Postura del Poder Ejecutivo: “nunca estuvo en nuestro ánimo correr gente”

La zona este de Tucumán se transformó en el principal campo de batalla de la interna peronista. Allí se vienen librando intensos enfrentamientos políticos e institucionales como consecuencia de la guerra que se desató precozmente entre Osvaldo Jaldo y Juan Manzur por la carrera a 2023. No es casual: son latitudes muy populosas, valiosas desde lo electoral, donde el tranqueño juega de local ya que tiene asentada gran parte de su estructura. Y es precisamente en este sector de la provincia donde cientos de trabajadores comunales denuncian haber sido cesanteados a causa del conflicto partidario. Los dirigentes gremiales acusan persecución política, por responder a dirigentes afines a Jaldo, mientras que el Ministerio del Interior rechazó esa teoría y afirmó que se trata de “un reordenamiento”.

Cientos de manifestantes encolumnados en una facción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) del Este y del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Banda del Río Salí volvieron ayer a las calles. Luego de los incidentes que protagonizaron el martes en las oficinas de Interior en el Predio Ferial, esta vez cortaron el puente Lucas Córdoba. La intención era marchar hasta Casa de Gobierno, pero desistieron tras un diálogo con el Poder Ejecutivo.

Reunión y acta

Los dirigentes y también concejales bandeños Jorge Flores (ATE) y Julio Rocha (SOEM), entre otros, fueron recibidos por los secretarios de Estado Francisco Santos Martínez y José Antonio Teri. Luego de plantear las problemáticas, las autoridades les pidieron elevar el listado de trabajadores de comunas con problemas laborales. “Se deja constancia de que se analizará caso por caso, según las normativas vigentes”, se plasmó en un acta rubricada en común acuerdo. Los gremialistas, a su vez, declararon posteriormente a la prensa que las autoridades asumieron el compromiso de que “nadie se queda sin trabajo”. Sin embargo, eso no está reflejado en el documento firmado ni fue lo que explicó Interior a este diario.

El conflicto se originó porque la semana pasada unos 500 trabajadores comunales adscriptos recibieron telegramas para que se presenten a trabajar en las comunas donde están contratados originalmente. De no hacerlo, serían cesanteados. Pero muchos cargos serían de contención política y los trabajadores no residen en la comuna sino a decenas de kilómetros.

Según fuentes jaldistas, la mayoría de quienes recibieron la intimación son de la zona este y responden a dirigentes peronistas encolumnados detrás de Jaldo. Aseguraron, a su vez, que no son personas que no trabajen, sino que prestan servicios en otras reparticiones públicas. “Caprichosamente salta esto ahora. Le están queriendo desarmar la estructura a Jaldo”, opinó un referente consultado.

Caso por caso

La versión que expresó a LA GACETA el ministro del Interior, Miguel Acevedo, difiere de la del jaldismo. Aseguró que no hay una persecución política, sino que se trata de un reordenamiento para reforzar a las comunas debido a la pandemia, ya que hay empleados con problemas de salud o dispensados por tener factores de riesgo. “Ante esta situación y para no nombrar gente nueva se resolvió cortar todas las adscripciones y que trabajaran en las comunas donde están designados. Ahí comienza a surgir que hay personas designadas a más de 70 kilómetros”, expresó el ministro. A su vez, afirmó que los telegramas (no supo precisar una cifra) se enviaron a toda la provincia, no solo a trabajadores de la zona este.

Acevedo dijo que se analizará caso por caso y que, si se constata que hay personal nombrado que no presta servicio en otras dependencias, no tiene legajo o no figura en las planillas, se le dará de baja. “Vamos a analizar y veremos cómo seguimos. Nunca estuvo en nuestros ánimos correr gente, sino que vayan a trabajar donde corresponde; se puede dar una baja, no es que sea premeditada ni dirigida”, recalcó.

El ministro afirmó que es posible que haya demasiadas adscripciones. “Amerita que hagamos un reordenamiento”, dijo. A su vez, reconoció que no se venían haciendo controles periódicamente al respecto y que es necesario ordenar la base de datos, también para conocer en profundidad con qué personal calificado cuentan, por ejemplo. “La pandemia puso en evidencia algunas falencias y las tratamos de corregir”, expresó. Estimó que son cerca de 5.000 los trabajadores contratados en las comunas.

Otras fuentes consultadas por este diario afirmaron que en las 93 comunas hay alrededor de 7.000 los contratados con los que se brinda contención política a quienes colaboraron con la campaña. Afirmaron que esta modalidad surgió durante la gestión de José Alperovich y sostuvieron que no es algo nuevo que se nombre a personas que residen fuera de las comunas. Indicaron a su vez que dichos contratos durán seis meses: del 2 de enero al 30 de junio, y del 1 de julio al 31 de diciembre. Sostuvieron que los salarios de estos trabajadores rondan los $45.000.