No alcanza solo con la buena fe

El Gobierno sigue comprando tiempo. Esta vez con el Club de París en un pago parcial de una deuda que debía saldarse en estos días ante el riesgo del retorno del fantasma de default. No hay peor palabra que esa en tiempos electorales. El mensaje que ayer transmitió el ministro de Economía, Martín Guzmán, al anunciar el desembolso los U$S 430 millones implica un alivio financiero para la Argentina de casi U$S 2.000 millones hasta el 31 de marzo del año que viene, cuando el país ya haya votado y la Casa Rosada tenga el resultado de un plebiscito de gestión y el esquema de cómo afrontará la segunda mitad del mandato del presidente Alberto Fernández.

El modo electoral también se incorpora al lenguaje técnico del titular del Palacio de Hacienda. Si bien ayer reconoció que la reestructuración más permanente con el Club de París quedará postergada hasta 2022, Guzmán agregó que la Argentina continuará haciendo esfuerzos para llegar a un entendimiento con el FMI que permita refinanciar el stock de deuda de U$S 45.000 millones que el gobierno de Juntos por el Cambio tomó entre 2018 y 2019, que no fueron utilizados en modo alguno para aumentar la capacidad productiva de la economía. Una clara muestra de que campaña seguirá dándose entre los dos núcleos duros de la política (el albertismo y el macrismo), pero cada tanto dará señales hacia los sectores más moderados de la sociedad, con este anuncio de pago parcial al Club de París. Pero no todo lo que brilla es oro. Pese al intento de no radicalizar más la política (algo que la propia Cristina Fernández de Kirchner pregona en años electorales), los anuncios de las restricciones del 50% de las exportaciones de carne despertaron a un vasto sector de la sociedad que convergerá en una protesta prevista para el 9 de julio. Otra fecha patria con ciudadanos en la calle protestando en medio de una pandemia de la Covid-19. Esto alimenta la propuesta que la semana pasada le hiciera el gobernador Juan Manzur a los hombres del presidente, durante su incursión por Buenos Aires: garantizarle a Alberto Fernández un día en paz, encabezando los actos por los 205 años de la Declaración de la Independencia. Eso dependerá del cuadro epidemiológico. Si se concreta, no habrá una agenda cargada: el saludo en la Casa Histórica y, si se terminan las obras, la remodelación de la plaza Independencia.

Manzur regresó la semana pasada con algunos anticipos de lo que fueron los anuncios de hoy en Economía. El alivio financiero permitirá, por caso, redistribuir fondos para que las provincias encaren obras públicas en cada jurisdicción. El tucumano señala que está garantizado el financiamiento con una partida de más de $ 30.000 millones hasta el final de su mandato. Hay algunas partidas con imputación presupuestaria a abril y a mayo pasado, pero el ritmo de los trabajos dependerá de la política. Manzur reniega de su propia burocracia en tiempos que necesita marcar goles (mostrar hechos) y que las intenciones no queden sólo en el discurso. Los proyectos tendrán que estar listos hasta fines de este mes. Su calendario de inauguraciones arrancará en julio, cuando el presidente de la Nación diga, en su mensaje del 9 de julio (presencial o virtual) que esa obra pública dinamizará el mercado laboral y el consumo.

Del discurso presidencial, hay otro término que Alberto Fernández quiere erradicar por completo, al menos hasta fines de este año: ajuste. Sus charlas con otros jefes de Estado ha servido para pedir más tiempo de negociación, sin que esto estuviera atado a un arreglo con el FMI. En el mercado ayer se preguntaban cómo se iba a instrumentar el pago a cuenta a Club de París, porque aún no se sabe cuánto le costará al país la extensión del plazo por los compromisos no cubiertos, tomando como referencia los intereses que se cobrarán por los U$S 2.000 millones de obligaciones extendidas. Lo que hizo Guzmán es ratificar la voluntad de pago que tiene la Argentina, para no caer en default, pero los acreedores siguen dudando acerca de la capacidad de pago que tiene la Argentina para hacer frente hoy, mañana o pasado los compromisos asumidos con anterioridad. En consecuencia, el anuncio de ayer no es más que un pago de buena fe, pero esa buena fe no alcanza para convencer a los inversores de que la Argentina tendrá una política económica que proyecte, de una vez por todas, cómo hará este Gobierno (y los próximos) para alimentar la capacidad de pago.

Durante el primer semestre, el Banco Central pudo adquirir un saldo neto de divisas superior a los U$S 4.000 millones, debido a los elevados precios de las commodities. Sin embargo, la soja no puede ser el principal sustento de una política económica. Se requieren otros esfuerzos de austeridad por parte de la política, algo que no se observará al menos durante este año electoral.

El Gobierno tendrá mañana su segundo test económico-financiero: Morgan Stanley Capital Internacional (MSCI) dirá si la Argentina sigue en la categoría de mercados emergentes o si bajan al índice de mercados de frontera. La decisión no es sencilla. Si el país desciende es probable que, en el corto plazo, lleguen más capitales especulativos. Pero ese proceso implicará más volatilidad y el riesgo permanente de caer en otra crisis más profunda por falta de inversiones.