ingresos claudicaron frente a una elevada y prolongada inflación.
