OPERATIVO. La Policía secuestró 150 kilos de marihuana en el límite de Catamarca.
Hace un par de años, frente al crecimiento del narcomenudeo y de la cantidad de crímenes, preocupaban las semejanzas que algunos indicadores de la provincia mostraban respecto de la ciudad de Rosario.
Pero en los últimos meses, por los diferentes hechos registrados, se podría decir que el modelo que más se asemeja es al de una ciudad fronteriza, donde la droga alimenta otras numerosas actividades ilícitas.
Uno: el famoso centro de acopio
El fiscal federal de Santiago del Estero Pedro Simón y el juez federal de Catamarca Alejandro Contreras, hace ya cinco años, habían advertido que Tucumán se había transformado en un centro de acopio, estiramiento, fraccionamiento y distribución de cocaína y marihuana. El tiempo pareciera darles la razón.
En menos de tres meses, la Policía secuestró más de 320 kilos de marihuana en distintos puntos de la provincia. El 14 de abril, un grupo de personas trasladaba 170 kilos de esa sustancia. Y el miércoles, en un control de rutina en Huacra, los uniformados detuvieron a un taxista que viajaba a Catamarca con 150 kilos de cigarrillos de marihuana.
“Las cantidades son muy importantes por el peso, pero también por el valor, ya que estamos hablando de mercadería que hoy tiene una valuación de más de $ 18 millones”, evaluó un investigador. Los detenidos, según consta en la pesquisa, eran meros transportadores, no los vendedores mayoristas, por lo que aún no se sabe a quiénes les habían comprado ni dónde ocultaban el resto de la droga.
“El caso (del taxista) ya está en manos de la Justicia Federal y seguramente será llamado a declarar, aunque normalmente en este tipo de casos se abstienen de declarar”, explicó el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Carlos Driollet.
Dos: aumentaron los crímenes narcos
En menos de seis meses, 16 personas perdieron la vida en crímenes vinculados con la comercialización o el tráfico de drogas ilegales. Fueron 11 los hechos que generaron conmoción. Nunca antes se habían registrado tantos homicidios por este móvil. Los registros anteriores son:
• En 2020: cuatro.
• En 2019, seis.
• En 2018, cinco.
• En 2017, cinco.
En los barrios de la periferia (no sólo en los asentamientos de emergencias) y en el interior de la provincia, los crímenes violentos se han incrementado. “Cada vez son más los casos que recibimos en los que la droga está por detrás”, reconoció el fiscal de Homicidios II, Carlos Sale.
En este luctuoso listado se puede encontrar de todo. Por ejemplo, muertes generadas por el dominio territorial; por el robo de las sustancias ilegales o de dinero (como sería el caso del triple crimen de Alderetes); y por venganza (el doble crimen de La Cocha, que ya pocos recuerdan, sigue sin resolverse).
“Estos tipos de delitos se incrementaron por el narcotráfico. La base del problema es la violencia, pero la droga y el alcohol son factores que agravan esa violencia. En tiempos de pandemia es peor aún. Los psicólogos advierten que la gente no está bien, que está atravesando muchos problemas”, explicó Driollet.
Tres: una práctica delictiva cada vez más común
En el léxico narco, “mejicaneada” se denomina el robo de drogas entre grupos narcos. Gustavo (19) y Santiago Villagra (17) vivían en Villa 9 de Julio. Un pariente domiciliado en el barrio Güemes los convocó para hacer un “trabajo”. Según el testimonio de un allegado, les dieron ropa de policías, dos radios y armas para que simularan ser uniformados e ingresaran a la casa de Germán Soria, quien podría haber tenido droga y una importante suma de dinero. Pero el plan salió mal.
Se produjo un tiroteo donde murieron los dos más jóvenes del grupo de asaltantes y el dueño de casa. Los familiares de la víctima del robo desmintieron la versión de que Soria habría tenido drogas en su poder y dijeron que los asaltantes sólo fueron hasta su casa para quedarse con la moto que tenía el hombre, que era albañil. Por este triple crimen la Justicia ya ordenó la detención de cuatro personas.
El titular de la fiscalía de Robos y Hurtos Diego López Ávila reconoció que se incrementaron estos delitos. “El modus operandi es muy similar. Son grupos de entre cuatro y seis personas que fingen ser policías, ingresan a los domicilios y se llevan dinero. Sin embargo, los pocos damnificados que hacen las denuncias no pueden identificarlos ni aportan datos. Después, a través de informes reservados o de comentarios de pasillos, nos enteramos que se podrían dedicar a la venta de drogas”, agregó.
Pero este tipo de hechos no sólo se registra en los barrios de la periferia. En España al 800, Esteban Darío Brito Chía perdió la vida hace un mes después de que intentara apoderarse de 300 gramos de flores de marihuana que presuntamente le estaban por vender los hermanos Santiago y Mariano Hayward.
Cuatro: seis secuestros similares en tres años
El secuestro del taxista Franco Lizárraga no fue un hecho aislado. Fue el sexto de estas características que se registró en los últimos tres años. Al menos en cinco de ellos estuvieron involucradas personas que tenían antecedentes por tráfico y comercialización de drogas. Este es el segundo en el que hubo detenciones. El otro es el de Margarita “La Jefa” Toro, en el que esperan ser enjuiciados miembros del clan Acevedo. Pero en el de Lizárraga, ocurrido hace unos días, hay una particularidad: el grupo que lo secuestra estaba integrado por tres policías en actividad y un civil que tiene vínculos con los hombres de la fuerza.
En las últimas horas, al requisar la camioneta que utilizaron el policía federal Gonzalo Gabriel Lagoria (32), el oficial de policía provincial Jonathan Gabriel Díaz (27), el agente Luciano Ramón Campos (25) y el civil Ángel Luis Medina (26) para secuestrar a Lizárraga, surgieron pistas de la actividad que desarrollaba el grupo desarticulado.
Se encontraron varias fotografías de otras personas que podrían ser “transas”; un expediente judicial “trucho”; un paquete con una sustancia blanca que simulaba ser cocaína (podría haber sido utilizada para amenazar a las víctimas con plantarles droga); fajos falsos de billetes de $1.000; una pistola nueve milímetros; dos réplicas de armas de fuego; dos chalecos antibalas; gorras de la Policía Federal; precintos; documentación a nombre de Andrés Fabersani, ex policía que fue condenado por el crimen del ex juez Héctor Agustín Aráoz.
Los celulares incautados serán analizados para determinar otros vínculos de la banda y, como se sospecha por la cantidad de elementos hallados, si cometieron otros hechos similares.
Cinco: la aparición de los sicarios
Víctor Hugo Brito (58) y su hijo Gonzalo (18) sólo eran conocidos por los vecinos de La Cocha. Pero sus nombres tuvieron trascendencia nacional en marzo, luego de haber sido brutalmente asesinados en un crimen con tintes narco. Al mayor lo asesinaron de un disparo en la nuca después de haber sido torturado en su casa del paraje de Domingo Millán. Al más joven, en cambio, lo trasladaron en su vehículo hasta Palo Blanco, donde lo ejecutaron y luego le prendieron fuego al vehículo, con el cuerpo adentro.
Los investigadores llegaron a dos conclusiones: las víctimas se podrían haber quedado con el dinero de una compra importante de droga o podrían haber incursionado en un territorio que no les correspondía. La certeza es que los asesinatos fueron perpetrados por sicarios experimentados.
“Al analizar las pericias nos dimos cuenta que cuidaron hasta el más mínimo detalle. Dejaron bajadas las ventanillas del auto para que las llamas no se sofocaran y consumieran totalmente el vehículo”, especificó una fuente.
Mariano Fernández, que se desempeñaba como fiscal Regional de Concepción el día del hecho, fue categórico a la hora de hablar del caso. “Nos generó una enorme sorpresa porque nunca antes se había producido un doble crimen así en la zona. Sin lugar a dudas la línea narco es la más fuerte en la investigación, pero también hay un importante grado de certeza respecto de que los autores sean de otras provincias”, explicó el ahora jefe de fiscales del Centro Judicial Capital.
Los hermanos Villagra (ver el punto “Tres”) también fueron contratados para ir a matar o morir en un asalto en el que, supuestamente, el botín iba a ser droga o dinero vinculado con ello. ¿Cuánto se paga por matar a un rival? En las calles de los barrios dicen que muy poco. “Hasta por $ 20.000 agarran viaje los ‘cabecitas de fierro’ (jóvenes que están destruidos por el consumo)”, aseguró una fuente policial.
Seis: escenario de cruentas venganzas
Villa 9 de Julio es tierra de guapos, que no usan gomina, pero sí raros peinados nuevos, teñidos de un amarillo ocre o color ceniza. En ese sector de la ciudad, ubicado a menos de 15 minutos de la plaza Independencia, se libra una cruenta batalla entre dos familias. Las reyertas ya llevan tres muertes y una cantidad no precisada de heridos.
Todo comenzó en diciembre, cuando Pedro “Caco” Almirón, acompañado por su primo, un tal “Manzana” Almirón, protagonizaron un tiroteo en el barrio San Roque, donde perdió la vida Gonzalo Figueroa, uno de los miembros del clan que está sospechado de comercializar drogas en el lugar. La venganza no se hizo esperar: dos días después, Miguel “Miguelón” Figueroa se presentó junto con otras dos personas y atacó a tiros a un grupo de jóvenes en Blas Parera al 500. En ese ataque murieron Héctor Gabriel Amaya (33) y a Leonardo Sepúlveda (26), parientes de los acusados del primer hecho.
Los Figueroa, acorralados por la Policía, huyeron a Bolivia, o por lo menos eso dijeron en sus posteos de Facebook. Desde la distancia, seguían ejecutando planes en contra de los Almirón. A uno de ellos, una mujer (dijo ser su prima) le llevó a la comisaría donde estaba alojado hamburguesas caseras para que comiera. El detenido sospechó porque su esposa ya le había proveído de alimentos. La revisó y se dio cuenta que estaban hechas con vidrios molidos. Hubo numerosos atentados contra familiares y hasta un ataque a un abogado que generó alarma en Tribunales.
En marzo, una familiar de los Figueroa concretó una cita amorosa con uno de los Almirón en Blas Parera al 500, el mismo lugar donde se produjo el doble homicidio. La blonda joven se presentó manejando una moto y traía un acompañante que disparó sin piedad contra Ramiro Ledesma (18), que murió después de agonizar varios días. Por el hecho fue detenido y procesado Alexis “El Sucio” Íñigo (25), que habría sido contratado por el clan para perpetrar el asesinato.
El último hecho de esta cruenta historia de venganza se produjo el lunes 14: Marcela Silvana Juárez fue a visitar a su marido “Caco” Almirón al penal de Villa Urquiza. Salió de la cárcel y, en Venezuela al 1.300, fue interceptada por “Miguelón” Figueroa que la hirió de cuatro balazos en las piernas.
