Proyectos de cárceles que no se cumplieron en cinco años - LA GACETA Tucumán

Proyectos de cárceles que no se cumplieron en cinco años

Siguen buscando financiamiento para construir el penal de Benjamín Paz. Varias propuestas para edificar alcaldías. Sólo un paliativo.

19 Jun 2021 Por Gustavo Rodríguez
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EL ÚLTIMO INGRESO. Al menos nueve detenidos en comisarías fueron trasladados el jueves a Villa Urquiza y otros seis al penal de Concepción. LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO

Una ley de emergencia, en principio, es una herramienta que se le da a un Poder Ejecutivo para que pueda tomar decisiones con el único fin de solucionar un problema que afecta a toda la sociedad. Entre otros, se pueden realizar obras a través de contrataciones directas sin pasar por los procesos licitatorios; llevar adelante compras sin ningún tipo de autorización; apropiarse de tierras sin la necesidad de contar con una autorización y destinar fondos que estaban previstos para otros fines, por sólo mencionar algunas. En ese marco, con una norma para luchar contra la inseguridad y solucionar el drama de la crisis carcelaria, la Provincia realizó una millonaria inversión de más de U$S 8 millones en la compra de armas, y se analizaron al menos seis proyectos para paliar el problema de hacinamiento de detenidos, pero en casi seis años, ninguno de ellos prosperó.

La situación carcelaria en la provincia es crítica. Tiene capacidad para albergar a 1.400 detenidos, pero actualmente hay más de 2.600 personas privadas de su libertad. Hay 1.300 en comisarías, que pueden albergar a 450 y, en las tres cárceles (Villa Urquiza, Concepción y el de Mujeres) alojan a más de 1.300, un 30% más que su capacidad. Hasta fin de año, con el nuevo código procesal penal y con el avance del régimen conclusional, se estima que al sistema se incorporarán al menos 1.300 reos más.

En 2018, cuando llevaba meses en el cargo, el ministro Claudio Maley presentaba ante los integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia el proyecto de construcción del penal de Benjamín Paz. “Nuestro plan consiste en instalar esa cárcel, con capacidad para 3.000 hombres y 550 mujeres, que no sólo servirá de alojamiento para los reos, sino también para el funcionamiento de talleres de trabajo que permitan el autofinanciamiento de parte de las obras”, declaró en una entrevista publicada por LA GACETA. “Creemos que será una unidad de fácil acceso por la ruta nacional 9 y que puede llegar a triplicar la capacidad de alojamiento que actualmente tienen las unidades de Villa Urquiza, Banda del Río Salí y Concepción”, puntualizó el funcionario en esos días.

En la copia del informe que presentaba para los miembros del cuerpo, sobre el proyecto se podía leer: “La idea es implementar una arquitectura penitenciaria de nueva generación que impacte sobre la resocialización del detenido y que esté orientada por el trabajo y la educación. Se utilizará un modelo tipo ‘campus’ que permitirá superar los problemas tradicionales de los actuales edificios carcelarios, con formatos más humanos, con una arquitectura menos intimidante, sin rejas ni murallas”.

Una y otra vez se mostraron los planos sobre esa obra. Y en agosto pasado, desde Buenos Aires, el gobernador, Juan Manzur, después de haberse reunido con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, anunciaba el avance de las negociaciones para que el Estado nacional gestionara los U$S 200 millones para que se iniciara la construcción de ese penal. Pero por la crisis social y económica del país, el proyecto volvió a frenarse.

“Para realizar una obra así se necesita muchísimo dinero porque se deben cumplir con todas las normas que establecen los nuevos estándares internacionales para un complejo penitenciario. El gobernador recibió el visto bueno para que se empiece a trabajar en esto y también en la alcaldía de forma paralela. Este es uno de los proyectos que esperamos concretar”, explicó la secretaria de Derechos Humanos, Érica Brunotto.

Intentos fallidos

Desde 2017 hasta la fecha hubo otros intentos para lograr descomprimir la situación. Se realizaron modificaciones en el penal de Villa Urquiza. En abril de 2017 se inauguró la unidad 10, con capacidad para 400 internos más. Al año siguiente comenzaron las obras de ampliaciones de otros pabellones que sirvieron para albergar idéntica cantidad de reclusos, trabajos que finalizaron el año pasado en medio de la pandemia. “Era tan urgente la necesidad de alojar detenidos allí que ni siquiera se hizo una inauguración. No había tiempo para organizar un acto”, explicó una magistrada.

Hubo tres proyectos de construcción de alcaldías para descomprimir la situación de las comisarías hasta tanto se construya el penal de Benjamín Paz. Las iniciativas eran prácticamente las mismas: buscar edificios abandonados para remodelarlos y habitarlos lo más rápido posible. En todas las propuestas se hablaba de la posibilidad de albergar entre 450 y 500 personas, lo que es un paliativo, no una solución definitiva. El primero fue el ideado por la ex legisladora Stella Maris Córdoba que, como representante del oficialismo en la Comisión de Seguimiento de la ley de Emergencia, comenzó a realizar gestiones ante la Nación para crear un centro de detención en el ex Hospital Militar aprovechando los enormes pabellones. Sin embargo, le ganó de mano el intendente Germán Alfaro que se quedó con ese espacio.

Los referentes del macrismo tucumano como el legislador José María Canelada, el diputado José Cano y la senadora Silvia Elías de Pérez propusieron montar una alcaldía en los predios de los ex Arsenales. La idea se frustró cuando la Justicia Federal informó que el lugar elegido no se podía utilizar porque estaba preservado por posibles juicios de delitos de lesa humanidad.

Cambio de planes

Antes de que pusiera en vigencia el nuevo código, los responsables del área de Seguridad comenzaron a buscar otras alternativas para la construcción de una alcaldía. El intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros, ofreció un predio que está ubicado sobre la ruta 9 y cercano al futuro Centro Judicial del Este. En octubre pasado la Legislatura aprobó por ley la apropiación del terreno y a los 10 días el gobernador Manzur la promulgó.

El PE provincial se encargaría de aportar y transferir los fondos para que el ejecutivo municipal, a través de una simple ordenanza, se hiciera cargo de la construcción de la alcaldía. Se produjo la ruptura del oficialismo y todo quedó en la nada.

“Aquí no hay ninguna interna. Seguimos esperando que el gobernador avance con este trámite. Los tucumanos necesitan esta obra y nosotros tenemos todo listo para realizarla cuando se cumpla con ese pacto. Ayer (por el jueves) me reuní con el gobernador y le comenté que seguíamos esperando su decisión”, indicó el intendente bandeño.

Pero más allá de las expresiones de deseo y las aclaraciones de Monteros, en el área de Seguridad estarían manejando otras alternativas. El secretario Luis Ibáñez le adelantó a LA GACETA que tienen pensado avanzar con las construcciones de una alcaldía en Río Seco y otra en Delfín Gallo. Más allá de las intenciones, lo único concreto es que el paliativo de la crisis carcelaria llegará en meses.

Que salga pronto: “Presentamos proyectos para generar más estructuras”, anunció Manzur

“Tenemos que ver que se generen la infraestructura suficiente para afrontar esta situación”, señaló el gobernador, Juan Manzur, en una entrevista que se emitió ayer al mediodía en “LA GACETA Central”. El titular del PE explicó que se han presentado diferentes proyectos ante la Nación para que sean analizados con el fin de que se construyan centros de detención. “Ojalá que esto salga pronto y así podamos suplir una necesidad. Tenemos que redoblar los esfuerzos para que este se concrete”, señaló Manzur después de haber participado de un acto donde se entregaron computadoras.
Mientras el mandatario realizaba estas declaraciones, los funcionarios del ministerio de Seguridad seguían analizando alternativas para tratar de solucionar el problema. Se especula que en los próximos días podría haber anuncios sobre el tema. En tanto, en el Poder Judicial se debatió el tema y, pese a que no hubo ninguna posición oficial, fuentes señalaron que no modificarán las políticas que vienen implementando desde que se puso en vigencia el nuevo código procesal penal.

Cifras preocupantes

- 1.450 es la capacidad carcelaria de la provincia para albergar detenidos.

- 2.650 personas detenidas hay en la provincia.

- 1.300 reos se sumarían hasta fin de año.

- 500 arrestados sería la capacidad de la alcaldía que se construiría.

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