Hace algunos días, LA GACETA reflejó el anuncio que hizo el titular de la Dirección Provincial de Vialidad sobre los trabajos que se planea realizar en el Camino del Perú para mejorar (en parte) las pésimas condiciones en las que hoy circulan miles de vehículos. Las notas que dieron cuenta de este tema se ubicaron entre las más leídas en nuestra plataforma digital y en nuestras redes sociales. Esta vía es fundamental para la comunicación en el sector noroeste del Gran San Miguel de Tucumán, ya que vincula la capital con Yerba Buena, Villa Carmela y Tafí Viejo.
Durante una entrevista televisiva realizada en LG Play y luego profundizada por las ediciones digital e impresa de LA GACETA, Ricardo Abad, a cargo de la DPV, admitió el calamitoso estado en el que se encuentra la ruta provincial 315, también denominada Camino del Perú. Reconoció que “está colapsada” y que no da abasto para contener el intenso tráfico que la recorre todos los días. Además, admitió que hay un proyecto para convertirla en una avenida con dos carriles para cada mano, pero aclaró que se necesita un presupuesto millonario que hoy no está al alcance de la institución que dirige. Lo estimó en aproximadamente $ 2.000 millones.
“El estado actual es producto de la cantidad de agua, por eso se requiere una obra hidráulica”, argumentó Abad. Agregó que trabajarán con la Municipalidad de Yerba Buena para mejorar el tramo que va desde Cebil Redondo a San José. Tienen previsto ampliar unos metros la calzada para darles espacio a las motos y a las bicicletas (que hoy circulan entre los autos, las camionetas, los camiones y los colectivos). Además, se mejorarán los desagües para evitar que el agua destruya el pavimento.
Son de destacar, por cierto, los arreglos que se están haciendo en el Viejo Camino del Perú, que conecta San José con el barrio Congreso y con Lomas de Tafí. Más allá del tránsito intenso, el gran problema del Camino del Perú parece ser el hecho de que sobre su calzada confluyen distintas jurisdicciones e instituciones. La ruta 315 separa la capital de Yerba Buena y, al mismo tiempo, comunica estas dos ciudades con Tafí Viejo. Miles de vecinos de estos municipios la recorren a diario. Pero al ser una ruta provincial depende de la DPV. Es decir, es de todos, pero no es nadie.
Esto mismo se produce en otros lugares del Gran San Miguel de Tucumán que, a su vez, fueron escenario de tragedias. Analicemos dos de ellos. Por un lado, el Acceso Norte, donde a principios de marzo fue asesinado un enfermero durante un intento de asalto. Este hecho reflejó la situación de abandono que presentaba la zona: falta de iluminación, baches, pavimento deteriorado y pastizales en las banquinas caracterizan esta “zona de costura entre municipios” (como las define uno de los intendentes del Gran San Miguel). En el Acceso confluyen Las Talitas, Tafí Viejo, la capital y Vialidad Nacional, que posee jurisdicción sobre la ruta 9.
El otro sector es la autopista de Circunvalación. Hace apenas unos días, un matrimonio perdió la vida en ese lugar. Tal como ocurrió en el Acceso Norte, el hecho visibilizó los problemas que presenta una zona donde se superponen jurisdicciones y responsabilidades.
En todos estos casos, nunca termina de quedar claro quién se encarga de la iluminación, del desmalezamiento, de la limpieza y hasta dónde llegan las obligaciones de cada entidad. En el medio quedan los ciudadanos que no tienen más opción que circular por estos caminos y exponerse a muchos peligros.
